Este jueves, una delegación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay concurrió a la Comisión de Hacienda para aportar su visión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos, cuyo tratamiento y votación el oficialismo intentó acelerar esta semana tras el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
Luego del hecho, ocurrido el domingo en el domicilio de la fiscal, el presidente Yamandú Orsi exhortó a los partidos políticos a acelerar el tratamiento del proyecto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo a principios de junio. El martes, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) informó que presentaría en el plenario una moción para tratar y votar en carácter de grave y urgente la iniciativa. Finalmente, a pedido del Partido Colorado, el oficialismo aceptó aplazar la votación y retomar el curso del proyecto en la Comisión de Hacienda, “con el compromiso de que se va a tratar rápidamente y que vamos a tener ley antes de fin de año”, dijo el senador del FA Eduardo Brenta.
“La ley se ha tratado con continuidad, celeridad y seriedad, no ha habido, en ese sentido, ni una semana de abandono del tratamiento del tema, pero vamos a acelerarlo porque es la voluntad de todos que este proyecto de ley no sea tratado el año que viene, queremos que sea tratado ahora”, sostuvo en una rueda de prensa este miércoles el senador nacionalista Sergio Botana.
No obstante, el legislador reconoció “las diferencias de enfoque” en torno a la iniciativa, por ejemplo, relacionadas con la reducción del tope para pagos en efectivo. Mencionó que el Colegio de Contadores presentó una propuesta vinculada al tema de las permutas en el proyecto, dado que apunta a los intercambios con criptomonedas, pero no lo aclara ni especifica los montos. La Dirección General Impositiva entiende como permuta el pago con criptoactivos. Botana señaló que se busca darle un “tratamiento específico” a las criptomonedas, para “no entrar en la generalidad de la permuta como materia de persecución, porque eso nos llevaría a otros campos de indefinición”.
El senador señaló que otro de los aspectos a evaluar son las exigencias respecto de la responsabilidad de los profesionales, que “pueden ser excesivas e implican, además, para los no profesionales, para las empresas, para la gente, trabas, demoras, sobrecostos”.
“Vamos a ir planteando modificaciones a las modificaciones”, sostuvo Botana. Acotó que es “con la idea de tener un buen control, que sea efectivo” y “no implique costos que tranquen el país”, y que, a su vez, no generen “andar permanentemente persiguiendo y controlando a los buenos y no teniendo con qué perseguir a los malos”.
Botana confirmó que está previsto que la fiscal Ferrero comparezca ante la comisión para expedirse sobre la eliminación de las fiscalías antilavado, al igual que el Instituto de Derecho Penal. Con respecto al posicionamiento sobre esa modificación, el senador apuntó a que el proyecto sea tratado “como un todo” y que se llegue a “posiciones de equilibrio”.