Este jueves en el anexo de la Torre Ejecutiva se realizó la primera parte del seminario “Evidencia para repensar el régimen de jubilaciones y pensiones”, la cuarta instancia de este tipo enmarcada en el Diálogo Social que el gobierno lanzó a mediados de julio. El encuentro constó de cinco paneles, centrados en diagnósticos “vinculados a la sostenibilidad económica financiera del régimen general del BPS [Banco de Previsión Social]”, según señaló el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, durante la introducción.
Concretamente, los aportes refirieron, en primer lugar, al pilar cero del sistema previsional común –que fue creado por la reforma jubilatoria aprobada en el período pasado–, al pilar no contributivo o “piso de bienestar” y, en torno a él, a “la preocupación de cómo garantizar cobertura y protección para aquellos sectores de la sociedad que no van a lograr cumplir con los requisitos para acceder a una jubilación contributiva ni siquiera a los 70 años de edad”; en segundo lugar, al pilar uno de reparto intergeneracional a cargo del BPS; y en tercer lugar, al financiamiento del régimen jubilatorio y “por dónde podrían pasar algunos cambios” en ese esquema.
El Diálogo Social aún está en la “etapa de recopilación de insumos”, que se extenderá aproximadamente hasta la segunda quincena de noviembre. A partir de entonces comenzará el trabajo de la Comisión Ejecutiva para “alcanzar esos acuerdos que pretendemos lograr en cambios sobre la materia de protección social”, señaló Bai a la diaria. La Comisión Ejecutiva tiene como fecha límite el 30 de abril de 2026 para presentar al Poder Ejecutivo el documento que dará cuenta de los resultados y propuestas que surjan del diálogo.
El último panel estuvo integrado por Rodolfo Saldain, quien durante la anterior administración fue el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que precedió a la reforma jubilatoria; la actual presidenta del BPS, Jimena Pardo, y el jefe de la oficina en Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fernando Filgueira.
A su turno, Pardo abordó los desafíos del sistema “que sería interesante mirar a lo largo del proceso de diálogo”, entre ellos, los requisitos de acceso a los sistemas solidarios. Indicó que en Uruguay la mitad de la gente llega a la edad mínima con los años para jubilarse y la otra mitad no: “Eso es regresivo porque las personas de menores ingresos no juntan los años de trabajo a la edad mínima”, señaló.
En ese sentido, apuntó que es interesante “algún rediseño que tenga que ver con entender la diversidad de la sociedad actual en la que vivimos, que las personas llegan al sistema de retiro con distintas situaciones de vida y que eso se refleja en las condiciones de acceso”. Además, señaló que es necesario analizarlo desde una perspectiva de género, dado que “las mujeres aportan menos a la seguridad social”.
Por otro lado, la presidenta del BPS se refirió al desafío sobre la cantidad de personas cubiertas. “Hoy nosotros tenemos en Uruguay una cobertura muy importante de la seguridad social en la vejez”, algo que “no es producto de que todo el mundo contribuya”, sino “de un sistema que no tenía historia laboral hasta el año 1996” y sobre el que se buscó “atenuar los efectos de una exigencia muy alta de años de trabajo a edades no necesariamente muy altas”, señaló. Así, en 2008 se bajó de 35 a 30 la cantidad de años de trabajo a la mínima edad, y en 2013 se creó la causal flexibilizada por edad avanzada.
“Hoy tenemos personas que están accediendo, por lo menos, con 70 años y 15 años de servicios como mínimo; tenemos personas que acceden a una pensión a la vejez porque tienen ciertas condiciones de vida, de vulnerabilidad, y tenemos personas en el medio que no van a acceder a ninguna de las dos cosas”, sostuvo Pardo sobre “el dilema” que, a su entender, debe ser conversado “como se debe”.
Por su parte, Saldain se refirió a la jubilación por incapacidad física, entre otros aspectos a abordar a futuro. Explicó que el sistema “es dicotómico: se está incapacitado o no se está incapacitado”. No obstante, hay personas que están jubiladas por incapacidad física total, “pero que igual quieren hacer algo laboralmente: eso no se puede, está vedado”. En ese sentido, Saldain consideró que “vale la pena explorar qué pasa en el mundo con la jubilación por incapacidad física y con situaciones de diversas características”. En el ámbito nacional se tiene la experiencia de las rentas por accidentes de trabajo, que compensan “la pérdida de capacidad de una determinada manera que será o no satisfactoria”.
“El sistema de aportes patronales está roto”
El contador Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), participó en el panel sobre el financiamiento del sistema previsional y ofreció una mirada desde la óptica de los ingresos y las exoneraciones impositivas. “Deberíamos entender que el sistema de aportes patronales está roto, está agotado; no hay posibilidad política de ningún gobierno, ni de este ni del anterior, de dar batalla contra 20 regímenes excepcionales”, afirmó.
Bai coincidió en que “los regímenes excepcionales suponen perforaciones que, en cierta forma, generan algún tipo de inequidad”. En algunos casos, acotó, “puede estar justificado, pero probablemente en otros se arrastran regímenes especiales por motivos que hoy, quizás, ya no se justifiquen”. Señaló que algunas exoneraciones suponen una renuncia fiscal que “nos limita desde el punto de vista de un conjunto de derechos que queremos expandir”, por ejemplo, sobre la posible expansión del pilar cero.
Viñales indicó que en los últimos diez años el porcentaje de aportes de Rentas Generales junto con los impuestos afectados representa alrededor del 45% del total de los ingresos del sistema. En sentido inverso, “los ingresos genuinos del sistema por concepto de contribuciones especiales de seguridad social representan apenas un 55% del total”. “Fácilmente podemos decir que el 50% de los ingresos de la seguridad social no proviene de ingresos genuinos, de contribuciones especiales de seguridad social, sino que proviene de ingresos de los impuestos”, afirmó.
El contador mencionó dos regímenes de aportes patronales que están incrementados: la administración central –que incluye la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República– y los gobiernos departamentales. Mientras que el régimen general de aportes patronales tiene una tasa del 7,5%, la administración central aporta 19,5% y los gobiernos departamentales 16,5%, señaló.
Por lo tanto, “estamos subsidiando a la seguridad social con fondos de la educación y con fondos de los gobiernos departamentales”. “La tendencia estructural de financiamiento con ingresos de la seguridad social está cada vez más debilitada, porque cada vez tiene más perforaciones y más excepciones”, afirmó.
Por su parte, Filgueira manifestó preocupación porque “seguimos pensando partiendo de lo contributivo”, para luego ver “cómo el pilar cero se ajusta”. “Yo partiría del nivel no contributivo. Es decir, la forma de pensar es: ‘Yo tengo un 50% de rentas generales que financian el sistema de IVS [invalidez, vejez y sobrevivencia], ¿cómo distribuyo ese 50% de tal forma de crear un pilar cero potente?’. Esa es la forma más simple de pensarlo. Después la economía política no lo va a permitir, por supuesto”.
En tanto, Bai señaló: “Es importante, al momento de dar una discusión sobre el financiamiento, tener en cuenta la cantidad de regímenes excepcionales que hay, donde aportan cero o aportan muy poco e incluso, como se planteó, los sectores de actividad, en particular dentro del sector público, que aportan tasas bastante por encima del 7,5% patronal”.
Para Filgueira, lo que arroja la evidencia es que “el modelo debería ser un modelo de alta cobertura, con niveles de suficiencias razonables, para evitar la pobreza y el malestar al nivel más universal posible, y luego, bastante cuidado en los niveles de subsidios que ponemos arriba de eso para sostener tasas de reemplazo homogéneas en la longevidad”.
Viñales presentó este jueves una propuesta de creación de un aporte patronal mínimo para financiar el sistema de seguridad social, “cuya base imponible estaría determinada por los ingresos brutos por ventas de las empresas empleadoras”. Los representantes del PIT-CNT en el Diálogo Social ya han adelantado que propondrán una sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta.
Viñales señaló que este aporte estaría calculado a partir de una alícuota, “por ejemplo, 0,5% (cinco por mil), a calibrar con datos reales, aplicable sobre la totalidad de los ingresos por las ventas devengadas en el período de referencia”. Este diseño, indicó, “no pretende aumentar la contribución especial de seguridad social de las áreas de actividad que, efectivamente, ocupan mano de obra, porque sería un mínimo que no estaría por encima de los aportes patronales en el sistema tradicional”.