Este lunes por la mañana, con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, el Directorio del Partido Nacional sesionó de forma extraordinaria para tratar la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas. El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, confirmó que —al margen del “respaldo a la gestión al frente de la cartera” de los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaigndebat— su partido procederá a solicitar “explicaciones al gobierno por esta decisión incomprensible e irresponsable”, por lo que resolvieron “pedirle a la bancada parlamentaria del PN iniciar los contactos con el resto de los partidos de la oposición para interpelar a la brevedad a Sandra Lazo por una situación realmente grave e irresponsable”.

“La responsabilidad ante el parlamento es de la ministra de Defensa. Le vamos a pedir explicaciones y ahí seguramente, si es honesta consigo misma, va a ser incompatible la continuidad”, adelantó Delgado, pero sin detalles sobre la Cámara en la que se realizará la interpelación.

“Hay un objetivo: dejar al país sin estas patrulleras oceánicas necesarias y reclamadas. El Uruguay queda indefenso en su mar territorial para el control del narcotráfico y la pesca ilegal”, afirmó Delgado, y agregó que la medida “expone al país” a “perder la seguridad jurídica que tenemos y por la que nos respetan en el mundo” y a “demandas internacionales realmente millonarias por un capricho irracional y seguramente ideológico y político”.

Para Delgado, las decisiones que tomó el gobierno reflejan “un patrón” y un “interés político” que busca “desmontar una serie de iniciativas que se aprobaron en el gobierno anterior y que son absolutamente necesarias”, situación que “empezó con Arazatí, sigue con las patrullas oceánicas y están reviendo el proyecto anunciado, adjudicado y financiado para el saneamiento de 61 localidades del interior del país”.

En el mismo sentido, el exministro de Defensa y hoy senador blanco, Javier García, opinó que “el gobierno del Frente Amplio se ha transformado en una empresa de demoliciones de los logros y los derechos conquistados por el gobierno de la Coalición Republicana”.

Sobre los cuestionamientos a la elección del astillero, García dijo que “la Armada Nacional fue quien recomendó al MDN” elegirlo, y que el exjefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, Gustavo Musso, quien elaboró el informe que ubicó a la empresa española en último lugar, es sólo “uno de los seis que integran la Junta de Almirantes”. Agregó que “el embajador español en Uruguay comunicó vía carta que era un astillero confiable, seguro y que había trabajado con el gobierno español”. El directorio compartió la misiva en cuestión, en la que el diplomático español Santiago Jiménez Martín consignó que su gobierno se comprometía a “hacer un seguimiento de esta operación y presentar su apoyo”.

A su vez, dijo que la acción representa “regalar nuestro mar al crimen organizado y amputarnos la posibilidad de custodiarlo”. “El Frente Amplio acaba de decidir no tener patrulleros en el mar, regalárselo al crimen, regalárselo a quienes van a robar nuestra riqueza, nuestro trabajo y nuestra pesca”, aseveró. En su visión, “poner de excusa un tema administrativo para echar por tierra (el contrato) y hacerle pagar a los uruguayos una millonada cuando estamos al borde, a pocos meses de tener patrullado nuestro mar, es una responsabilidad enorme y realmente vergonzante”, finalizó.

El exministro Castaindgebat, por su parte, cuestionó que la discusión se centre en el proceso de elección de la garantía y dijo que, mientras “hay gente que está tratando de hacerle ver a doña María que se está discutiendo una garantía”, se está “tratando de dañar la honorabilidad, cristalinidad y lo que fue el gobierno anterior”.

Además, evaluó que la discusión y los dichos por la calidad de las obras “es una verdad a medias”, ya que “quien tiene que cuestionarlo es una consultora con más de 100 años de historia (que) no solo no la ha cuestionado, sino que la aprobó y certificó”, lo cual permitió “proceder a la liberación de los pagos”.

Al mismo tiempo, dijo que los oficiales de la Armada apostados en Vigo “no fueron a controlar el aspecto técnico”, sino que “eso se definió en un informe muy amplio que le dimos a la ministra Lazo y a la Comisión de Defensa para que tuvieran varios meses antes de asumir y reclamaran si no estaban de acuerdo con algo del aspecto técnico o con algo del aspecto contractual”, consignó.

“Ojo cuando se dice que hay defectos de construcción. Quien tiene que certificar hasta ahora no ha hecho ningún informe”, aseguró.