La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley Integral contra el Lavado de Activos; la iniciativa será tratada este miércoles en el plenario de la cámara alta. Según supo la diaria, el Frente Amplio (FA) presentó modificaciones al articulado esta mañana, por lo que la oposición solicitó tiempo para analizar el proyecto hasta este miércoles, con la intención de acompañar la votación en el Senado.

El proyecto se votó artículo por artículo, con los votos del oficialismo. El senador colorado Robert Silva, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló a la diaria que desde la oposición estuvieron de acuerdo con “avanzar”, sin perjuicio de que este miércoles, en el plenario, plantearán sus posturas sobre algunos artículos en particular. “Estamos de acuerdo y votamos afirmativamente por las modificaciones en general; después vamos a avanzar en particular a ver qué sí y qué no”, sostuvo, y afirmó: “Los tres partidos políticos estamos de acuerdo en votar en general el proyecto”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani declaró en rueda de prensa que la aprobación de la iniciativa, sin dudas, sería “un avance muy importante que ataca sobre todo el corazón del negocio del narcotráfico”. Sobre las modificaciones que propone el proyecto a la ley sobre lavado, el senador destacó la reducción del tope para las transacciones en efectivo a alrededor de 40.000 dólares, el fortalecimiento de los organismos de contralor, así como otros aspectos que hacen a la mejora de los instrumentos para, “además de tener investigaciones entre diferentes países, que existan mecanismos también de extradición sobre estos delitos”.

Silva explicó que los cambios presentados hoy por el FA refieren a algunas cuestiones técnicas que se hicieron evidentes durante el tratamiento “y que fueron tomadas”. Una de ellas, referida a la extradición, “tenía un error importante; la habilitaba incluso con penas menores de dos años y esas cosas se cambiaron porque era un error que advertimos”, señaló. Además, se propuso sacar los artículos vinculados al Banco Central “porque entraban en confrontación con lo que proponen en el presupuesto”, indicó.

Para tratar el contenido del proyecto, la Comisión de Hacienda recibió este martes a la escribana Claudia Olano y al director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, quienes brindaron su opinión sobre la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo a principios de junio.

Asimismo, en la sesión anterior, según consta en la versión taquigráfica, los integrantes de la comisión acordaron enviar una nota formal a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, para consultarle específicamente sobre la eliminación de la fiscalía especializada, uno de los cambios que incluye el proyecto. También se acordó solicitar la opinión por escrito de la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo y la Universidad Claeh; estos documentos todavía no llegaron.

La semana pasada, tras el atentado contra Ferrero en su domicilio, a instancias del presidente Yamandú Orsi –que solicitó un rápido tratamiento del proyecto–, el FA intentó acelerar la votación; de hecho, el coordinador de la bancada de senadores, Daniel Caggiani, anunció que se aprobaría en la sesión del pasado miércoles. Sin embargo, la oposición rechazó adelantar la votación y, finalmente, el FA aceptó la postergación.

“El mayor problema que tenemos no es normativo, ni esta disposición u otra va a cambiar eso”, afirmó Aller

En diálogo con la diaria, Aller dijo que las fallas en el abordaje del lavado de activos están más vinculadas a problemas operativos –como la falta de recursos humanos y la insuficiencia de recursos económicos– que a deficiencias del marco legislativo. En ese sentido, cuestionó el supuesto de que “el lavado de dinero va a disminuir o va a ser mejor abordado” a partir de modificaciones a la normativa vigente. “El mayor problema que tenemos no es normativo, ni esta disposición u otra va a cambiar eso. El mayor problema que tenemos va por otro camino”, afirmó.

Recordó que el Instituto de Derecho Penal ha hecho cuestionamientos al tratamiento del lavado de dinero desde 1998, cuando se creó la primera figura legal que refería al lavado. Señaló que desde el instituto no concuerdan “con el tenor del proyecto” del actual gobierno por los mismos aspectos que ya habían objetado a la ley vigente, aprobada en 2017.

Entre esos aspectos, Aller mencionó el espíritu de “seguir por la vía de una mayor concentración” de las responsabilidades de abogados, escribanos y contadores desde el punto de vista de la investigación. “No concuerdo un ápice con la idea de trasladar una actividad de corte cuasi policial a los profesionales de otras áreas, no sólo contadores, abogados y escribanos, sino incluyendo cualquier tipo de actividad de administración, actividades bancarias, inclusive las propias inmobiliarias”, sostuvo el doctor en Derecho, y acotó: “No se le puede pedir al ciudadano que sea el investigador”.

Los artículos 12 y 13 del proyecto establecen la obligación de colaborar (“brindar información, asesoramiento y colaboración en los aspectos y de la forma en que lo requieran las fiscalías penales intervinientes en las causas vinculadas a lavado de activos y delitos precedentes”) tanto para los contadores públicos como para “otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes” y que participen en la realización de algunas de las actividades detalladas en la ley.

En suma, para Aller, “la modificación al régimen vigente lo que va a hacer es mantener esencialmente la misma estructura, que no está dando buenos resultados”. “Los cambios que se introducen no van a alterar significativamente eso”, subrayó.

Por otra parte, sobre la eliminación de la fiscalía especializada sostuvo que, si desde el gobierno se plantea esta medida, “es porque no ha rendido de forma suficiente o directamente no ha servido”. Consideró que este tipo de delitos “debería ser abordado por una justicia especializada”, pero advirtió que, “si esta justicia especializada no tiene mayor suceso, es evidente que se debe explorar otros caminos”. A su entender, lo que se necesita son “mejoras en la cualificación y en todas las herramientas vinculadas a la investigación policial y al trabajo del Ministerio Público, pero no necesariamente avanzando hacia la participación de actores privados ni mediante la creación de fiscalías especializadas”.

Anteriormente, la Comisión de Hacienda había recibido al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Colegio de Abogados, a la Asociación de Escribanos y al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores. Estos últimos plantearon reparos a la iniciativa: los escribanos consideraron la iniciativa “un retroceso”, mientras que el gremio de contadores señaló que el problema del narcotráfico “no se soluciona” con la aprobación de esta ley. Otras voces, como la fiscal de Homicidios Mirta Morales, también han señalado que las carencias de la ley no son de tipo normativo, sino que responden a la falta de recursos.