El domingo, el senador colorado Pedro Bordaberry se pronunció respecto a la decisión que tomó el Poder Ejecutivo la semana pasada de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard y dijo que el Estado debió “intimar al contratista a sustituir la garantía antes de declarar la rescisión”. Este lunes, cinco días después del anuncio, la diaria Radio recibió a su correligionario de Vamos Uruguay, el diputado Juan Martín Jorge, quien realizó un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para “acceder a pliegos, contratos y todo el universo de documentos”, ya que, como abogado y escribano, “no cierra la actitud y estrategia legal del gobierno”.
Según el legislador, existen “reglas básicas del derecho que no se estarían cumpliendo”, como “el principio de continuación de los contratos”, que plantea que “antes de rescindir tengo que intimar al incumplidor con un plazo prudencial para que me conteste que estoy equivocado o que le dé un plazo para corregir la situación y continuar”. Por otro lado, ante un eventual incumplimiento, se refirió en la misma línea a “las correctas notificaciones y el actuar de buena fe”.
“Más me llama la atención, a mí y a todos los abogados, que el gobierno está atacando la garantía, un contrato accesorio al principal, que es de arrendamiento de obra y compraventa de buques”, declaró. Así, advirtió que “hay tres garantías” en total y que “el contrato está vigente porque el gobierno ya las aceptó”, por lo que “el incumplimiento de los contratos accesorios no hace que caiga el principal mientras esté vigente”.
También en el eje de la garantía, el colorado aseveró que “perfectamente puede ser mala, defectuosa o trucha”, pero al mismo tiempo “puede estar abusándose de la buena fe del gobierno uruguayo y de Cardama”. En el proceso de elaboración, “seguro intervinieron bancos de financiamiento, que todos cobran comisión, y me gustaría ver todas las que se repartieron”, porque “soy protransparencia y si hubo alguien que cobró una comisión para traer un fiador y una garantía defectuosa [Eurocommerce], me interesa saber”, aclaró.
En la órbita del derecho civil, Jorge dijo que también hay que tener “cuidado” porque “el anuncio del gobierno diciendo en conferencia de prensa que hay indicios penales le puede generar un daño a la empresa Cardama” y “después vienen los juicios”, ya que su titular dijo “que se enteró por la prensa y no se le intimó”. “Es un astillero que tiene 100 años, chico, y viene un presidente de un país serio con un contrato serio a decir que lo va a rescindir por temas penales. Si yo fuera un acreedor, voy rápido a cobrar; si fuera un empleado, me voy; y si fuera un banco, automáticamente la miro mal”, listó.
Por último, “en la hipótesis de que el gobierno actual tenga razón”, es necesario “salir del contrato de forma ordenada” —con base en la vía que plantea el propio contrato y “los principios del derecho” relativos a “intimar y dar un plazo razonable para que la contraparte me conteste”—, porque “una salida desordenada también implica que Cardama haga una demanda de incumplimiento o de daños y perjuicios y quizá, teniendo razón, igual perdamos el juicio”.
Finalmente, respecto a la posibilidad de que el problema “sea técnico”, Jorge afirmó que en ese caso “el contrato indica que tendremos que ir a la sociedad de clasificación a que dirima el tema” —en este caso Lloyd’s International— o a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que opera con sede en París.
Asesoramiento legal y consultas a las autoridades anteriores
Respecto al asesoramiento legal que tiene el gobierno, con la figura del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a la cabeza, el legislador colorado dijo que “lo que tiene que tener el gobierno son informes de los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional”, porque “acá hay un pliego, un expediente y los servicios jurídicos del MDN, de Presidencia y del Tribunal de Cuentas, que también participó, lo dieron por bueno”, listó.
“Si yo tengo un gobierno que gasta 80 millones de euros en dos buques y pasa todo el procedimiento de un pliego licitatorio, del Tribunal de Cuentas y del proceso burocrático, y hay un departamento jurídico que dijo que está bien, a ese mismo departamento jurídico le tenemos que consultar”, dijo.
En el mismo eje, planteó que amerita hacer consultas a funcionarios vinculados al contrato durante el quinquenio anterior: “Hay que ver quién controló esa garantía. Al mismo tiempo, advirtió que “en ese momento la garantía pudo haber estado perfecta” y “si después se disuelve el garante, se funde la empresa o resultó ser falsa”, puede tratarse de “un hecho posterior” y reiteró que “es un hecho sobre un contrato accesorio que no puede hacer caer el principal”.
Por otro lado, con relación a que Cardama presentó las garantías casi 11 meses después del plazo pactado, que era de 45 días, dijo que “no es fácil salir al mundo a conseguirlas” y al mismo tiempo “pudo haber sido una tolerancia del Estado uruguayo y lo dio por bueno después”.
Destacó la necesidad de obtener los buques para el Estado uruguayo y dijo que “se optó por Cardama, por ser el más barato” y, con relación a los 30 millones que ya volcó Uruguay, comentó que “lo que haría, si asesoro a mi cliente, es que venga Cardama y me termine el barco. Capaz que tiene que hacer un descuento porque aparte lo preciso”, afirmó. “Esa es la inteligencia que yo pretendo de un gobernante, no que salga a rescindir un contrato a las apuradas sin opiniones legales, donde jurídicamente se me prenden todas las luces”, sentenció.
Por último, sobre las declaraciones de Mario Cardama, que aseguró que el Estado uruguayo eligió la garantía, Jorge dijo que “si eran buenas y cayeron, la culpa es del gobierno”, por lo que “tal vez Cardama sea un tercero en todo esto y diga ‘me presenté y ustedes me eligieron, los bancos de financiamiento trajeron las garantías y ustedes las aceptaron’”, relató. “El principio dice que si estaba mal, tienen que intimar y dar plazo para presentar otra [garantía] y, en caso de defecto de la garantía principal, no hace caer el contrato mientras esté en cumplimiento”, aseveró.
“Doy por sentado que el gobierno anterior hizo bien las cosas y que este gobierno también”, sentenció, pero destacó como necesario acceder a la documentación. Manifestó estar “muy interesado en ver la denuncia penal” y descartó conversaciones en el Partido Colorado para conformar una comisión investigadora en el Parlamento: “No aún”, concluyó.