La Cámara de Diputados votó este martes los incisos 16 y 33 del proyecto de ley de presupuesto, correspondientes al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación. Junto al mensaje presupuestal de la educación, fue uno de los más comentados, especialmente luego del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, al que hicieron alusión varios legisladores.

La votación en bloque del articulado de ambos incisos recibió el respaldo de 97 de los 99 diputados. Se postergó para la discusión de este miércoles –cuando se tratarán aditivos y sustitutivos– el tratamiento de dos artículos: el 462, relativo al Poder Judicial, y el 519, correspondiente a la creación de una Fiscalía especializada en Cibercrimen, sobre la cual el Partido Colorado propone añadir otra.

Desde el oficialismo se defendió que, “a diferencia de otras instancias presupuestales anteriores –que tenían un incremento del 0%–, este presupuesto sí destina partidas para el Poder Judicial y el desarrollo de sus actividades”, señaló el diputado Joaquín Garlo, quien destacó lo previsto para el interior del país, como los juzgados letrados, la Defensoría Pública y la unidad del Instituto Técnico Forense en Ciudad del Plata. Respecto a la Fiscalía, destacaron la creación de una nueva fiscalía en la mencionada localidad maragata, una Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo y la de Cibercrimen. Esta última estuvo muy presente en el debate. Los legisladores de la oposición cuestionaron que no se haya atendido el pedido de crear dos fiscalías de Cibercrimen, cuando la propia Ferrero sostuvo que no dará abasto debido al auge de este tipo de delitos.

El diputado colorado Conrado Rodríguez calificó las propuestas del Ejecutivo en esta materia de “insuficientes” –como también se ha afirmado de otras–, “porque de los pedidos del Poder Judicial, fueron contemplados un poco más del 6%”. El nacionalista Pablo Abdala reconoció que el Poder Ejecutivo dio “algunos pasos en la dirección correcta” en cuanto a la dotación de recursos para el ejercicio del Poder Judicial y la Fiscalía. Sin embargo, continuó, “son pasos cortos” y “la situación de insuficiencia” en el sistema judicial subsiste.

En cuanto a la Fiscalía, Rodríguez señaló que “el país ha entrado en una zona muy compleja de delitos”, con el avance del crimen organizado, y, como respuesta, el Estado está retrocediendo, cuestionó. En esa línea, Abdala manifestó que tenían la expectativa de que, tras el atentado contra Ferrero, “hubiera un refuerzo presupuestal” para la Fiscalía. La reasignación anunciada por el oficialismo el pasado sábado –40 millones de pesos– “acorta la brecha” entre el incremento solicitado por el organismo y lo propuesto, valoró. Sin embargo, está destinada exclusivamente a avanzar en la equiparación salarial entre fiscales y jueces a lo largo del quinquenio, “un reclamo histórico de los funcionarios de la Fiscalía”, destacó Garlo.

Para el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, una de las “imprudencias” del presupuesto son sus omisiones. “No es responsabilidad de este gobierno solamente, está claro que la Fiscalía ha estado muchas veces postergada, pero lo que ahora está sobre la mesa es el tiempo que estamos viviendo”, consideró. En ese sentido, se refirió a la Fiscalía especializada en Cibercrimen, y advirtió que, “la ciberdelincuencia, al constatar que no hay respuesta del Estado, va a, en un círculo vicioso, tender a aumentar”.

“Vemos en la asignación de recursos una fenomenal asimetría entre los recursos asignados al Ministerio del Interior con los recursos asignados a la Fiscalía. Si nosotros creemos que la respuesta al delito es únicamente policíaca y la justicia, creo que estamos equivocándonos muchísimo”, dijo el colorado Felipe Schipani.

Cambios en el proceso de divorcio y en el cobro de las asignaciones

Más allá de la dotación de recursos, el debate se centró mayormente en la discusión sobre dos artículos correspondientes al Poder Judicial: el 461 y el 462 –que fue postergado–, los cuales, para el oficialismo, ayudan a desburocratizar el sistema.

El primero –aprobado con 68 votos en 99– está vinculado al cobro de las asignaciones familiares en el Banco de Previsión Social (BPS). La nueva norma elimina el certificado judicial exigido para comprobar que se ejerce la tenencia efectiva del menor beneficiario y habilita que se pueda obtener mediante la presentación de una declaración jurada ante el BPS.

La diputada frenteamplista Susana Camarán valoró que “no es nada menor” el cambio, ya que “generalmente las personas que recurren a la justicia para tener el trámite de ratificación de la tenencia son mujeres a cargo de sus hijos que están luchando para poder cobrar la asignación familiar”. Consideró, en ese sentido, que “evita ese peregrinaje y, a la vez, descomprime las agendas de los y las magistradas, las oficinas y la defensa pública”.

Para Garlo, además de simplificar el proceso de acceso a la prestación, “le saca una competencia o un proceso que el Poder Judicial debía llevar adelante, como era la ratificación de tenencia, que es prácticamente un trámite administrativo, no es función jurisdiccional”. En respuesta, el nacionalista Juan Martín Rodríguez aseveró que “en democracia no alcanza y no basta la idea de sacarle trabajo, desburocratizar [al Poder Judicial]; tiene que haber un fin”.

El diputado blanco subrayó que se elimina la “participación del órgano encargado de impartir justicia” y se reemplaza con “una declaración jurada ante el BPS, es decir, de un funcionario administrativo de un ente autónomo”. Abdala consideró que “se asume un riesgo importante en la medida en que se avance en la aprobación de esta disposición”, mientras que Schipani acotó que “no da las garantías suficientes”.

El artículo 462 simplifica el proceso de divorcio por sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, al reducirlo a una sola audiencia –en la que “se dictarán las medidas provisionales que correspondan” y “se consultará al cónyuge que inició el proceso si persiste en su voluntad de divorciarse”. Asimismo, elimina la exigencia de que el divorcio sólo pueda solicitarse una vez transcurridos dos años desde la celebración del matrimonio.

Para legisladores blancos, no corresponde que el artículo sea tratado porque “es ajeno a la materia presupuestaria” y una reforma del derecho civil, afirmó el diputado blanco Pedro Jisdonian. Rodríguez valoró que la normativa actual, aunque extiende el proceso, “da garantías”. En tanto, Goñi lo calificó de “divorcio exprés” y cuestionó que no se apueste al “mutuo acuerdo”. “Eso es lo que el Estado tiene que alentar para los que quieran disolver, romper el vínculo matrimonial, que no es cualquier cosa y que afecta a dos partes por lo menos”, consideró.

Camarán analizó que la norma vigente “tiene algunos resabios, que tienen que ver con la religión cristiana”. La diputada frenteamplista señaló que, al momento de contraer matrimonio, no hay un trabajo previo “para ver si estamos convencidos de casarnos”, pero “al momento de querer divorciarse, hay un largo proceso con la intención de la conciliación”.