El pasado 11 de setiembre, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, los diputados Juan Martín Jorge (Partido Colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentaron una denuncia penal por la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de 4.400 hectáreas en el departamento de Florida. La adquisición del área de lo que fuera la estancia María Dolores, que implicó el desembolso de 32,5 millones de dólares, fue cuestionada por la oposición desde que se puso en conocimiento público. La acción penal fue respaldada por todos los partidos con representación parlamentaria, con la excepción del oficialismo y Cabildo Abierto (CA).

La denuncia presentada apuntó a una “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público. La oposición alegó que optó por la vía legal a raíz de la decisión del Frente Amplio (FA) y de CA de aplazar la votación de la conformación de una comisión investigadora sobre la compra hasta el 9 de diciembre. La posición mayoritaria, apoyada en el argumento de la proximidad del tratamiento del presupuesto quinquenal, llevó a que el diputado Salle –disconforme con el planteo– propusiera llevar al caso a la órbita penal.

Finalmente, algunos días después de presentada la denuncia, se confirmó que esta quedaría en manos del fiscal Alejandro Machado. Dos meses después, se conocen los primeros movimientos del caso. Según confirmó la diaria, el pasado viernes llegó al INC un oficio en el que se solicitaba la entrega a la fiscalía –en el plazo de 20 días– del expediente de la compra de María Dolores, así como las actas de resolución de las sesiones del directorio del instituto donde se trataron distintos hitos del proceso de compra.

El pedido fue tratado en el directorio este miércoles, y según dijo a la diaria el presidente del INC, Alejandro Henry, ya se “está armando la carpeta” con lo solicitado por el fiscal. Según remarcó el jerarca, dentro de lo solicitado, no hay nada “que no haya sido de manejo público”.

Al tanto de este movimiento realizado por la fiscalía, el diputado Jorge comentó a la diaria que confía en que “el proceso sea lo más justo y transparente posible”. “Cuanto más rápido actúe la justicia en este y todos los asuntos, mejor; [pero] hay que ser realistas en cuanto a los recursos [que tiene Fiscalía] y la complejidad del caso”, opinó el representante sobre su expectativa respecto del avance de la investigación.

“Hay confesión de parte de la Fiscalía General [de la Nación] respecto a que están totalmente desbordadas las Fiscalías”, indicó Salle al referirse a los tiempos en los que viene avanzando la denuncia. “Es absolutamente lógico que estén desbordados, lo importante es que se haya movido, que se esté investigando”, agregó el abogado.

Sin embargo, reconoció que es “totalmente escéptico” sobre las consecuencias que pueda acarrear la acción penal. “La Fiscalía General [de la Nación] es un servicio descentralizado que depende de la Presidencia de la República, estoy acostumbrado a que elementos donde existe semiplena prueba de delitos se archiven”, apuntó.

La investigadora

Con el proyecto de presupuesto aprobado en Diputados, y con la única posibilidad de volver a tratarlo en modalidad de tercera cámara, se acerca el 9 de diciembre, fecha fijada para volver a discutir la conformación de una comisión investigadora sobre la compra del INC. Consultado al respecto, el diputado Jorge indicó que analiza esa posibilidad bajo la premisa de que ya no están los votos para esa acción, dadas las manifestaciones públicas del diputado cabildante Álvaro Perrone sobre que “ya no tiene sentido” una investigadora cuando hay una denuncia penal.

“En los hechos, carece un poco de sentido, ya está en la justicia. La instancia de la denuncia penal era el último paso en una escalada de controles que tenemos”, reconoció Jorge. “No dieron los votos en su momento y sospechábamos que tampoco los iban a dar, y no nos quedó más remedio que, ante hechos irregulares, hacer la denuncia”, recordó sobre el proceso.

“No, no tiene sentido”, coincidió Salle sobre la investigadora. “Si el tema ya está en la órbita de Fiscalía –que no es la órbita en la que debería estar, pero dadas las circunstancias está allí– no tiene sentido una investigadora parlamentaria”, agregó el líder de IS.

La licitación

Según informó El Observador el 11 de noviembre, el INC declaró desierta la licitación para plantar cultivos de verano en 1.000 hectáreas de María Dolores. La decisión tuvo como fundamento “inconsistencias” en el pliego, y más concretamente, en lo que respecta a la evaluación económica. Más allá de esto, el pasado lunes, la comparecencia del Ministerio de Ganadería a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda terminó de dejar al descubierto nuevos detalles.

En esa instancia, el senador colorado Pedro Bordaberry mostró su sorpresa por el hecho de que la citada licitación preveía “adjudicar” las 1.000 hectáreas “al que menos [renta] ofrece, no al que más ofrece, en perjuicio del interés del propio instituto”. Presente en sala, Henry reconoció que “hubo un error” y apuntó a que dado que “los tiempos no daban” para un nuevo proceso licitatorio de cultivos de verano, “se resolvió bajar” la pretensión de hacer una adjudicación de tales características.

En diálogo con la diaria el presidente del INC detalló que se proyecta para esas 1.000 hectáreas “un llamado para cultivos de invierno”, que seguramente se abrirá en un mes. Agregó que dentro de los cultivos que, según se proyecta podrán ser plantados en abril o mayo, aparecen la avena, la canola, el trigo y la cebada.

Según detalló en comisión el jerarca, el área que se plantará con cultivos de invierno es en parte donde “van a estar instalados los nuevos tambos”. En ese sentido, detalló que la instalación de los cultivos tiene que ver con la “adecuación” que se suele hacer con los campos adquiridos “para luego hacer la instalación de pastura”.

Consultado sobre lo sucedido con la licitación, Jorge catalogó como “vergonzoso” el hecho y afirmó que se trata de la “prueba” de que “el Estado no se tiene que estar metiendo en este tipo de cosas, porque son millones y millones de dólares que se pierden de poner donde realmente se precisan”. Salle, por su parte, prefirió no hacer aseveraciones sobre este episodio, dado que esperará la respuesta a un pedido de informes que se encuentra preparando.