Juan Esequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado (PC) por Florida, solicitó formalmente a la Cámara de Senadores que analice, en su Comisión de Constitución y Legislación, la eventual violación del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda.
Durante una audiencia judicial realizada el pasado 20 de noviembre, la fiscal Silvia Lovesio señaló que la actuación del senador colorado podría suponer una infracción del artículo 124 de la carta magna, ya que, en su calidad de abogado, Ojeda presentó un escrito para solicitar el reexamen de una causa, según informó días atrás el periodista Eduardo Preve.
El artículo 124 de la Constitución de la República prohíbe a los legisladores “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados”, y también “tramitar o dirigir asuntos de terceros” ante dichas dependencias. La carta magna marca que la “inobservancia” de esto conlleva “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.
“Si se está diciendo que se presentó un escrito frente a un servicio descentralizado, como es la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de abogado, representando una causa y siendo senador de la República, me parece que es un hecho que debemos debatirlo”, consideró Lovesio en la audiencia judicial.
Según informó Preve, el senador colorado realizó una consulta al abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas -también integrante del PC-, quien convalidó la posibilidad de actuar en la solicitud de reexamen de la causa. Consultado por la diaria, Correa Freitas prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.
En la audiencia judicial, Lovesio pidió que se pusiera en conocimiento de la situación a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Desde Fiscalía señalaron a la diaria que Lovesio elevó el caso a Ferrero, quien le respondió que se trata de un asunto que encuadra dentro de su independencia técnica, es decir, que le corresponde a Lovesio resolverlo.
“Lo que se quebró acá fue la institucionalidad”
Según Ibarra, el reexamen de la causa solicitado por Ojeda supone “un acto de tramitación administrativa” ante un servicio descentralizado del Estado. En el documento remitido a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, al que tuvo acceso la diaria, sostuvo que “la sola presencia de un senador (autoridad que participa en la aprobación del presupuesto de la Fiscalía, en la designación y remoción de autoridades, y que integra un poder con facultades de contralor) introduce un potencial de presión objetiva sobre la actuación fiscal”.
En diálogo con la diaria, Ibarra adelantó que presentará además una denuncia ante la Comisión de Ética y Conducta Política del PC. El convencional sostuvo que “los hechos son objetivos y concretos”. “Lo que se quebró acá fue la institucionalidad, y si los legisladores de nuestro propio partido político quiebran esa institucionalidad, ¿cómo nosotros como fuerza política podemos decirle después a la ciudadanía que estamos atentos a cualquier quiebre institucional del oficialismo?”, manifestó.
“Nosotros no podemos permitir que cualquier legislador –en particular, una autoridad como el senador Andrés Ojeda– haga a un lado los preceptos constitucionales más básicos para representar intereses que son ajenos al Estado uruguayo”, afirmó Ibarra.
El dirigente colorado de Florida dijo que espera que la Comisión de Ética y Conducta Política “tenga una respuesta positiva para condenar estos actos y que prime el valor constitucional por encima del interés político y sectorial”.
Para “contextualizar” su denuncia, Ibarra incluyó declaraciones a la prensa de Ojeda sobre el reciente fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública acerca de la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. “El propio senador denunciado exigió públicamente la aplicación más estricta posible de las incompatibilidades constitucionales cuando el análisis recaía sobre un tercero”, apuntó Ibarra; y sostuvo que resulta “oportuno destacar la contradicción que hoy se presenta: el estándar de rigor que él reclamó para otros es el mismo estándar que ahora intenta relativizar respecto de su propia conducta”.
Al mismo tiempo, Ibarra planteó a los senadores de la Comisión de Constitución y Legislación que la señal institucional de Lovesio “obliga” a la Cámara de Senadores a actuar sobre el tema. “Cuando una fiscal del Ministerio Público plantea esta duda en audiencia, lo hace porque la conducta observada encuadra, prima facie, dentro del tipo constitucional prohibido”, señaló.