Este jueves y viernes se realizan las VII Jornadas Técnicas de Compras y Contrataciones Estatales en la Torre de Telecomunicaciones de Antel, organizadas por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). En ese marco, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió en la mesa de apertura a los objetivos que guiarán al gobierno en esta materia.

Afirmó que el Estado necesita comprar “bueno, bonito y barato”, pero precisa “mucho más que eso”, fundamentalmente incorporar “una visión integral del desarrollo del país” en las compras y contrataciones. Aseguró que se busca pensar las compras públicas “como una parte integral del proyecto de política pública del gobierno nacional, y eso implica pensar en el desarrollo económico, social, productivo y sustentable de nuestro país”.

Sánchez consideró que las compras públicas deben atender los “sesgos que existen en nuestra sociedad y que las políticas públicas intentan corregir”, y atender también particularmente la sustentabilidad ambiental, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de la economía social y solidaria, así como desalentar la concentración económica. “Es decir, hay un conjunto de componentes en la sociedad para que haya un desarrollo armónico, para eso construimos un conjunto de políticas públicas, y las compras estatales no pueden ser ajenas a ese proceso”, sostuvo.

El secretario de Presidencia anunció que el Ejecutivo buscará que se reincorpore en el proyecto de ley de presupuesto, a estudio de la Cámara de Senadores, el artículo que había enviado el Ejecutivo referente a incorporar la perspectiva de género en las contrataciones públicas, que no fue aprobado porque no logró ningún voto de la oposición. “Si el Estado uruguayo necesita construir equidad, igualdad de oportunidades, después, cuando su principal motor de acción de la política pública no tiene esa perspectiva, acentuamos lo que las políticas públicas tratan de corregir”, consideró Sánchez.

Insistió en que al representar el 13% del PIB, las compras públicas estatales “tienen una enorme incidencia en las posibilidades de diversificar nuestra matriz productiva, de generar que las pequeñas y medianas empresas o la economía social y solidaria participen en una manera más correcta de este proceso, que no es reservar mercados para aquellos que son ineficientes, sino todo lo contrario, es construir reservas de mercados para el desarrollo nacional y diversificado”.

Mencionó que hay actores que, por no tener “espalda económica”, muchas veces “tienen dificultades para poder tener un conjunto de herramientas para presentarse a las licitaciones públicas”, y se refirió especialmente a la circunstancia de que el Estado paga a largo plazo, y eso hace que “justamente sólo se puedan presentar aquellos que tienen la espalda suficiente para poder resistir”. Esto contribuye a una mayor concentración, ya que “sólo pueden hacer uso de los instrumentos de compra pública o presentarse a las contrataciones públicas aquellos que tienen un mayor tamaño”, lo que “termina generando evidentemente dificultades en la economía nacional, porque las pequeñas y medianas empresas son las responsables de casi el 75% del empleo nacional”, resaltó.

Finalmente, destacó la necesidad de la transparencia en las compras y contrataciones públicas, en un contexto en que “la democracia está bajo sospecha”, y uno de los componentes de esa desconfianza es “la opacidad y la falta de transparencia a la hora de la contratación pública”, lo que “genera un conjunto de patologías que atacan y que corroen y erosionan la confianza de las personas en quienes toca administrar la cosa que es de todos, la administración pública”.