Uruguay fue descrito como “una amalgama plural de convivencia que aún despierta asombro en el mundo”, como “un país que funciona”. El 1º de marzo, en su primer mensaje ante la Asamblea General, aún sin la banda presidencial en el pecho, Yamandú Orsi marcó el talante de la actual administración, el cuarto gobierno del Frente Amplio (FA): “No comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente”. El exintendente de Canelones dijo no tener “la verdad revelada”, ni “la respuesta perfecta a todos los problemas”; tampoco “el afán de cobrar cuenta alguna”.
Para la directora de Cifra, Mariana Pomiés, al principio “hubo mucho énfasis de parte del gobierno, y la gente lo recibió así, en que era un año difícil para hacer grandes cosas porque se encontraron con eso que ellos decían”, es decir, “una economía mucho más deteriorada” de lo que se había previsto, señaló a la diaria. Y esto, además, “atenuó un poco el posible enojo” de aquellos con mayores expectativas.
De todos modos, Pomiés apuntó que entre la población “la preocupación por la inseguridad está alta”, si bien “es un área donde hay mucha más tolerancia”, dado que, “después de muchos años, la gente entendió que es un problema muy difícil de gestionar y que no se soluciona fácilmente”. Otro factor de alerta en la opinión pública es el desempeño de la economía, ya que “no hay una percepción de que esté funcionando bien”, aunque tampoco se le atribuye al actual equipo económico la responsabilidad absoluta de esto, “porque también ahí se entiende que es muy pronto”, mencionó.
Durante el primer año, el gobierno de Orsi mantuvo la anunciada postura antirrefundacional en varios asuntos. Por ejemplo: la estrategia dual –prevención y represión– en seguridad pública, adoptada discursivamente por Luis Alberto Heber tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga, fue ratificada por el actual ministerio del Interior, Carlos Negro. La política monetaria del Banco Central, con una inflación estable dentro del rango meta, también prevaleció, no obstante las recurrentes críticas por el “atraso cambiario”. El programa Jornales Solidarios, si bien renombrado y con modificaciones, mantuvo su altísima demanda (160.000 anotados para 5.500 cupos). Pero, desde luego, no todo fue continuidad.
Los acuerdos heredados, las interpelaciones y las renuncias
En “un país de reglas estables”, el Estado uruguayo “honra sus compromisos” y “los contratos se cumplen”, afirmó Orsi en aquel discurso ante la Asamblea General. El presidente no mencionó ningún caso en particular, ni el proyecto Neptuno, cuyo contrato se firmó un mes antes del traspaso de mando, ni la construcción de las dos patrullas oceánicas para la Armada, tarea adjudicada al astillero español Cardama Shipyard bajo modalidad de compra directa en diciembre de 2023.
El primer pendiente, sin embargo, no demoró en colocarse en la agenda. Lo hizo el propio Orsi, al término del primer Consejo de Ministros de su mandato. “Nuestra posición crítica nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación”, anunció el mandatario a mediados de marzo. Alejandro Ruibal, representante del consorcio privado Aguas de Montevideo, respondió al llamado y, durante varias semanas, negoció con el gobierno la reconversión de la proyectada planta potabilizadora en la zona de Arazatí en una nueva instalación en las inmediaciones de Aguas Corrientes, además de otras obras.
El 18 de julio, en una conferencia de prensa en la que participó Ruibal, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que lo acordado cumple con el objeto del contrato original, esto es, “fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana”.
La noticia disgustó al expresidente Luis Lacalle Pou, quien calificó la decisión del Poder Ejecutivo como “netamente política y técnicamente desacertada”, porque, entre otras cosas, “no diversifica la fuente de agua”. El descargo fue por X. El giro de Cardama sí provocaría una salida presencial del exmandatario.
En la tarde del 22 de octubre, algunas horas después de que la oposición reiterase su pedido de renuncia al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, Orsi anunció en una conferencia de prensa que iniciaría “acciones legales” para rescindir el contrato con el astillero español, firmado en el período pasado por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, debido a la detección de “fuertes indicios” de “estafa o fraude” en torno a la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, la de EuroCommerce. Dos días después, el gobierno denunció penalmente el hecho y la denuncia ya fue ampliada en dos oportunidades.
Para Lacalle Pou, que reapareció en una sesión del directorio del Partido Nacional, Orsi “se pasó de rosca”. “Yo creo que arrastraron al presidente a una operación política”, afirmó el exmandatario, quien, si bien reconoció que “lo de la garantía tiene su importancia”, sostuvo que había “otros mecanismos” para solucionar el diferendo.
Tanto Neptuno como Cardama fueron motivos de interpelación. Aunque en el Senado, donde la mayoría del oficialismo obstruyó cualquier dictamen adverso a las explicaciones que dieron los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Defensa, Sandra Lazo.
El politólogo Antonio Cardarello consideró que la actual “ha sido una oposición más tenaz”, en comparación a la que ejerció el FA en el primer año del gobierno de Lacalle Pou. “Cinco interpelaciones en el primer año, cosa poco frecuente desde la recuperación de la democracia en 1985”, señaló a la diaria. A su modo de ver, “la oposición no le dio demasiado crédito al gobierno”.
Por el contrario, la restauración de la política antitabaco de Tabaré Vázquez, que en el período pasado había sido perforada con un par de decretos que flexibilizaron la legislación, no ameritó ningún llamado a sala por parte de la oposición.
Sí fue ampliamente discutido en el Parlamento, con un abrupto y homofóbico desenlace, la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. No conforme con las explicaciones del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, un grupo de legisladores opositores, a iniciativa de Gustavo Salle, presentó una denuncia penal en Fiscalía.
La marca de cinco interpelaciones en el primer año de mandato –que también supo tener Vázquez en sus dos gobiernos– se completó con dos llamados a sala (uno a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y otro al ministro de Educación, José Carlos Mahía) vinculados a un mismo tema: la superposición laboral del titular de ASSE, que entre marzo y noviembre de este año continuó con sus trabajos en tres mutualistas privadas en simultáneo a la función pública. Pese a la insistencia de la oposición, Danza se mantuvo en el cargo, a diferencia del presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, que ante una situación similar optó por mantener su condición de colono.
La de Viera no fue la primera baja del gobierno, ni siquiera fue la segunda. La salida de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda constituyó un récord: 48 días después de haber asumido, la dirigente del Movimiento de Participación Popular renunció luego de que un informe periodístico revelase que no había regularizado las construcciones que hizo en su domicilio particular y que no había pagado el impuesto de primaria desde 2010.
La segunda baja fue la de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, quien en una de las primeras sesiones del actual directorio votó a favor del ascenso de su esposo, funcionario del ente público.
Posteriormente, renunció el vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Acosta, por irreconciliables discrepancias con el presidente del organismo, Jaime Saavedra; y fue destituido el jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, por asistir a una reunión partidaria y opinar públicamente en contra del gobierno anterior. Al cierre del año renunció el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Daniel Mordecki.
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou, el 1° de marzo, en la plaza Independencia.
Foto: Ernesto Ryan
Para el politólogo Daniel Buquet, si bien el gobierno “tuvo traspiés”, estos no fueron “sustantivos”. “Creo que ningún traspié hizo que el gobierno tuviera que entregar alguna bandera”, señaló a la diaria. “Los traspiés del gobierno no están centrados en que el gobierno quería hacer tal cosa y no lo logró; entonces, en el sentido de su propuesta, que por supuesto es una propuesta tibia, muy moderada, etcétera, creo que el gobierno fue exitoso”, agregó Buquet.
Las primeras medidas y los asuntos pendientes
“No seré vacilante ni indiferente. Para algunas causas no hay tiempo que perder, y las he colocado entre mis prioridades de gobierno”, expresó también Orsi ante la Asamblea General, en referencia a los 63 compromisos anunciados durante la campaña electoral. La autoevaluación del Poder Ejecutivo establece que tres de cada cuatro de estas medidas ya están en marcha.
Allí figura, por ejemplo, la aprobación del impuesto mínimo global a través del presupuesto, el aumento de las becas estudiantiles Butiá y el incremento del Bono Crianza, así como la mayor disponibilidad de medicamentos en ASSE y el fomento del sector lácteo mediante la adquisición de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización.
También se destacan los primeros pasos de las obras públicas que, en principio, marcarán a la actual administración: la represa de Casupá en Florida, el Hospital de la Costa en Atlántida y la reforma del transporte metropolitano. Para Casupá, OSE ya recibió ocho propuestas de empresas privadas; para el nuevo centro de salud ya fue presentado por las autoridades; y para los cambios previstos en la movilidad metropolitana –que incluirán un túnel en 18 de Julio– el Banco Interamericano de Desarrollo ya aprobó una línea de crédito de 500 millones de dólares.
Asimismo, desde mediados de junio hasta finales de setiembre, el gobierno mantuvo una alerta roja por la situación climática, que le permitió a las autoridades llevar a cabo la evacuación obligatoria de personas en situación de calle, tras varias muertes.
En el Parlamento, el oficialismo concretó el salvataje de la Caja de Profesionales, la prórroga de la intervención en el Casmu y la sanción tanto de la Rendición de Cuentas como del presupuesto. Gracias a Cabildo Abierto, y a cambio de mayores recursos para el personal militar subalterno y Sanidad Militar, en el proyecto presupuestal se aprobaron las modificaciones impositivas propuestas por el Poder Ejecutivo. El miércoles 15 de octubre, en tanto, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la ley la regulación de la eutanasia.
“La aprobación del presupuesto es un logro, sobre todo, en un gobierno que no tenía las mayorías parlamentarias que precisaba y que tiene sectores del FA para los que [el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone no es la figurita más querida, y que esperan otra distribución de recursos”, destacó Pomiés.
En una línea similar, Buquet consideró que el gobierno “ha salido con éxito del primer año”, dado que “logró la aprobación de unos cuantos proyectos”, en particular, el proyecto presupuestal. “Claro que es un presupuesto sin mayores transformaciones, pero yo creo que el éxito es haber aprobado su presupuesto, porque además el presupuesto aprobado es muy parecido al mensaje enviado” por el Poder Ejecutivo, resaltó.
En cuanto al resto de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, Cardarello consideró que “el gobierno ha sido bastante cauto”, conforme a lo que se había adelantado en la campaña electoral, en referencia a la consigna de “la revolución de las cosas simples”, y a “la promesa de Yamandú Orsi de, por un lado, no incrementar la carga tributaria, y después de que no iba a venir a hacer tabla rasa”.
El gobierno de Orsi cerrará el próximo año dos instancias de intercambio que comenzaron este año: la de la seguridad pública y la de la seguridad social. En el primer caso se trata de la puesta en funcionamiento del Plan Nacional de Seguridad Pública, todavía en proceso de elaboración. Una mayor incertidumbre rodea a la prometida reforma de la seguridad social, sobre todo, en vista de la negativa de la mayoría de la oposición a participar en el debate.
Otro tema que continuará de un año al otro es el planteo del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la sociedad para combatir la pobreza infantil. La central sindical tiene previsto reunirse en los próximos meses con los partidos políticos, y se prevé que el tema, que divide al oficialismo, esté presente en el próximo Congreso Nacional del FA, proyectado para setiembre del año que viene.
“Está claro que para el gobierno el tema del impuesto que propone el PIT-CNT no está en la agenda”, afirmó Buquet; sin embargo, apuntó que el tema “avanza” en el FA, con “una disputa entre algunos sectores, que son minoritarios dentro del Frente, pero que son los sectores más de izquierda y le generan presión al gobierno en esa dirección”. A su entender, uno de los “riesgos” de la actual administración es la inconformidad de su electorado más a la izquierda, sobre todo, en vista de la línea macroeconómica “ortodoxa” que dirige Oddone.
Consultado sobre la agenda del gobierno para 2026, Cardarello consideró que, hasta ahora, “no hay señales claras”, si bien se ha planteado el compromiso de “reducir la pobreza infantil” y el de “avanzar en políticas más concretas” en materia de seguridad pública”. A su parecer, “falta una propuesta que enamore y que sea clave para movilizar a la izquierda”.