Para la discusión sobre protección y seguridad social, el gobierno apostó a iniciar, bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un diálogo social que en su hoja de ruta establece cuatro ejes principales a debatir: el combate a la pobreza infantil, la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a los activos, y la revisión del régimen de jubilaciones y pensiones.

El objetivo final de la Comisión Ejecutiva designada para trabajar en los temas es presentar a fines de abril de 2026 –con posibilidad de prorrogar por 45 días– un documento final que funcione como insumo del Poder Ejecutivo para elaborar proyectos de ley que considere de relevancia. A cinco meses de su puesta en marcha, finalizó la etapa de recopilación de insumos, que consistió en la realización de 30 conversatorios en territorio, ocho seminarios temáticos, 67 audiencias y la recepción de más de 50 propuestas en la plataforma de participación ciudadana de forma digital.

El coordinador del diálogo social, Hugo Bai, dijo a la diaria que desde el gobierno están “muy conformes” con “la evolución de todo este proceso hasta el momento”, y que se ha “cumplido en tiempo y forma con todo lo que estaba proyectado en la hoja de ruta” que se presentó a los actores sociales y partidos políticos que iban a participar, antes de iniciar el diálogo.

Los partidos que participan son únicamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto; el resto fueron invitados pero resolvieron no integrarse al espacio porque entendían que la representación planteada no era adecuada, y además apuntaron que volver a analizar el sistema previsional “sería burlar la voluntad popular” –tal como dijo el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado–, ya que esto quedó “laudado” luego del plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT.

Pese a las críticas del oficialismo y las organizaciones sociales por esta decisión de los partidos que integran la Coalición Republicana, el diálogo siguió su curso. Bai dijo que antes de comenzar la discusión de los distintos aportes que tenía para hacer cada actor social, “parecía razonable tener un espacio” donde se pudiera “escuchar tanto a la ciudadanía como a la academia”.

En ese sentido, mencionó los conversatorios, en los que “la gente tuvo la oportunidad de volcar sus insumos, sus propuestas, sus preocupaciones con relación a la materia de protección y seguridad social”, los seminarios que “versaban sobre los principales temas que estaban contenidos en la hoja de ruta y que iban a formar parte de la discusión”, las audiencias en las que recibieron a organizaciones sociales e instituciones, y, por último, la plataforma de participación ciudadana “donde la ciudadanía en general podía volcar insumos, propuestas”.

La recopilación de insumos, contó, llevó hasta principios de noviembre, y durante ese mes sistematizaron “todos esos materiales”. En diciembre comenzó “el trabajo más interno”, se empezó a trabajar en “un primer documento con un carácter muy general”, que “no es parte del documento final”.

Bai calificó este documento como de “insumos intermedios”, que consiste en “un conjunto de acuerdos más generales” que, en realidad, “no comprometen a nadie”, ya que el resultado del diálogo “va a ser cuando exista un documento final a fines de abril del año que viene” y se sepa en dónde están los acuerdos y dónde “puede haber matices”.

A fines de enero comenzará el trabajo de discusión, y se extenderá hasta abril, “más centrado en cada uno de los temas por parte de la Comisión Ejecutiva, tomando como aportes fundamentales todo lo que fue ese proceso entre agosto y noviembre de recopilación de insumos”.

El economista valoró que en lo vinculado a los temas que “forman parte de los nudos o desafíos centrales” que hay en materia de protección social, “en general existe un acuerdo importante, no digo total, pero un acuerdo importante”. “El tema después va a ser cuando aterricemos eso en algunos temas específicos y en algunas medidas específicas. Ahí habrá que ver si nos logramos poner de acuerdo o no, pero yo creo que fue un avance importante que tuvimos en diciembre”, apuntó.

“Repensar” el esquema de transferencias “surgió como una prioridad”

En cuanto al financiamiento de las políticas que puedan surgir a partir del diálogo social, Bai sostuvo que “hay un conjunto de cuestiones que no tienen un impacto fiscal inmediato”, sino que “refieren a aspectos de diseño u otras características de los sistemas de protección social que vamos a abordar y que no necesariamente requieren un financiamiento”.

Mencionó otro “conjunto de cambios prioritarios”, como “repensar” el esquema de transferencias para la primera infancia, que fue un tema “que se abordó en profundidad en uno de los seminarios” y que “obviamente surgió como una prioridad para un amplio conjunto de participantes”.

“Ahí, efectivamente, se van a requerir recursos, y nosotros apostamos a que las rendiciones de cuentas sean los espacios o los ámbitos donde se puedan canalizar recursos para esa política específica que, como se sabe, es una de las prioridades del gobierno actual y que ha demarcado con mucha claridad el presidente Yamandú Orsi, que tiene que ver con el combate a la pobreza infantil, sobre todo aquellos hogares que están integrados por niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

El PIT-CNT critica que no se hayan discutido los “temas principales”

Por su parte, Nathalie Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y representante del PIT-CNT en el diálogo social, dijo a la diaria que cree que se está yendo a “pasos muy lentos” en el ámbito convocado por el gobierno. “Todavía no entramos en discusión sobre los temas principales”, comentó.

Señaló que una de las principales críticas que hacen como central sindical es que en los seminarios realizados no vieron “una exposición clara cuando se habló de sistema previsional, de jubilaciones y pensiones, de información sobre cómo sería nuestra seguridad social si volviéramos a tener un sistema 100% solidario”, y agregó que “para que la discusión no sea sesgada” se tendría que “haber planteado también un escenario de nuestra seguridad social sin fines de lucro”.

Barbé indicó que desde la central tienen el foco en los puntos que quisieron laudar en el plebiscito del año pasado, que son “una seguridad social 100% solidaria, sin fines de lucro y de ahorro colectivo y no individual”, o sea, “directamente”, la eliminación de las AFAP; que se fije la edad jubilatoria en 60 años “para todos los trabajadores”; el aumento de las jubilaciones mínimas, y que sean equiparables al salario mínimo nacional.

Sobre lo señalado por el PIT-CNT en cuanto a la falta de discusión, Bai dijo que “no fue posible” porque la primera fase del diálogo se trató de “un proceso muy demandante desde el punto de vista de la agenda”. Además, mencionó que en la hoja de ruta presentada en abril ya se “vislumbraba que efectivamente lo que se iba a poder avanzar en materia de discusión interna dentro de la Comisión Ejecutiva este año iba a ser poco”, y que “el grueso de ese trabajo iba a quedar para principios de 2026”.

“Nosotros creemos que hemos venido desempeñando el trabajo que teníamos previsto y que tenemos mucha expectativa en consolidar esos acuerdos de cara a abril del año que viene, con esa posible prórroga que también está prevista de unos 45 días que implicaría llevar el proceso hasta junio”, resaltó, y concluyó: “Me parece que hay que dejar que el proceso fluya, y al final de cuentas, pasar en limpio y decir: sobre esto nos podemos poner de acuerdo, sobre esto no, y después, cómo seguimos, será más un resorte del Poder Ejecutivo”.