Luego de la aprobación unánime de la Cámara de Senadores, este martes Diputados votó el proyecto de ley que establece que la edad mínima para contraer matrimonio será los 18 años, con excepciones de menores de 16 y 17 años que cuenten con autorización judicial previa.

La propuesta fue impulsada en 2023 por la entonces senadora del Frente Amplio (FA), Silvia Nane, pero no llegó a avanzar en la legislatura pasada y fue archivada; para la nueva legislatura, el oficialismo retomó la iniciativa y se desarchivó como antesala del Día Internacional de la Mujer. El proyecto original disponía la excepción para mayores de 16 años que tuvieran el consentimiento de los progenitores; para el nuevo texto aparece la judicialización como vía para autorizar en estos casos.

La nueva redacción, aprobada en ambas cámaras, modifica el artículo 91 del Código Civil –que alude a los impedimentos dirimentes para el matrimonio– para indicar que pasa de 16 a 18 años la edad requerida. También sustituye parte del artículo 98 del Código, para señalar que en el acta o partida de matrimonio, en los casos de menores de edad que contraerán matrimonio, aparecerá la autorización judicial, quitando el consentimiento de los padres.

La diputada frenteamplista Margarita Libschitz, integrante de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y miembro informante, dijo en sesión que el proyecto implica “reconocer que la infancia y la adolescencia merecen una protección plena, sin vacíos ni excepciones”. A su vez, mencionó que las modificaciones responden a un compromiso internacional con “distintos organismos internacionales –entre ellos el Comité de los Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)–”, que solicitaban “la necesidad de revisar la normativa”.

“Este texto es el resultado de un trabajo serio, responsable y plural. Surgió del esfuerzo conjunto de legisladores y legisladoras de distintos partidos, de juristas, de la academia y de quienes, desde el sistema de protección, vienen alertando sobre los riesgos del matrimonio infantil y las uniones tempranas”, señaló la legisladora informante.

Libschitz expresó que el proyecto se fundamenta en “que el matrimonio infantil y las uniones tempranas están asociados a mayores niveles de desigualdad educativa, violencia de género, embarazo precoz y pobreza intergeneracional”.

Además, la diputada oficialista expuso cifras sobre matrimonios de menores de edad. Entre 2019 y 2023, se registraron 84 en total, y 82 eran casos de matrimonios entre un menor y un mayor, dando cuenta que el 91,5% de los menores eran mujeres. “Su sola existencia nos interpela. No se trata de estadísticas, se trata de vidas: de niñas y adolescentes que deben poder decidir sobre su futuro sin presiones ni condicionamientos”, agregó.

Afirmó que “la infancia y la adolescencia deben ser etapas de protección, aprendizaje y crecimiento, no de responsabilidades adultas impuestas antes de tiempo”.

Una aprobación interpartidaria

El proyecto fue aprobado en general con 81 votos afirmativos frente a nueve negativos. Quienes no acompañaron fueron los partidos Cabildo Abierto e Identidad Soberana (IS), y tres legisladores del Partido Nacional: Gabriel Gianoli, Omar González y Marianita Fonseca.

Una de las legisladoras que tomó la palabra antes de la votación fue la diputada de IS, Nicolle Salle, quien comparó la iniciativa con la Ley Integral para Personas Trans. Dijo que esta última norma establece que los menores de edad pueden hormonizarse y cambiar la identidad registral –aunque siempre con previa autorización de los representantes legales–, “pero si un adolescente de 15 años quiere casarse debe pasar por la justicia”. “Es una manipulación selectiva”, añadió.

Opinó que la propuesta es “parte de una agenda global”; “no responde a un problema estructural, es una imposición externa, de organismos internacionales que dictan la agenda legislativa”, manifestó. También criticó la eliminación del consentimiento de la familia: “el Estado desplaza a los padres”.

Luego del discurso de Salle, la diputada Libschitz respondió que la iniciativa surge de un “acuerdo interpartidario” y tuvo el “voto unánime de la comisión”. E ironizó con que habría que “dejar de hablar de derechos de la mujer y género, para que cierta cámara apruebe ciertos proyectos”, así como tampoco hablar “de organismos internacionales”. “Cómo rinden en las redes sociales los discursos de países vecinos, y repetir como loros”, agregó.