Sobre la medianoche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574), enviado por el Poder Ejecutivo en junio y aprobado por el Senado en octubre. Luego de sucesivos cuartos intermedios, cambios en el orden del día y negociaciones entre legisladores de todas las bancadas, la votación en particular del proyecto se aplazó para el 23 de febrero.

La aprobación en general del proyecto nunca estuvo en duda. Sin embargo, al igual que en el Senado –donde parte del articulado fue aprobado únicamente con los votos del oficialismo, que tiene mayoría en esa cámara–, en la Cámara de Diputados la oposición manifestó desde un principio reparos sobre varios aspectos del proyecto. En la votación en la Comisión Especial de Lavado de Activos, el jueves pasado, la oposición votó en contra de algunos artículos y solicitó el desglose de otros. El único voto en contra a la aprobación del proyecto en general en la comisión fue el del diputado de Identidad Soberana (IS) Gustavo Salle.

Estaba previsto que este miércoles se diera la sanción definitiva al proyecto; no obstante, durante el plenario, Salle propuso postergar el tratamiento de la iniciativa, lo cual, según pudo saber la diaria, fue secundado por el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone. Fuentes parlamentarias indicaron a este medio que el Partido Colorado (PC) planteó que la votación en general pudiera realizarse, en función de compromisos asumidos con el Poder Ejecutivo. En la bancada oficialista, se tomó con pragmatismo la petición de separar las votaciones.

Los artículos más controversiales han sido los vinculados a dotar de mayores potestades a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la reducción del tope de las transacciones en efectivo.

El PC votó en comisión junto al Frente Amplio (FA) esta última modificación, que apunta –según el cambio realizado en el Senado– a reducir el tope de las transacciones de 1.000.000 de unidades indexadas (UI) a 200.000 UI (aproximadamente 32.000 dólares), o, en su defecto, el “5% del valor total de la operación, siempre que dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas”.

Olivera: “No es un proyecto que hayamos votado a tapa cerrada”

Finalmente –unas cinco horas más tarde de lo previsto–, los legisladores volvieron del cuarto intermedio y la diputada del FA Ana Olivera fue la encargada de pronunciar el informe en mayoría de la comisión. Olivera reconoció que la iniciativa “tuvo un tratamiento bastante rápido” en el Senado y se evidenció la necesidad de recibir delegaciones en la comisión para que expresaran su opinión sobre el proyecto. La diputada sostuvo que “sobre pocos temas había unanimidad” entre quienes concurrieron a dar sus argumentos, como el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y la Fiscalía General de la Nación. “No es un proyecto que hayamos votado a tapa cerrada”, afirmó Olivera, antes de repasar el espíritu de las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.

Salle, que presentó el informe en minoría, remarcó su “tenaz oposición” al proyecto de ley, el cual “propone introducir modificaciones sustanciales”. El diputado señaló que la iniciativa “se presenta ante la opinión pública y el sistema parlamentario bajo el argumento –aparentemente técnico– de una simple adecuación a las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal”; sin embargo, “tras un análisis riguroso, honesto, resulta evidente que no estamos ante un mero ajuste normativo, de carácter formal o procedimental, sino ante un intento sistemático de consolidar un modelo institucional profundamente regresivo e institucional”, aseveró Salle.

El diputado expresó que la ley es “cobarde”, “selectiva”, y “no apunta a los verdaderos responsables del lavado de activos”. También refirió en varias oportunidades a lo que él llama “golpe de Estado técnico”, porque, según entiende, se viola la separación de poderes al tender a la concentración de poder del Ejecutivo.

El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala adelantó en su intervención que su bancada, cuando llegue el momento de la discusión en particular, votará en contra, en la medida en que no se modifiquen, “seis o siete artículos” sobre los que no se logró llegar a un entendimiento con el resto de los partidos, pero acompañará “la mayor parte de los artículos que lo componen” y votará a favor en general con “serenidad” y “mucha convicción”.

“Hay aspectos de este proyecto de ley que tienen mucho que ver con la actualización normativa, que es indispensable, en función del cambio del modelo procesal penal que en Uruguay se dio”, dijo Abdala. Agregó que “otras disposiciones –“que por supuesto compartimos y vamos a votar– implican un avance en cuanto a expandir o extender aspectos vinculados con la definición de los sujetos obligados”.

Sin embargo, una de las principales discrepancias radica en la ampliación de las potestades de la Senaclaft. “No nos preocupa que la Senaclaft se robustezca”, pero “entendemos que es indispensable que la Senaclaft, a la hora de intervenir y fiscalizar organizaciones privadas, empresas, estudios jurídicos, a la hora de retirar documentación o soportes informáticos –como lo establece la ley– lo haga con el debido contralor jurisdiccional”, señaló Abdala.

A su vez, el PN también está en contra de la reducción del tope en las transacciones, que, según entienden, es un tema laudado en el referéndum en contra de la ley de urgente consideración (LUC); y de la transformación –que originalmente era supresión– de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

En un sentido similar, el diputado cabildante Álvaro Perrone advirtió durante la sesión que la aprobación del proyecto supone “violar el referéndum de la LUC” y sentenció que “acá actuó el lobby bancario”. Dijo que su partido votaría en general a favor de la iniciativa por su “título”, que apunta a la prevención del lavado de activos, pero cuando se discuta en particular, “hay muchos artículos que no vamos a votar”, anunció. Por ejemplo, el que determina que “la Senaclaft tenga más poder que el Poder Judicial”. Consideró que algunos artículos sólo apuntan a una “persecusión recaudatoria” y otros implican una “violación al artículo 221 de la LUC”, que aumentó el tope para las transacciones en efectivo. Sobre este artículo, el legislador cabildante llamó al PC, que lo acompañó, a tener “una discusión interna” y a “respetar la democracia”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez le respondió que “las leyes no son estáticas, las leyes se modifican” y consideró que “no hay ningún tipo de modificación en cuanto al espíritu” de lo que fue comprometido por los partidos de la coalición en el “Compromiso por el País”, el acuerdo programático al que llegaron en las elecciones de 2024. “Se sigue permitiendo la utilización del efectivo”, remarcó Rodríguez.

Finalmente, el proyecto se aprobó en general por 91 votos en 93; sólo votó en contra Identidad Soberana.