El miércoles, el ministro de Seguridad Social, Gonzalo Civila, anunció una línea de financiamiento que acordó con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y con República Microfinanzas para que las organizaciones que trabajan con la cartera puedan garantizar abonar salarios en momentos en que “no hay un flujo de pagos suficiente como para poder cumplir con todos sus compromisos”.

A raíz de lo anterior, este viernes las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) emitieron un comunicado público en el que celebraron el anuncio porque “establece una solución transitoria para el pago de las partidas adeudadas” y lo consideraron “un avance necesario para atender una problemática urgente que afecta la labor y el funcionamiento de los servicios de la Dirección Nacional de Protección Social (DNPS)”.

“Valoramos las medidas anunciadas como un paliativo imprescindible. Sin embargo, sostenemos que la situación requiere soluciones estructurales que garanticen previsibilidad, continuidad y estabilidad financiera en la ejecución de las políticas sociales”, consignó.

“Más del 90% de las Políticas Públicas Sociales (PPSS) que desarrolla el MIDES desde el año 2005 a la fecha son ejecutadas por más de 100 OSC en todo el país”, detalló la misiva. En ese sentido, persisten “problemas estructurales e históricos en los procesos de pago que colocan a las organizaciones en una situación permanente de fragilidad financiera” a pesar de que “desempeñan un papel clave en la implementación” y, por tanto, son necesarias “condiciones institucionales y financieras estables para poder cumplir adecuadamente con los objetivos de las diferentes administraciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)”.

A su vez, plantearon que la “crítica” situación de atraso en los pagos responde a razones administrativas, normativas y de gestión de las organizaciones.

En primera instancia, el escrito señaló que “con el cambio en la administración de gobierno numerosos proyectos comenzaron a ejecutarse sin convenio firmado” lo que “generó demoras en el flujo regular de partidas” y se sumó a “obstáculos por la falta de auditores” y problemas en “el sistema de rendición ODOO”.

Por otro lado, apuntaron que la reglamentación vigente establece que el Estado realice “la primera transferencia a las OSC dentro de los 30 primeros días al inicio de la ejecución del convenio” y, por lo tanto, de atrasarse las firmas también se atrasan las rendiciones y los pagos. “Es necesario fortalecer capacidades para mejorar las Rendiciones de Cuentas y además es importante que el Ministerio tome nota de las sugerencias de mejoras que hemos realizado anteriormente a los efectos de unificar criterios”, agregaron sobre el último punto.

“Tercerización” y el camino hacia una mesa de diálogo

Para las organizaciones el concepto de “tercerización” ha sido “muy dañino” aplicado a los convenios en el modelo de gestión actual porque desplaza a las organizaciones hacia “un rol de prestador de servicios y como meros instrumentos para la ejecución” cuando evalúan que el aporte “no es accesorio”: “Producimos conocimiento, fortalecemos el capital social, aportamos información situada, contribuimos a la agenda pública”, indicó.

En ese mismo eje, reclamaron “un rol activo en el diseño y evaluación de las PPSS” a través de modalidades de “co-gestión” de los proyectos; declararon promover “activamente los mecanismos de control del uso de los fondos públicos y la transparencia en la rendición de cuentas hacia la ciudadanía” y plantearon defender “un sistema claro, eficiente y auditable que fortalezca la confianza pública”.

Por otro lado, propusieron la creación de “una mesa de diálogo sostenida durante el período de gobierno que permita trabajar en una alianza estratégica entre el Estado y las OSC en los temas comunes”. “Creemos que un espacio institucionalizado y permanente de intercambio permitirá mejorar la calidad de las políticas públicas y fortalecer el vínculo entre el Estado, las organizaciones y la ciudadanía”, cerró.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) también se pronunció respecto al anuncio; lo valoraron cojmo “un paso fundamental para reparar una deuda histórica que se arrastra desde que comenzaron las tercerizaciones”.