Las organizaciones sociales que integran el Observatorio Luz Ibarburu -entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Memoria en Libertad, el PIT-CNT y Fucvam- manifestaron este miércoles su rechazo a los proyectos de ley que plantean otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.
El lunes, horas antes de que la Asamblea General conmemorase los 40 años de la recuperación democrática, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y el diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) presentaron formalmente sendas iniciativas al respecto. La de Bordaberry, además de crear una “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más” bajo la órbita de Presidencia, plantea la excarcelación de “toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985” que supere los 75 años de edad. Esto se haría mediante una solicitud ante la Justicia en la cual se “acredite la edad y la situación de salud que justifique la medida”.
El proyecto de Goñi, en tanto, dispone la prisión domiciliaria preceptiva -sin intervención judicial- a partir de los 70 años de edad. “Tan solo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos (edad y antigüedad del hecho)”, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa impulsada por el diputado nacionalista.
Este miércoles, la directora del Observatorio Luz Ibarburu -especializado en el seguimiento de las causas judiciales vinculadas a la dictadura-, Fernanda Aguirre, anunció en conferencia de prensa la “oposición absoluta” por parte de las organizaciones sociales a la prisión domiciliaria para los represores de la dictadura y encuadró ambos proyectos en “una embestida revisionista que niega los gravísimos delitos de lesa humanidad”.
“Es absolutamente insultante pedirle a una madre que no le han devuelto a sus hijos, pedirle a una persona que la abusaron sexualmente, pedirle a una persona que le robaron su identidad, que se reconcilie con los victimarios”, afirmó Aguirre, en referencia a la propuesta de Bordaberry. En la exposición de motivos del proyecto del senador colorado se sostiene, entre otras cosas, que “la reconciliación auténtica no surge del olvido, sino de la integración serena del pasado, de la verdad documentada y del tratamiento institucional adecuado”.
“Conocemos Domingo Arena y parece más un hogar de retiro que una cárcel”
Por su parte, Pablo Chargoñia, abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado y miembro del Observatorio Luz Ibarburu, dijo que, “desde el punto de vista jurídico, estos proyectos de ley violentan el deber internacional que tiene el Estado uruguayo de promover y proteger los derechos humanos”. En caso de que se aprueben el Parlamento, auguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores “se debería ver obligado a responder” tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ante la Organización de las Naciones Unidas.
“Uruguay tiene el deber de legislar en un sentido exactamente contrario al que proponen estos proyectos de ley; en un sentido de investigar cabalmente, de realizar la justicia eficaz, oportuna y en tiempo, de proteger a las víctimas”, expresó.
Por otra parte, Chargoñia indicó que en estos momentos “aproximadamente la mitad de los imputados, procesados o condenados” por crímenes cometidos en la dictadura ya están en prisión domiciliaria, dado que la normativa vigente prevé que, “en caso de enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, de acuerdo a certificados médicos del Poder Judicial”, puede disponer la excarcelación.
Apuntó, además, que las condiciones de reclusión de los represores que cumplen su condena en la cárcel de Domingo Arena son “absolutamente diferentes a las del resto de las personas privadas de libertad”. “Conocemos Domingo Arena y parece más un hogar de retiro que una cárcel; de modo que cualquier afirmación respecto a una pretensión humanitaria a favor de los detenidos en Domingo Arena es un acto de cinismo, falsedad e injusticia”, afirmó.
Asimismo, Chargoñia puntualizó que los represores condenados “han tenido oportunidad de defenderse plenamente”, en el marco del debido proceso, incluso “a veces con algún exceso en el ejercicio de la defensa”.
“Por estas razones creemos que se deben rechazar enfáticamente los proyectos de ley, que a nadie escapa tampoco han sido presentados en ocasión de una lamentable gestión del presidente de la República y la ministra de Defensa Nacional, también en aparente beneficio de los alojados en estas prisiones, que también debe ser rechazado”, expresó el abogado, en referencia a la reunión que mantuvo Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, por la situación de los represores en Domingo Arena.
Consultada al respecto, Aguirre dijo que el mandatario “puede saber a través de esta conferencia de prensa cuál es la posición del movimiento social, que esperamos la tenga presente, porque además ya la conoce con antelación”. “Los represores tienen todos los mecanismos a través de la Justicia para dar sus mensajes, y no es a través del presidente de la República que los tienen que transmitir; no pasa así con el resto de los 16.000 presos que están en condiciones infrahumanas”, afirmó.