“Supieron en qué lugar de la vida iban a pararse. Y junto a quiénes. Refugiados y refugiadas, presas y presos políticos, víctimas, vulnerables, indefensos”: así comienza el informe anual del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), presentado este martes, que dedica sus primeras páginas a la exvicecanciller Belela Herrera y al psicoanalista Marcelo Viñar, fallecidos este año, ambos comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

Serpaj apunta que la sociedad uruguaya “se vio sacudida por casos terribles de violencia contra las infancias que dan cuenta de la persistencia y profundización de problemáticas estructurales como la violencia institucional, las condiciones inhumanas en lugares de encierro, la exposición de niñas, niños y adolescentes a vulneraciones severas y la nula respuesta estatal frente a la violencia basada en género”. “Además, continuamos siendo testigos del sostenido crecimiento de la tasa de prisionalización, acompañada de lamentables muertes en cárceles”, agrega.

A su vez, en un año marcado por el cambio de gobierno, Serpaj destaca que el presupuesto anunciado por el Poder Ejecutivo para el quinquenio es “absolutamente magro para atender estas realidades críticas”, y, también, que “la agenda de seguridad continuó con su tradicional reproducción en el discurso público de enfoques exclusivamente punitivos y cortoplacistas”.

El informe aborda lo vinculado a memoria e impunidad, democracia y derechos humanos. Incluye artículos sobre la ley de regulación del cannabis, las acciones de la sociedad civil frente a la violencia ejercida por Israel sobre Palestina, el sistema de justicia, la violencia policial, y los derechos económicos, sociales y culturales, con apartados dedicados a las infancias y las adolescencias, la violencia de género, la diversidad sexual y la discriminación, el impuesto del 1% al 1% más rico, el presupuesto para la Universidad de la República, entre otros.

En la presentación del informe, en el teatro Solís, participaron la activista feminista Lilián Celiberti, el sociólogo Gabriel Tenenbaum y la periodista Mariana Contreras. En su intervención, Celiberti destacó que el contexto actual “es complejo” ya que “las premisas o supuestos que sostienen los principios de derechos humanos, sociales y ambientales están en disputa”.

A su vez, planteó que “el realismo capitalista penetra en todas las esferas de la vida y del poder” con prioridades “que falsean necesidades” como “que la seguridad pública se estructura sobre la base del policiamiento y la violencia estatal” o “desarrollando sensibilidades revisionistas como cuando se pone la mira en los militares encarcelados por violaciones de lesa humanidad” o “colocan las lógicas del mercado como si no hubiera ninguna otra alternativa”.

Violencia hacia niños, niñas y adolescentes

En uno de los artículos del informe, titulado “Entre omisiones y retrocesos: el Estado uruguayo perpetúa la violencia”, la licenciada en Sociología y directora de la asociación civil El Paso, Cristina Prego, hace un repaso por los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes.

Prego afirma que las acciones desarrolladas por el Estado para prevenir, atender, reparar y perseguir las violencias hacia las infancias y las adolescencias “no han logrado impactar de forma efectiva y relevante en el abordaje del problema y en la reparación de los daños que este provoca”.

En particular, entre otras cosas, la socióloga mencionó la ley aprobada en 2023 de corresponsabilidad en la crianza y apuntó que esta normativa es “claramente regresiva en cuanto a las obligaciones del Estado uruguayo de garantizar derechos, viola los principios de no discriminación, progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

“En este tiempo en que está vigente la ley, se ha evidenciado, a partir de la casuística y del trabajo de acompañamiento y asesoría, el incremento de revinculaciones forzadas sin escuchar la voz de las niñas y niños involucrados, arrancamientos de niñas y niños de sus madres, cuestionamientos del sistema de justicia, de informes técnicos, entre otras prácticas que provocan y profundizan daños”, sostiene.

En ese sentido, otro de los artículos incluidos es un informe de organizaciones de la sociedad civil al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que da cuenta de que dicha ley en sus artículos 4 y 6 “deja a criterio del juez interviniente si se mantiene o no el régimen de tenencia compartida y si las infancias deben seguir manteniendo o no visitas con personas denunciadas por violencia contra ellos/as”, lo cual califican de regresivo y advierten que vulnera el interés superior del niño. Con base en eso, la recomendación es eliminar dicha ley, la 20.141.

“Patrón de impunidad estructural” en los siniestros laborales

Por otro lado, los abogados Juan Manuel Caruso, Máximo Cossia y Carlos Rodríguez, del Grupo de Estudios en Política Criminal de la Universidad de la República, exploraron “el contexto histórico, político y dogmático que dio origen” a la Ley 19.196 de Responsabilidad Penal empresarial, analizan datos empíricos sobre la siniestralidad laboral y examinan “la influencia del actuar de la Administración en la prevención”.

En el artículo, apuntan que la decisión política de crear una legislación para proteger los derechos de los trabajadores a través del derecho penal “generó resquemores a nivel empresarial”. “No es lo común que la política criminal, selectiva y clasista en general, criminalice este tipo de omisiones que forman parte de conductas denominadas ‘de cuello blanco’”, marcan.

Con base en datos de la División Condiciones Ambientales de Trabajo de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social de la cartera de Trabajo, que comprenden el período de noviembre de 2017 a diciembre de 2021, relevaron 204 accidentes y 210 personas accidentadas. El rubro donde se producen más siniestros es en la construcción.

En ese marco, del análisis realizado por los investigadores, surge que las infracciones más frecuentes fueron violaciones a la Ley 5032 de prevención de accidentes de trabajo, al Decreto 125 de normas sobre seguridad e higiene en la construcción y al Decreto 406/988 sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. Respectivamente, se violaron estas normativas, 98, 91 y 63 veces.

“De las cifras del período analizado, logramos apreciar un patrón de impunidad estructural: las muertes y lesiones ocurren en contextos de infracción sistemática de la normativa laboral, sin que ello termine en alguna consecuencia”, sostienen, y resaltan que “la prácticamente nula imposición de sanciones, falta de denuncias penales ante casos graves y ausencia de seguimiento sistemático reflejan un gran problema en la función fiscalizadora del Estado”.

“Las verdades son negadas y las responsabilidades siguen sin asumirse”

En lo vinculado a memoria e impunidad, cuatro integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Laura Boiani, Carolina Carretero, Patricia López Melo y Graciela Montes de Oca, recordaron el gesto del presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta, Carolina Cosse, cuando, en la asunción presidencial, bajaron del auto que los trasladaba para saludar a la organización. De todas formas, señalan, aunque “aquel gesto simbólico encendía una pequeña esperanza en todas nosotras”, “hoy sigue sin haberse traducido en un acto concreto”.

En ese sentido, destacan que “una vez más” se encuentran “reclamando por la tan demorada orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente de la República”, quien es el comandante en jefe de estas. “Los archivos continúan ocultos, las verdades son negadas y las responsabilidades siguen sin asumirse”, afirman.

Por otra parte, el equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, integrado por los abogados Pablo Chargoñia, Leonardo Di Cesare y Agustina Rodríguez, da a conocer en un informe en el que se registraron 117 represores imputados, procesados o condenados, desde el primer pronunciamiento judicial en 2002 a octubre de 2025, y señalan que “varios de estos represores fueron procesados o condenados en más de una causa”. Asimismo, 32 de ellos murieron.

Aproximadamente la mitad de los que fueron enjuiciados o condenados está en prisión domiciliaria, y quienes están en establecimientos penitenciarios se alojan en lugares gestionados por el Instituto Nacional de Rehabilitación “notablemente distintos a los que padecen las demás personas privadas de libertad en Uruguay”. “La mayoría están en la Unidad de Penitenciaría 8, enclavada en el cuartel de la calle Domingo Arena. Otros se alojan en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana sita en la avenida José Pedro Varela”, agregan.