A mediados de marzo del año pasado, cuando el escenario político comenzaba a tomar color de cara a la campaña electoral para las elecciones internas y las nacionales, el presidente Luis Lacalle Pou le pidió al directorio de Antel que “agotara todas las instancias” de la causa del Antel Arena.

En ese momento, en febrero, la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos, a cargo del fiscal Alejandro Machado, había archivado la investigación por la construcción del arena al entender que las autoridades de la época no habían actuado arbitrariamente ni de “forma ilícita”.

Ante esa decisión, el directorio de Antel –a pedido de Lacalle Pou– solicitó el desarchivo de la causa tomando como base un informe del abogado Gustavo Bordes, promotor de la denuncia original en nombre de la empresa pública. La Justicia aceptó el pedido y la causa le fue asignada a la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, quien este jueves dictó nuevamente el archivo.

La decisión fiscal generó repercusiones políticas. La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, impulsora del proyecto, aseguró que se trató de una “operación política”, mientras que el Frente Amplio (FA) cuestionó la “judicialización como herramienta para intentar afectar la imagen de candidatos”. Pablo Mieres, exsenador y exministro de Trabajo y Seguridad Social, y uno de los principales cuestionadores del proyecto, aseguró que tras el dictamen ya no hay mucho más que hacer. “La Justicia actuó y ya está”, dijo.

Cosse: la causa fue una “operación política” y el archivo “muestra que cuando las cosas se hacen con honestidad vale la pena”

Cosse, que fue presidenta de Antel durante la administración de José Mujica, ministra de Industria, Energía y Minería en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez y principal impulsora del proyecto del Antel Arena, habló este jueves del desenlace de la causa.

“Quiero reforzar mi confianza en todos los uruguayos y uruguayas que han disfrutado del Antel Arena [...]. Funcionó incluso como vacunatorio. Reafirmar la confianza en la república, en la Justicia y la democracia. Este fue un proceso que fue una operación política en la que la Justicia no tuvo nada que ver, hizo su trabajo. Fue un proceso que comenzó en la campaña electoral hacia la intendencia, que fue archivado y luego reavivado de vuelta en campaña electoral”, dijo.

Cosse aseguró que la “operación política intentó aleccionar a los funcionarios públicos y a la población”. “Esto generó miedo e inseguridades. Este resultado muestra que cuando las cosas se hacen con honestidad, transparencia, apegado a derecho, con innovación y mucho compromiso, vale la pena”, acotó.

Por su parte, el FA emitió una declaración en la que reitera su “confianza” en la Fiscalía y lamenta que en “Uruguay se utilice la judicialización” para “intentar afectar la imagen de candidatos”. En ese sentido, la fuerza política “reafirma” su “absoluto respaldo” a Cosse.

Larrosa: “Se enchastró durante diez años”

Daniel Larrosa, director de Antel en representación del FA, dijo a la diaria que el fiscal Rodríguez llegó a la “conclusión básica” de que no “hubo nada de apariencia delictiva”. “Es un equipo fiscal especializado con contadores, con gente muy estudiosa en estos temas y llegaron a que no hay nada que se pueda decir de algún tipo de delito; lo mismo que había concluido el anterior equipo fiscal”, señaló.

El jerarca cuestionó que el directorio de la empresa pública haya actuado “a instancias” del presidente Lacalle Pou para solicitar la reconsideración del tema. “Esto estuvo manejado por fuera de Antel desde un principio; por eso lo que digo es que acá Gurméndez [Gabriel, expresidente de Antel] entró con una consigna: hacer una denuncia sobre el Antel Arena”, acotó.

El director cargó contra el directorio de la empresa por el manejo de la información de la auditoría presentada ante la Justicia en el marco de la causa. Para Larrosa, la auditoría –pilar fundamental de la denuncia original– fue “un desastre” y tuvo varias “inconsistencias”. “Por ejemplo, no actualizaba los valores por inflación, así que daba lo mismo que compraras en 2014 que en 2022, y así una auditoría no pasa el primer año de Facultad de Ciencias Económicas si no sabes actualizar un precio”.

Larrosa aseguró que se gastaron 100.000 dólares en esa auditoría y el pago de abogados, y no descartó que el FA lleve adelante acciones políticas. “Es una definición política del FA; yo creo que se enchastró durante diez años y hay elementos suficientes para decir que llevaron a Fiscalía algo que jamás debería haber estado ahí”, sentenció.

Mieres: “Creo que la Justicia actuó y ya está”

Mieres, impulsor de la comisión investigadora sobre el Antel Arena y de la interpelación realizada a Cosse en 2018, dijo a la diaria que, si bien los temas que señaló en su momento no configuraron delitos según la Justicia, no tiene “ninguna duda” de que la “decisión de construir el Antel Arena está fuera del principio de especialidad” de la empresa pública.

Mieres aseguró que “otro gran tema” es que cuando se anunció el proyecto se dijo que “iba a salir 40 millones de dólares y terminó saliendo casi 100”.

“Fue más del doble, y esas cosas se hicieron en perjuicio de otras que tenían prioridades, como Casupá”. El fiscal señaló en su dictamen que los 40 millones de dólares hacen referencia a los costos de la obra civil, y no incluía los costos de otros elementos, como los bancos para las gradas.

Consultado sobre la decisión fiscal y lo que se puede venir, Mieres aseguró que la “Justicia actuó y ya está”.