El comienzo de un gobierno significa la puesta en marcha del trabajo de las nuevas bancadas legislativas, y uno de los primeros asuntos tiene que ver con la aprobación de las venias para direcciones, organismos y empresas públicas. Se trata de un proceso formal que, la mayoría de veces, se supera sin sobresaltos. Sin embargo, en algunos casos surgen cuestionamientos desde la oposición, y el caso de Mario Layera, cuya venia entrará en comisión este miércoles, parece ser uno de ellos. Una vez remitido el pedido de venia por parte del gobierno, fuentes de la bancada nacionalista dijeron a la diaria que “existen reparos” para apoyar la designación.

La postura de algunos actores de la oposición se argumenta en los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia para reunirse con Rocco Morabito en Cárcel Central y en la fuga de este último, que sucedió mientras Layera –propuesto para dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado– era director nacional de la Policía. Sin embargo, aún no hay una posición tomada respecto del pedido de venia, y si bien entre los legisladores se manejaba la posibilidad de conversarlo en la reunión de bancada de este lunes, luego de la instancia primó el hermetismo y se limitaron a señalar que el tema seguirá “arriba de la mesa”.

Esta postura contrasta, a priori, con otras que aparecen en la coalición opositora. Por ejemplo, el senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que “todas las venias” en su conjunto están sujetas al “acuerdo multipartidario” que se está tratando de llevar adelante con el gobierno mediante la “coparticipación” que se busca establecer a través de los cargos de oposición. “Es una propuesta del Poder Ejecutivo, de una persona que es de confianza del Poder Ejecutivo, por lo tanto, en el marco de este acuerdo habrá que proceder”, indicó Silva sobre el caso de Layera.

La venia de Layera necesita un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes del Senado, como establece el artículo 187 de la Constitución. Si esta no fuese otorgada dentro del término de 60 días de ingresada, el Poder Ejecutivo podrá formular una nueva propuesta o reiterar la anterior. En este último caso, la iniciativa podrá ser aprobada con el solo voto de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.

El caso Morabito

Tras el fallecimiento de Julio Guarteche, Layera lo sucedió en la Policía Nacional y se mantuvo en ese cargo en la última administración del Frente Amplio. En ese período tuvieron lugar la fuga de Morabito y los traslados de González Valencia, dos episodios que lo llevaron a declarar como indagado ante la Justicia años después.

En el caso de los traslados, la Fiscalía los investigó previo a la extradición de González Valencia a Estados Unidos en junio de 2020. El recluso era llevado del comando de la Guardia Republicana a Cárcel Central, donde se ubicaba el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En ese entonces, este había solicitado tener visitas conyugales, pedido que fue trasladado a Alfredo Clavijo (entonces director de la Guardia Republicana), quien a su vez derivó la decisión a la dirección del INR, alegando razones de seguridad.

Desde allí remitieron la decisión al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien, junto con Layera, decidió que el mejor lugar para realizar las visitas era el CIDD de Cárcel Central. La jueza que autorizó los traslados de González Valencia para sus visitas conyugales en Cárcel Central, Beatriz Larrieu, confirmó a la diaria que ni Clavijo ni Layera estuvieron luego imputados por la investigación que llevó a cabo el fiscal original del caso, Ricardo Lackner.

También recordó que el único al que le recayó esa condición –un capitán de la Guardia Republicana– fue sobreseído luego por la fiscal Silvia Porteiro. La autorización fue concedida por Larrieu a González Valencia en 2016, un año antes de que Morabito fuera detenido.

Este caso volvió a estar en agenda hace algunas semanas, cuando el exministro del Interior Nicolás Martinelli cuestionó la posible designación de Layera y Clavijo. Entrevistado por el programa Desayunos informales (canal 12), señaló: “Son dos personas que están indagadas en dos causas que son una vergüenza nacional para la Policía y para la Fiscalía: la fuga de Morabito y los traslados de González Valencia, un capo narco de los cinco más buscados en el mundo en aquel momento, para hacer visitas a Morabito en Cárcel Central”.