A instancias de la oposición departamental, que recibió el martes en la Junta Departamental (JDM) al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, para que informase sobre la situación financiera de la comuna capitalina, la Intendencia de Montevideo (IM) elaboró un informe especial en el que se sostiene que la capital sufrió un recorte de 20,6% en las transferencias por parte del gobierno nacional encabezado por Luis Lacalle Pou hasta el 28 de febrero.

En el documento de la IM, al que tuvo acceso la diaria, las autoridades departamentales marcan cuatro puntos que contribuyeron a deteriorar la situación financiera. El último balance disponible, correspondiente a la Rendición de Cuentas de 2023, arrojó un déficit presupuestal de 439 millones de pesos.

En primer lugar, la IM plantea que, en materia de transferencias del gobierno nacional, la comuna capitalina tuvo una disminución de 20,6% entre 2019 y 2023, pasando de recibir 3.998 a 3.166 millones de pesos, mientras que las intendencias del interior tuvieron una caída de 7,9% en el mismo período, pasando de 23.667 a 21.787 millones de pesos. Se señala que “para que Montevideo presente igual variación que el resto sería necesario transferir 652 millones de pesos en promedio cada año”; se advierte además que existe un “desfasaje en el tiempo de las transferencias de las partidas”.

Por otra parte, la IM señala como un factor negativo “la abrupta eliminación de la tasa de inflamables”, que significó “una reducción significativa” en la recaudación del gobierno departamental. “Esta tasa implica una disminución en la recaudación estimada de 232.533.259 pesos para 2025 y cerca de 1.000 millones en total”, se indica en el documento.

En tercer lugar, el oficialismo departamental menciona la separación del pago de las multas de tránsito del pago de la patente, modificación que impulsó el anterior gobierno en la Rendición de Cuentas de 2023 y que “le generó a la IM en 2025 una pérdida de recaudación por multas que ascendió a 127 millones de pesos”. Se señala que 3,6% de los vehículos empadronados en la capital pagaron únicamente la patente y no las sanciones que tenían pendientes.

Por último, la IM marca que en los últimos cuatro años se ha acumulado una deuda de 1.008.843.331 pesos por parte de los organismos públicos -tales como ministerios y entes descentralizados-, respecto de la cual 43% corresponde sólo a la tarifa de saneamiento.

En la JDM, Zunino aseguró que, “a pesar de estas dificultades”, la comuna capitalina no tiene “ningún elemento que nos haga pensar en consideraciones de dificultad”. Zunino dijo que hay “ciertos alarmismos generados por parte de ciertas facciones de prensa que, más que prensa, son operadores”.

El edil nacionalista Javier Barrios Bove cuestionó en sala el argumento de la deuda de los organismos públicos. Señaló que durante el anterior gobierno no hubo “ningún planteo” ni “ninguna convocatoria” por parte del Frente Amplio a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para explicar ese tema. “Esto es más un berrinche, un capricho, un escapar a las responsabilidades que la administración tiene sobre el mal manejo de los recursos públicos”, expresó.

Por su parte, el edil colorado Tulio Tartaglia criticó que en el análisis de las transferencias nacionales “se sumen rubros que no se tienen que sumar”, como el Fondo de Desarrollo del Interior, una categoría en la que la IM “nunca va a tener presupuesto”, y la “caminería de emergencia”, dado que el departamento “no tiene caminería rural tal como lo define la ley”. “Esa gráfica no es exacta, es una falacia”, manifestó.