“No nos mueve el odio ni el rencor. No olvidamos, simplemente seguimos luchando contra la impunidad para afirmar la justicia, el Estado de derecho y la democracia”, decía parte de la proclama de Crysol leída por las ex presas políticas Nélida Chela Fontora y Nibia López, acompañadas del presidente de la organización, Gastón Grisoni.

A 40 años, en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, ubicado en el parque Vaz Ferreira en el Cerro, Crysol conmemoró el 14 de marzo, pero de 1985, cuando fueron liberados los últimos 47 presos y presas políticas de la dictadura. “Una multitud les esperaba para abrazarlos, acompañando un paso fundamental dentro de la recuperación democrática”, subrayó el mensaje enviado por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El martes, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley de artículo único para declarar el 14 de marzo como día de la ex presa y del ex preso político “en reconocimiento al papel llevado a cabo en la lucha por la democracia, la libertad y el Estado de derecho a las miles de personas que, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985, fueron privadas de su libertad, enfrentando la actuación ilegítima del Estado, la dictadura civil militar de Juan María Bordaberry y el terrorismo de Estado”.

El proyecto de ley responde a un reclamo de hace varios años de Crysol, y en el acto del viernes expresaron que esperan que “a la brevedad” el Parlamento oficialice el reconocimiento “mediante una ley que reivindique a todas y todos”, que significará “un acto de justicia”.

En primera fila estaban el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse. El día de la asunción presidencial, las autoridades rompieron el protocolo del traslado desde el Palacio Legislativo hasta la plaza Independencia para saludar a los integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que reclamaban pacíficamente, y como en todas las asunciones, saber dónde están sus familiares.

Además, estaban el secretario y el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y las directoras de las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Colette Spinetti y Alejandra Casablanca.

Delante del memorial, Fontora continuó con la proclama: “Hoy reafirmamos nuestra condición de militantes, de luchadores sociales y políticos”. “Seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la democracia, con la libertad que ayudamos a forjar desde distintos ámbitos, luchando con parte del pueblo organizado y resistiendo en los campos de concentración”, remarcó en referencia a los centros clandestinos de represión y tortura.

Fontora destacó que “en las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, fuimos privados de nuestra libertad”, así como “condenados por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal”.

Es por eso que afirmó que como “sobrevivientes del horror de los centros de tortura, de recuperación, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado”, asumieron “la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, las atrocidades sufridas por miles de personas, de mantener viva la memoria de los crímenes de lesa humanidad”.

López siguió con la proclama y resaltó que las sentencias de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de María Claudia García de Gelman, Luis Eduardo González González y Óscar Tassino, y los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, son “claros y potentes pronunciamientos” contra el Estado y el Poder Judicial “por no proveer la justicia que los casos ameritan y por haber violentado el legítimo derecho de las víctimas y de sus familiares”.

Además, prosiguió, “la Suprema Corte de Justicia fue observada, porque hasta ahora desconoce el carácter de crímenes de lesa humanidad de las atrocidades cometidas y ha sido permisiva con las chicanas legales de los denunciados”.

“Las presiones para que el Poder Judicial no actúe son enormes y están a la vista de todo el mundo”, aseveró y señaló que “las campañas de prensa y mediáticas son notorias”, y que “las acusaciones destempladas y sin fundamentos de varios senadores nostálgicos son conocidas”.

López dijo que la razón para hacer ese acto “simbólico y militante” cada año es poder rendir un “sincero homenaje” a aquellos que “no nos acompañan físicamente y a nuestros detenidos y detenidas desaparecidas”. “Presente, compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos. Siempre presente”, reafirmó.

Para terminar el acto, Grisoni dijo que el músico argentino León Gieco les había mandado un mensaje que leyó a todos: “Me adhiero en este importante día, día de la liberación de quienes nos han enseñado de la lucha, que lo hemos aprendido para siempre”.

Finalizó y, mientras sonaba la canción “El ángel de la bicicleta” de Gieco, el presidente y la vicepresidenta de la República saludaron a los integrantes de Crysol y de Madres y Familiares. Cosse, en diálogo con la prensa, aseguró que una democracia es débil cuando no tiene memoria, verdad, justicia y cuando “admite la impunidad”.

En ese sentido, destacó como tarea “hacer todo lo que podamos para que la justicia llegue a todos los rincones”. Consultada por el proyecto de ley presentado por la bancada frenteamplista, la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores indicó que lo van a promover y estudiar “con toda la seriedad que se merece”.

Para Casablanca, hay que “entender” que las secretarías no son “compartimentos estancos”

Sentadas en la primera fila, una al lado de la otra, Spinetti y Casablanca conversaron con la diaria sobre el rol que tendrán las secretarías que dirigirán y también cómo trabajarán en conjunto. Según dijo Casablanca, están en contacto permanente.

Spinetti, que dirigirá la Secretaría de Derechos Humanos, remarcó que para que haya derechos humanos “tiene que haber justicia”, y que esta tiene que ser social, histórica y de la memoria. “Todas las personas, sean afro, trans, de cualquier población, tenemos en nuestro pasado reciente personas que han sido presas políticas o desaparecidas”, sostuvo y resaltó: “Vos no podés pensar en una política de derechos humanos sin memoria, verdad y justicia”.

“En este pasado reciente, las personas trans éramos llevadas presas; muchas personas trans no tenemos registros”, planteó Spinetti en referencia a que no tenían cambio de nombre, y aseveró que Uruguay “tiene una gran deuda”. Por lo tanto, proyectó la necesidad de “ver los derechos humanos desde una unicidad”.

Por su parte, Casablanca, quien estará al frente de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, adelantó que lo que le toca desde su rol es centrarse en “reconstruir” la dependencia de Presidencia “que funcionaba con mucha fuerza en su momento”, y que “perdió la parte investigativa, la parte de educación, la parte de presencia continua en el respaldo a los sitios [de Memoria]”.

Mencionó que la secretaría no debería “sólo ser un auxiliar” de la Fiscalía de Corte o de la Institución Nacional de Derechos Humanos o del Grupo de Investigación en Antropología Forense, sino que además cumpla un rol que va en línea con lo que decía Spinetti: “Entender que la memoria lo que construye no es pasado, sino es presente y futuro”. “Esa memoria que construye presente y futuro tiene que estar enraizada en todo”, manifestó.

A su vez, destacó que como secretaría tienen que “brindar toda la información desde el Poder Ejecutivo, intentar acceder a todos los archivos, trabajar muy fuertemente con la Universidad de la República”, y además, “entender que no somos compartimentos estancos, y que tenemos que hacer un trabajo de sinergia más allá del rol que nos toque a cada uno”.