El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta cursó este miércoles un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y a todas las intendencias departamentales para conocer el alcance del vínculo entre la administración de Luis Lacalle Pou y la fundación A Ganar, luego de que se conociera que, tres días antes de abandonar el cargo, el expresidente firmó una resolución de contratación directa a la fundación para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Según consta en la resolución, ese direccionamiento de 3,6 millones de dólares tiene como objetivo que se gestione y se haga el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por la cartera. Se agregó, además, que el plazo de vigencia de la contratación se establecería entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.
La sospecha en el FA es que esta situación con la fundación, que tiene vínculos explícitos con el Partido Nacional (PN), se haya extendido durante todo el período de gobierno (2020-2025) en varios organismos del Estado, además del Mides, por ejemplo, en las intendencias departamentales.
Brenta dijo a la diaria que el objetivo es conocer todas las contrataciones que hizo el Estado a esta fundación durante ese período, tener detalles de los montos y los objetivos de la contratación, además de contar con información sobre el “cumplimiento” de las tareas. “Queremos comprobar hasta dónde el gobierno impulsó contratos con esta organización, con la cual evidentemente existe una afinidad”, cuestionó el legislador.
“Sabemos que esta situación está extendida a nivel de buena parte del gobierno anterior y también que, en varias intendencias del país, en algunos casos, generó contrataciones equivalentes al 20% o 30% de la cantidad de funcionarios de la intendencia”, continuó Brenta, y definió esta situación como una suerte de “intendencia paralela”.
Brenta aseguró que el FA tiene información que señala que todas estas contrataciones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, y comentó que aún es “pronto” para saber si esto puede llegar a tener repercusiones jurídicas. “Tenemos que evaluar la información, ver cómo se vinculan con el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, si cumplieron con todos los organismos a los que hay que rendir cuentas. De allí traeremos conclusiones y veremos los pasos a dar”, sentenció.
Las nuevas autoridades del Mides están “estudiando” esta situación, pero las sospechas se basan también en algunos antecedentes de fuertes críticas del actual oficialismo a la relación que mantuvieron la administración de Lacalle Pou y algunas intendencias blancas con la fundación A Ganar. Según reconstruyó la diaria en setiembre de 2022, la fundación había recibido hasta ese momento 426,5 millones de pesos por estos convenios, lo que equivalía en ese entonces a 10,5 millones de dólares. Más de la mitad del total correspondía a acuerdos con la Intendencia de Maldonado.