El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió ayer al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien presentó a los dirigentes frenteamplistas las 60 medidas prioritarias que se anunciaron luego del primer Consejo de Ministros para comenzar el trabajo de elaboración del presupuesto, ley base del gobierno que entrará en vigencia a partir de 2026.
En rueda de prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que la intención de estos encuentros —que serán periódicos— es que la fuerza política pueda dar un “seguimiento” a las acciones del gobierno. “Son prioridades que van a tener presupuesto a partir de que se vote y que están vinculadas al desarrollo, al trabajo, a la seguridad pública, a la educación, a la investigación, a mejorar la calidad del empleo, el ingreso y que al final de nuestro período, cuando el gobierno sea evaluado, la desigualdad en Uruguay haya caído”, valoró Pereira.
El dirigente partidario dijo que el Poder Ejecutivo fue a la sede de la fuerza política con un “planteo compacto” y “un rumbo claro y preciso”. Señaló que le consta que el gobierno está realizando un “trabajo faraónico” para empezar a ejecutar estas medidas en los primeros 60 días en el poder. “Estamos muy conformes con la manera en la que el gobierno está transmitiendo estas acciones”, señaló.
Por su parte, Sánchez dijo que no cree que “los uruguayos y las uruguayas le estén reclamando gestos al gobierno”. “Le reclaman hechos, acciones”, aseguró, y reafirmó que las políticas anunciadas estarán “financiadas por el Presupuesto”. “Nosotros no hemos sido elegidos para gobernar sólo los primeros 60 días; hemos sido elegidos para gobernar los 60 meses que implican cinco años de gobierno”, puntualizó.
La situación de Rodrigo Arim es un “caso cerrado”
Sánchez fue consultado sobre la información que se conoció ayer vinculada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. Un informe del programa La Pecera divulgó que el exrector de la Universidad de la República no había realizado el trámite de fin de obra y no abonaba el impuesto de Primaria por su casa de veraneo. Arim brindó una rueda de prensa para especificar que toda la construcción que realizó en su terreno en el balneario Solís, en Maldonado, tuvo la correspondiente aportación al Banco de Previsión Social y todos los trámites ante la Intendencia de Maldonado.
Para Sánchez, quedó “absolutamente claro” que Arim construyó la vivienda en el marco de la normativa nacional” y dijo que, efectivamente, tuvo “algunas dificultades” para culminar la construcción, por lo que aún no dio fin a la obra. “Eso les pasa generalmente a muchos uruguayos que contratan una obra con el constructor y luego tienen discusiones; pasa en la obra pública, en donde hay debates, controversias, arbitrajes acerca de si hizo bien la empresa o hizo mal y si uno tiene que terminar de pagar. Para mí es un caso cerrado, no tengo más comentarios para hacer al respecto”, dijo.
Por otra parte, Sánchez fue consultado sobre el inicio del trabajo de la comisión sectorial de la OPP que lleva adelante el diálogo por la seguridad social. El jerarca comentó que las dos reuniones que mantuvo la comisión con el PIT-CNT y las cámaras empresariales han sido “muy buenas”, en las que el gobierno marcó la hoja de ruta. En esa dirección, recordó que se buscará discutir sobre cuidados, la protección de la infancia, el trabajo y las prestaciones de la seguridad social. “Encontramos una enorme receptividad a trabajar en esta metodología para lograr consensos. Habrá consensos, acuerdos y habrá diferencias. Y de ese trabajo emergerá un conjunto de decisiones”, señaló, y dijo que podrán ser decretos, resoluciones o proyectos de ley.
Sánchez fue consultado sobre la edad mínima jubilatoria, uno de los puntos que la central de trabajadores quiere rediscutir en el diálogo social y que formó parte de la propuesta de reforma constitucional que el movimiento social llevó adelante en las elecciones nacionales del año pasado, sin éxito. El jerarca cuestionó que la anterior administración haya “elevado la edad al barrer”, dijo que fue un “error” y que es algo que “hay que solucionar”. “Será parte de lo que discutiremos en el diálogo social y luego será, obviamente, un proyecto de ley en particular que reúna los acuerdos de ese diálogo social”.
La oposición le “echa la culpa a los sindicalistas” de la situación de Ancap
Por otra parte, el jerarca también habló sobre la polémica generada tras la conferencia de prensa de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el pasado viernes, en la que se informó sobre la situación financiera de Ancap y que generó un cruce con la oposición. La jerarca irá por iniciativa propia el próximo viernes 2 de mayo a la Cámara de Diputados para informar sobre este tema.
Sánchez señaló que ese asunto no estuvo presente en la reunión con el Secretariado, pero criticó que la oposición no se responsabiliza por el estado económico de la empresa estatal. “Después de una década, Ancap tiene un déficit importante y [la oposición] les echa la culpa a los sindicalistas. Para la oposición, la culpa siempre es de otros, nunca de ellos. Lo cierto es que lo que se comunicó con transparencia es que después de diez años Ancap ha tenido un balance negativo y que ha asumido compromisos financieros por orden de los 255 millones de dólares”, cuestionó.