La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) recibió este lunes a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien aportó información sobre la investigación que está promoviendo en torno al proceso de compra de las dos patrullas oceánicas OPV, que derivó en la sanción con arresto a rigor a cuatro jerarcas de la Armada Nacional –entre ellos el excomandante en jefe– por “faltar a la verdad” en el proceso de pago del segundo hito establecido en el contrato con la empresa española Cardama.

La ministra dijo en declaraciones a la prensa, a la salida del encuentro, que el equipo de trabajo que conformó para investigar de “manera exhaustiva” continúa trabajando, por lo que no se descarta que haya nuevas acciones. “Seguramente vamos a tomar algún paso más”, dijo, y comentó que en el ministerio se avanzará en una investigación administrativa para conocer todo el proceso de compra y la participación de los funcionarios que intervinieron.

La jerarca comentó que durante el proceso de compra hubo “mucha desprolijidad”. “Hay que ser muy estrictos a la hora del seguimiento de algo que implicó un dinero importante público”, subrayó. Lazo señaló que en “las próximas horas” este grupo de trabajo tendrá un “informe completo” y aseguró que hubo “faltas disciplinarias” al momento de entregar información.

“Entiendo que cuando se hicieron algunas preguntas que tienen que ver directamente con la información que precisábamos para tener una composición de lugar estrictamente de lo que había sucedido se detectó allí que no se estaba diciendo lo correcto o no se estaba diciendo la verdad, y eso es una falta que tiene que ver con la disciplina, con lo jerárquico”, dijo y recordó la sanción a los cuatro jerarcas de la Armada.

Lazo señaló que “costó bastante” que este grupo consiguiera la información completa del expediente. “Cuando tengamos eso estaremos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso”, estimó. Tampoco descartó que se pueda cancelar la compra, aunque señaló que al día de hoy no está en condiciones de hacerlo.

La ministra dijo que mantiene una línea de comunicación con la empresa, a la que le ha comunicado que de la “información que se recibe” dependerá que se continúe. “Estamos hablando de dineros públicos y eso implica que la seriedad no puede tener lo que ya no es noticia para nadie: la desprolijidad de un expediente que hemos tenido que salir a buscar por partes”, cuestionó.

FA evalúa acciones políticas y no descarta una comisión investigadora

El FA comienza a evaluar, dentro del Parlamento, qué acciones políticas se pueden promover ante la información que el ministerio recoja. La senadora Bettiana Díaz dijo en una rueda de prensa, a la salida de la reunión con Lazo, que los legisladores tienen “muchísimos caminos” para “determinar responsabilidades y para ver cuáles son las consecuencias políticas de esto”.

“Estar al frente de lo público tiene consecuencias. Uno está tomando decisiones todo el tiempo”, planteó la senadora y dijo que fue “histórica” la decisión del ministerio de sancionar a cuatro jerarcas de la Armada con arresto a rigor por este asunto. En ese sentido, dijo que se deberá avanzar sobre el “rol del mando civil” de la anterior gestión del ministerio.

Fuentes políticas señalaron a la diaria que es probable que, una vez que el ministerio entregue la información completa que está recogiendo, se tomen acciones políticas. En ese sentido, algunas fuentes legislativas consultadas indican como posibilidad la creación de una comisión investigadora.

Díaz dijo que el proceso de compra de las patrullas tiene “vicios de irregularidad” y que Defensa está dando una “señal fuerte” con las acciones que está adoptando. En ese sentido, reiteró que hay “responsabilidades de las autoridades políticas” que “tomaron decisiones entre 2021 y febrero de 2025”.

Díaz comentó también que durante el proceso de compra se “ocultó” información. “Nosotros pedimos en su momento los términos del contrato y no tuvimos acceso hasta ahora, cuando se dio la transición. Tenemos que ver cómo se llegó a avalar las garantías que presentó la empresa. Esto no es responsabilidad de la empresa que viene a ofrecer el servicio, es responsabilidad de quienes aceptaron estas condiciones de contrato”, añadió.

La compra de los dos buques OPV por 82,2 millones de dólares fue resuelta en la gestión del exministro de Defensa Nacional Javier García en julio de 2023, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia de la Armada Nacional. La adjudicación a Cardama motivó en su momento el cuestionamiento de la empresa estatal China Shipbuilding Trading Company porque los requisitos del llamado ganado por el astillero español no estuvieron definidos. Asimismo, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, quien estuvo a cargo del análisis de las ofertas para la adquisición de los buques y ubicó a Cardama en último lugar, adelantó su pase a retiro.