Tras la renuncia de la exministra Cecilia Cairo, el segundo Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandú Orsi estrenó la titularidad de Tamara Paseyro en la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en la que se desempeñó hasta este lunes como titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu).

Del primer consejo salieron anuncios sobre la situación de la mutualista Casmu, el proyecto Neptuno, la extensión del descuento de IVA en restaurantes y el diálogo sobre seguridad social. Sobre este último, se decretó la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social y se dispuso un plazo de no más de 30 días para la aprobación de un documento con los aspectos centrales del diálogo social. En la tarde de este martes, en la primera sesión del Comité Ejecutivo de la comisión, está previsto que se apruebe el documento.

Al término del encuentro, en una conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comunicó los principales puntos tratados en el consejo. Como estaba previsto, se presentó a la ministra Paseyro y se anunció la instalación del ejecutivo de la Comisión Sectorial.

Entre los principales anuncios, estuvo que se cauteló un predio del Puerto de Montevideo, que pertenece al Comando General de la Armada, ante información “verosímil” sobre la presencia de restos de detenidos desaparecidos.

Modificaciones a la Ley de Lavado

El último anuncio de Díaz refirió a que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo está trabajando en modificaciones a la Ley de Lavado, que serán remitidas al Parlamento en los primeros días de mayo.

Díaz dijo que, previo a la Semana de Turismo, se reunió la Comisión Coordinadora, presidida por él, para presentar los diferentes aspectos que sus integrantes entienden “que hay que modificar”. En ese marco, “seguramente en el correr de esta semana se va a hacer circular entre los diferentes organismos que la integran un borrador de proyecto de ley que creemos que en la próxima reunión de la comisión va a ser aprobado”, señaló Díaz.

Sobre los “aspectos” que se propone modificar, Díaz mencionó que es una norma penal que no recoge lo que las convenciones internacionales establecen en cuanto al delito de asistencia al lavado. También hizo referencia a “cuestiones que tienen que ver con los delitos precedentes”, que nuestra ley no recoge en su totalidad, a diferencia de lo que establece la normativa internacional; y “toda una serie de normas de la ley” que presentan errores tanto en la redacción original como a raíz de modificaciones posteriores.

Al margen de la creación de la Comisión de Seguimiento contra el Lavado de Activos del Parlamento, Díaz dijo que el Poder Ejecutivo quiere “tener iniciativa en este tema y poner los temas que entiende pertinentes encima de la mesa para que se discutan y se aprueben”, dado que entienden que “en el quinquenio anterior hubo un retroceso en la lucha contra el lavado de activos” y se pretende “retomar la iniciativa”.

Se creará el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico

En el consejo se recibieron los informes de situación de las diferentes secretarías de Estado. Al respecto, Díaz sostuvo que el accionar de los ministerios se ha visto “condicionado” por la situación económica heredada. “Hemos recibido un país con el mayor déficit fiscal en los últimos 35 años”, reafirmó. Sin perjuicio de ello, señaló que “la constante en el día de hoy fue que no vinimos a quejarnos, sino que vinimos a solucionar los problemas de la gente”. Remarcó que, aunque continúen “reiterando esta situación, porque es una realidad”, “estamos encaminando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestro programa de gobierno”.

En ese sentido, anunció que hoy se firmará un decreto para crear el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon), “una de las prioridades de este gobierno”, incluida en el programa de gobierno y en las medidas prioritarias que se anunciaron en Colonia. El grupo de trabajo sería coordinado por Presidencia de la República e integrado por las carteras de Interior, Educación y Cultura, Economía y Finanzas –concretamente la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva–, la Secretaría Nacional de Antilavado, la Secretaría de Inteligencia “y todos aquellos organismos que tienen funciones de investigación por la Fiscalía y de represión del crimen organizado y el narcotráfico”, acotó Díaz.

El objetivo es que “todas las instituciones que tienen entre sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas, de forma tal que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda”, señaló el prosecretario.

Proyecto Neptuno y Ferrocarril Central

La posibilidad de suspender por 90 días la ejecución del contrato, firmado por el anterior gobierno el 23 de enero, para la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, también fue uno de los temas que se trataron en el consejo. Díaz sostuvo “que hay una propuesta concreta del Poder Ejecutivo” y se espera que el “congelamiento” se concrete “si no hoy, mañana”.

En el primer Consejo de Ministros el presidente Orsi había anunciado la intención de “generar un ámbito de renegociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad” de la construcción de la planta.

Respecto del litigio contra el Estado anunciado por el consorcio Grupo Vía Central (GVC), responsable del proyecto del Ferrocarril Central, por una deuda de 160 millones de dólares, Díaz dijo que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, presentó un informe “muy completo” sobre la situación y que tienen confianza en que “vamos a encontrar una solución a corto plazo”.

“Acá lo que importa es que el ferrocarril funcione, que el ferrocarril pueda ser explotado en su máxima dimensión, que, en definitiva, Uruguay pueda recibir los dividendos y las ganancias del funcionamiento de ese ferrocarril y no estar discutiendo cuentas”, señaló Díaz. El prosecretario apuntó al gobierno anterior por las “deudas que estaban saldadas y luego no estaban saldadas”.

Agregó que, en el caso del ferrocarril, “ni siquiera se previó el total del dinero para el pago por disponibilidad una vez que empezó a funcionar”, por lo que “es una situación bastante complicada”. Sin embargo, el Ejecutivo es “absolutamente optimista en cuanto a que a la brevedad posible vamos a resolver el problema”, aseguró.

Caso Cairo: “No hay más nada que discutir sobre el punto”

Consultado sobre si, a raíz de la situación de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial podría llegar a conformarse un mecanismo de inteligencia para alertar sobre irregularidades de los jerarcas designados, Díaz puntualizó que “no hay ningún delito que investigar”.

El prosecretario señaló que hubo “irregularidades desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista tributario”, pero “no hay ningún delito y, por tanto, no hay nada que investigar y, por tanto, Inteligencia no se va a poner a investigar no delitos”.

“El presidente de la República, que es el jefe del Consejo de Ministros, dijo que el tema está resuelto y el tema está resuelto. No hay más nada que discutir sobre el punto”, aseveró.