Los diputados Conrado Rodríguez, del Partido Colorado (PC), y Julieta Sierra, del Frente Amplio (FA), entrevistados por la diaria Radio, destacaron que, “más allá de las diferencias notorias y los perfilamientos”, hubo acuerdos entre oposición y oficialismo para la aprobación de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) en la Cámara de Representantes, aunque “el corazón de la discusión” continúa siendo el financiamiento para atender la crisis de la paraestatal.

Con los votos a favor del FA, el PN, el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) y los votos en contra de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, pero sin los artículos que imponían un incremento de la tasa de aportación –de 18,5% a 22,5%– para los activos y un nuevo impuesto –de entre 2% y 11%– para los pasivos, que quedarán para el tratamiento en la Cámara de Senadores.

En cambio, para cubrir la quita de esos incrementos, la oposición votó un mayor aporte del Estado: de 125 millones de pesos por mes en el transcurso de este año, propuestos por el oficialismo, a 220 millones de pesos por mes; también un cambio de criterio para ajustar el valor de los timbres profesionales, que variarán en función del índice medio de salarios, y se autorizó a la CJPPU a endeudarse por hasta 2.000 millones de unidades indexadas con una garantía soberana del Estado.

Sierra subrayó que el FA considera que “sobrecargar Rentas Generales no corresponde en este contexto” y reconoció que le costó “estar de acuerdo” con la posibilidad de endeudamiento de la paraestatal, porque “¿qué garantía puede tener una caja que está con un déficit así?”, dijo en línea con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien sostuvo ante la comisión especial de la Cámara de Senadores que “nadie le presta a una entidad que está quebrada”.

Para Rodríguez, “le prestan a una institución quebrada en la medida en que tenga la garantía del Estado”. El diputado colorado consideró que “por algo” el Ministerio de Economía propuso ese instrumento: “Para generar la credibilidad de que esa deuda se va a pagar”. Sostuvo que, si no hubiera estado la posibilidad de endeudamiento “arriba de la mesa, seguramente hubiera existido la posibilidad de que acompañáramos la creación del impuesto, porque sabemos que de algún lugar había que sacar dinero”. Pero, al estar, la oposición entendió que “no era necesaria la creación de un impuesto a los jubilados”.

Sobre el impuesto a las pasividades, Rodríguez afirmó que, si bien el proyecto del gobierno anterior de 2023 también lo incluía, el propuesto por la actual administración “era mucho más gravoso”, por lo que “decidimos sustituir el impuesto por el endeudamiento de la propia caja”. Sierra reclamó “honestidad intelectual” de la oposición, ya que considera que “lo que ahora te dicen, ‘esto es un impuesto a los jubilados’, antes era ‘esto es una contribución, es un instrumento’”.

Con respecto al rechazo de la oposición a subir la tasa de aportación a 22,5%, Rodríguez argumentó que cuando se subió la tasa del 16,5% al actual 18,5% en 2023 no se tenía la “evidencia” de que, al subir esos dos puntos, “hubo una mayor cantidad de declaraciones de no ejercicio” y “mayor cantidad de profesionales que, teniendo causal jubilatoria, se jubilaron”. Para el diputado colorado, la flexibilidad de cambiar de categoría o bajar “no amortigua” que se pueda generar menor cantidad de recursos por la fuga de profesionales. “No hay nada que indique que el fenómeno que ocurrió el año pasado no vaya a volver a ocurrir”, aseveró.

Consultada sobre la postura del ministro Oddone, quien reconoció en la diaria Radio que era “partidario” de que el FA acompañara la reforma de la CJPPU presentada en 2023 para en este período corregir las “dificultades” que presentaba, Sierra sostuvo que la reforma actual es el resultado de una “acumulación positiva” y que “brinda nuevas flexibilidades”. Por ejemplo, destacó la posibilidad de que los jóvenes profesionales tengan “la libertad de elegir” cuándo cambiar de categoría y cuándo aumentar su aporte. De todas formas, sostuvo que es “razonable” el planteamiento del titular de Economía y subrayó que “no es un proyecto simpático para nadie”, porque “no hay nadie que quede conforme”.

El diputado Rodríguez manifestó que en la Cámara de Senadores, donde el FA es mayoría, espera que “con otros actores políticos” y también “con otra disposición del Poder Ejecutivo a bajar algunas banderas que parecen inflexibles”, se podrá llegar a un acuerdo “en beneficio de que siga existiendo la Caja de Profesionales”. Sierra apuntó que “la negociación tiene que estar sobre la mesa siempre” y “se puede llegar a un acuerdo”, aunque lamentó que se enviara al Senado “algo que está votado con un montón de artículos, pero en el financiamiento, que es el núcleo duro, no”.

Rodríguez advirtió que es necesaria “una discusión con mucha más profundidad sobre el futuro de las cajas paraestatales”. “Tenemos que discutir con mucha más profundidad porque hay temas estructurales, temas que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con la inserción de las profesiones y que tienen que ver con un montón de cosas que en este proyecto de ley no hemos podido discutir por la falta de tiempo”, sostuvo.

Por su parte, Sierra consideró que la paraestatal es un “instrumento que se necesitó y se sigue necesitando justamente para que los profesionales tengan amparo jubilatorio a la hora de ejercer libremente su profesión al no tener relación de dependencia”. Sin embargo, “parece que quedó con un funcionamiento bastante anacrónico” y “vetusto” respecto de quienes accedían a la Universidad de la República cuando se fundó la caja y quienes acceden ahora.