El diputado colorado Felipe Schipani remitió un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IM) sobre la concesión de un parador ubicado frente a la rambla del Parque Rodó a la cadena de comida rápida Burger King por un plazo de 20 años. El representante se detuvo en el hecho de que el proceso se dio “sin llamado a licitación pública y sin intervención de la Junta Departamental”, y subrayó “la gravedad” que “podría implicar” una “adjudicación directa” de un “bien público de alto valor simbólico y patrimonial para la ciudad”.

Esta información se había hecho pública a través de una nota de El Observador publicada este lunes, en la que se detallaba que el traspaso de la concesión de Kerifos SA a Burger King se dio a través de una resolución de la IM del 22 de noviembre de 2024. En ella, la empresa que pasaría a usufructuar el lugar se comprometía a invertir unos 800.000 dólares.

El Tribunal de Cuentas observó el proceso porque el contrato original –con Kerifos SA– se había vencido el 11 de mayo de 2024, por lo que no se podía ceder a Burger King, ni mucho menos prorrogar la concesión por 20 años. Desde la División de Asesoría Jurídica de la IM se entendió que el contrato fue “tácitamente prorrogado” por la pandemia del covid-19 y tenía validez hasta el 11 de diciembre de 2024.

En el mismo sentido, desde el Tribunal se entiende que la IM incumplió la normativa al permitir una concesión directa de un nuevo contrato por 20 años. A su vez, también consideró irregular el hecho de que no se haya aprobado por la Junta Departamental una concesión que excede el mandato del intendente. la diaria intentó comunicarse con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y el director de Desarrollo Económico de la comuna, Gustavo Cabrera, pero no obtuvo respuesta.

El papel de la Junta Departamental

El Observador indicó que la Junta Departamental nunca trató el expediente de la observación del Tribunal y, a pedido del Frente Amplio, lo archivó. la diaria consultó al respecto al presidente del legislativo departamental, el frenteamplista Claudio Visillac, quien detalló que la información ingresó a la Comisión de Presupuesto, en la que, al igual que otros expedientes, se decidió archivar con el “acompañamiento” de la oposición.

Más allá de esa decisión puntual, Visillac detalló que en la Junta Departamental, si no se archiva el expediente, el único camino que se puede seguir es dejarlo a estudio por solicitud de algún edil que entienda necesario realizar pedidos de informes que den lugar a evacuar dudas.

“Lo deja a estudio y hace pedidos de informes para acumular información porque entiende que lo que está brindado en ese expediente tiene insumos que no ayudan a entender la situación en su totalidad”, detalló Visillac sobre el asunto. Sin embargo, dejó claro que, en lo que respecta al fondo del asunto, el legislativo no tiene más implicaciones, como sí tiene la comuna a través de las direcciones correspondientes.

La solicitud de Schipani

En su pedido de informes, Schipani solicitó una copia del “acto administrativo” con el cual se formalizó la concesión. Además, pidió que se adjunten los “fundamentos jurídicos y administrativos que motivaron la concesión directa”. En esa línea, solicitó detalles sobre la “evaluación técnica, económica y urbanística previa a la concesión, incluyendo valoraciones del inmueble y posibles impactos sobre el uso del espacio público”.

El representante planteó que se expliquen las condiciones del contrato: plazo exacto, canon o contraprestaciones acordadas, obligaciones de mantenimiento, obras, inversiones previstas, entre otras. Schipani también pidió que se aclare si “existieron otros interesados o propuestas evaluadas para el uso del bien en cuestión”.