Este jueves la comisión bicameral que trabaja en la conformación del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió a tres de las cinco personas que habían sido propuestas para ocupar el lugar que deja el director renunciante Wilder Tayler. Concretamente, expusieron su propuesta la exjueza Mariana Mota, la exfiscal Gabriela Fossati y la exdefensora pública Luz Dupetit. En cambio, tras un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil que argumentaba “incompatibilidad”, no formaron parte del encuentro Rosa Méndez ni Daniel Bruno.

La incompatibilidad que se aplica a ambos está contenida en el artículo 45 de la Ley 18.806, que creó la INDDHH y establece los requisitos para integrar el directorio. Entre otros, tener ciudadanía uruguaya, natural o legal (en este último caso, con un mínimo de diez años de ciudadanía), y no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación. El informe señala en particular el pasado de Méndez como directora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y recuerda que es requisito para sumarse al directorio “no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación”. Más allá de los informes, la comisión definirá el lunes si deja a ambos candidatos por fuera de los que remitirá a la Asamblea General.

Por lo pronto, los nombres que efectivamente están en carrera son los de Mota, Dupetit y Fossati. A priori, según fuentes parlamentarias, se espera que los tres formen parte de la “recomendación” que pase al plenario. Luego de su exposición en comisión, empieza el proceso de búsqueda de los “acuerdos políticos” y de “conversaciones internas” para definir posiciones con miras al primer llamado a sala de la Asamblea General a desarrollarse el 9 de julio. En ese caso, para llegar a una definición, una de las candidatas deberá contar con el apoyo de dos tercios del cuerpo.

En caso de que no se logren las mayorías necesarias en la primera instancia, se deberá citar nuevamente a la Asamblea General en un plazo no mayor a 20 días corridos. Ese plazo, sin embargo, se ve aún más reducido porque legalmente hay 45 días para elegir un reemplazo de un componente del directorio. En este caso, el plazo para sustituir a Tayler termina el próximo 14 de julio, por lo que esa sería la última fecha para convocar a la Asamblea General, que se podría citar –luego de la instancia del 9 de julio– hasta en dos votaciones sucesivas.

La definición de la persona electa –después de la primera convocatoria de la Asamblea General, en la que se necesita una mayoría especial de dos tercios– es por mayoría absoluta, por lo que el oficialismo –que cuenta con 65 votos en la Asamblea General– tampoco logra sólo con su apoyo la definición de la nueva persona que integre el directorio. En ese escenario, el Frente Amplio (FA) buscará construir “acuerdos políticos” para que el nombre elegido sea el de Mota.

El diputado frenteamplista Alejandro Zavala dijo a la diaria que, luego de la comparecencia a comisión, queda claro que Mota es “la persona más capacitada, con más trayectoria y, en definitiva, con más condiciones” para ocupar el cargo de Tayler. Aseguró que esa “es la opinión” de la bancada oficialista. “Estamos hablando con todos los sectores partidarios, pero no hay nada acordado todavía”, adelantó sobre el tratamiento en el plenario.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que ha mantenido al tanto de este proceso a los tres candidatos a presidir el directorio del Partido Nacional (PN). Aseguró, en ese sentido, que aún no ha habido espacio para definir una posición. Luego de la elección de las nuevas autoridades partidarias, el representante indicó que habrá una reunión de la “agrupación parlamentaria para resolver los criterios a seguir en la votación”.

Las candidatas

Mota, la primera en ser recibida por la comisión, dijo a la diaria que en su exposición puso énfasis en su compromiso con la “continuidad” de lo realizado por Tayler en la búsqueda de desaparecidos. A su vez, comentó que también se refirió a algunas propuestas para otras áreas de la INDDHH.

La exjueza recordó el trabajo que hizo junto con Tayler para “conformar un equipo de investigación”. En ese sentido, reconoció que se ha venido “intensificando” y “complejizando” el trabajo de búsqueda, por lo que entiende que en la actualidad el escenario “requiere fortalecer” el equipo de investigadores y antropólogos.

Mota recordó la importancia de investigar en Argentina, donde actualmente hay un investigador fijo y otro que colabora “periódicamente”. En ese sentido, remarcó que “se han desarrollado líneas de investigación muy interesantes” en el país vecino, por lo que se “requiere más gente” trabajando y, probablemente, investigadores “residentes”.

Por su parte, luego de exponer, Fossati dijo a la diaria que pretende ingresar a la INDDHH para “aprovechar” sus 32 años de experiencia como fiscal. “Me pareció una alternativa muy buena para tratar de trabajar para que la afectación de derechos sea de la menor intensidad posible”, subrayó. Como sus principales temas a poner en agenda mencionó el ambiente, la salud mental, la tercera edad y las cárceles.

En cuanto a la búsqueda de desaparecidos, función que Tayler realizaba en la INDDHH, comentó que se trata de un tema que conoce como fiscal penal –antes de la creación de la fiscalía especializada de delitos de lesa humanidad– y también como fiscal subrogante de Ricardo Perciballe.

Fosatti consideró que se “está trabajando bien” en esa área, dada su complejidad. Consultada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos –organización que impulsa su candidatura– y los cuestionamientos que se le han realizado por relativizar el terrorismo de Estado, la exfiscal comentó que “no se le ha planteado nada” en esa línea y que se le trasmitió que se la impulsa por sus ideas.

Sobre los presos por delitos de lesa humanidad, opinó que como “visión general” entiende que para cierta franja etaria “debería contemplarse el arresto domiciliario”.