Fratti dijo que “es una pena” que el dinero destinado a Colonización “se haya perdido” en el gobierno de Lacalle Pou

La reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado que recibió el lunes a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) transcurrió por momentos en un ambiente tenso, con constantes interrupciones a los jerarcas por parte del presidente de la comisión, el nacionalista Sebastián da Silva, según consta en la versión taquigráfica, a la que accedió la diaria.

El cruce más fuerte fue entre Da Silva y el presidente del INC, Eduardo Viera, quien ya anunció que renunciará a su cargo cuando se designe a un sustituto, tras la polémica que se suscitó por su condición de colono. “El tema mediático no corresponde a Colonización, porque no lo hizo a través de los medios. Quien se encargó de hacer esto como algo mediático y argentinizar fue el senador Da Silva”, comentó Viera. “No me va a venir a hablar un paisano atrevido sobre colonización, menos un presidente que lo acaban de echar por estar violando la Constitución. Si quiere saber quién argentinizó, vaya a hablar con el [secretario de la Presidencia Alejandro] Pacha Sánchez, que fue quien puso el tema en los medios”, le respondió Da Silva. “Guapitos acá no”, dijo en otro momento el senador nacionalista. “Tengo derecho a decir ciertas cosas porque en los medios de comunicación se dijo cualquier cosa de mí y de mi familia que no es verdad”, cuestionó, por su parte, Viera. Luego disminuyó la tensión y la sesión de la comisión siguió adelante.

Durante horas las autoridades dieron detalles de la compra de la estancia María Dolores, en el departamento de Florida, que será destinada a la producción lechera y beneficiará a 16 colonos u organizaciones de colonos. Pero antes, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, cuestionó la política de colonización que tuvo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que resolvió quitarle fondos propios al INC para destinarlos a un fideicomiso de vivienda por 20 años, por lo tanto el dinero no podrá recuperarse para el instituto durante ese plazo.

El ministro afirmó que los gobiernos del Frente Amplio le destinaron al instituto “un dinero que considero genuino” y “es una pena que se haya perdido en el período pasado”. “Había un dinero de las transacciones agropecuarias que iba a Colonización, que le permitía tener un manejo autónomo, pero se quitó”, lamentó. Añadió que esto implica que, “ahora y en el futuro, cada vez que Colonización quiera comprar un campo, va a tener que preguntarle a Economía si lo puede auxiliar o no”.

Respecto a la compra de la estancia María Dolores en particular, Fratti destacó que el campo adquirido “es de muy buena calidad, buen índice Coneat”, y que “el 25% de este campo tiene posibilidad de riego”. Además, señaló que las dificultades que han atravesado empresas lácteas, como Calcar o Coleme, indican que la “industria de procesamiento de leche sin leche no funciona”. “Por lo tanto, lo que se precisa es más gente produciendo leche. Estamos en un país que pierde tambos todos los días”, advirtió. En el mismo sentido, el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo de Izaguirre, afirmó que el 47% de los productores de menor escala (los que generan aproximadamente 300 litros de leche por día) ha desaparecido en los últimos ocho años. “Y cuando hay una desaparición de productores –por eso queríamos traer este tema–, están desapareciendo familias del campo. Los que somos de afuera sabemos lo que es la vida del campo, lo que enriquece a la formación de la familia el esfuerzo del trabajo de la tierra, cómo desarrolla a los pueblos”, destacó De Izaguirre.

Fratti defendió la inversión de 32,5 millones de dólares para la compra de la estancia y remarcó que “no hay ninguna inversión del Estado que haya dado más resultado que esta”, y que es la única inversión que “no pierde valor; siempre, siempre, termina aumentando”. Respecto al costo del campo, remarcó que lo justifica “el lugar en el que está enclavado: zona lechera, buenos caminos, electricidad y posibilidad de riego”.

El ministro leyó una carta enviada por el diputado del Partido Nacional por Florida Álvaro Rodríguez Hunter al presidente Yamandú Orsi, en la que destaca que la adquisición del campo “ofrece una plataforma inmejorable para la instalación de un polo de formación, innovación y apoyo al sector agropecuario nacional”, y propone que en el predio “se establezca un centro de formación técnica de la Universidad Tecnológica –UTEC–, con una oferta educativa orientada a áreas clave del desarrollo rural y la producción agropecuaria” como manejo de riego y pivotes centrales, maquinaria agrícola y tecnología aplicadas al agro, producción lechera, olivicultura y otras producciones intensivas, así como “oficios vinculados al agro: electricidad rural, herrería, carpintería, mecánica, etcétera”.

Viera cuestionó algunas críticas de la oposición a la compra. “Parece que si lo compraba un privado es un excelente negocio, y si lo compra Colonización es un desastre y son unos tontos”. Recordó que el INC está pagando hoy 6.200 hectáreas que compró el gobierno anterior, pero quedaron “para pagar en este período de gobierno”, y criticó que la administración de Lacalle Pou hizo compras “realmente cuestionables”, como la de un campo en Tacuarembó de 1.500 hectáreas “espantoso, lleno de garrapatas”.

En la sesión de la comisión también expusieron los técnicos de Colonización que acompañaron a la delegación, y entre otros datos aportaron que la compra fue legal y que cumplió con los requisitos necesarios, y además confirmaron que el sistema de riego está incluido en el precio, algo que fue largamente debatido cuando se conoció la compra. También informaron que la subdivisión de los campos hará que estos queden de 122 hectáreas cada uno.

Además, se anunció que entre abril y junio de 2027 se empezarán a realizar las primeras adjudicaciones individuales. En cuanto a las propuestas colectivas, una vez que el proyecto sea aprobado, se hará el llamado y posteriormente la adjudicación. El INC tiene la posibilidad de otorgar los campos a organizaciones de productores o cooperativas, así como a sociedades de fomento rural.