El ministro de Trabajo y Seguridad Social y secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo, dijo que sintió “preocupación” cuando el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, que investiga el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), inicialmente adelantó que manejaba citar como indagados a los legisladores frenteamplistas Óscar Andrade y Daniel Diverio, ambos del PCU. Rodríguez señaló en su momento que en las audiencias surgió, “de manera bastante sólida”, la idea de “que parte de ese dinero” iba para el financiamiento de campañas del PCU y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

“Nosotros no habíamos hecho ninguna incursión pública, ninguna declaración pública, hasta que apareció esa versión, que me parece que induce a una presunción, [cuando] no había elementos para hacerlo”, consideró Castillo en entrevista con la diaria Radio sobre las declaraciones de Rodríguez.

Los nombres de los legisladores, al igual que el de la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, fueron mencionados por los tres exsindicalistas ya condenados –Fabián Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bertolio–, quienes reconocieron ser responsables de los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de dinero, pero apuntaron a que respondían a órdenes de mandos más altos, entre ellos, Alberti, Andrade y Diverio.

Los abogados de Andrade y Diverio presentaron un escrito ante la fiscalía poniéndose a disposición del Ministerio Público, y solicitaron que “se les informe si están en calidad de imputados”, ante lo cual Rodríguez contestó que “hasta el momento que transcurre la investigación” los legisladores “no se encuentran en calidad jurídica de imputados”, y, según informó la diaria este martes, todavía no han sido citados a declarar.

Castillo aseguró que les “preocupa” el delito que se cometió, “estuviera o no estuviera implicado el nombre de nuestro partido”. Afirmó que “preocupa que haya trabajadores que se apoderen de recursos económicos que no son de ellos para beneficio propio, cuando estamos hablando de un bien social como es un fondo para la vivienda, de un gremio importante”. Para el ministro, la situación “embroma bastante la credibilidad” y es un “perjuicio que tiene coletazos para todas las estructuras”.

El secretario general del PCU reafirmó su posición de que “la Justicia actúe con lo que tiene que actuar, que investigue lo que tiene que investigar”, y aseguró que su sector político tendrá que hacerse “cargo de las responsabilidades que tengamos si se descubre efectivamente algo”.

Por ahora, señaló, hay “absoluta tranquilidad” de que lo denunciado “no es así”. “Nosotros estamos, y como lo hemos estado haciendo, presentando los datos a quien tenemos que presentar, a quien los controla, la Corte Electoral”, sostuvo Castillo sobre las justificaciones de los ingresos y egresos de las campañas electorales.

El ministro consideró que, por el monto del dinero faltante, 1.200.000 dólares, “tiene poco asidero pensar que nosotros pudiéramos efectivamente hacer campañas políticas a partir de recursos de esas características, y tener que andar pintando muros para hacer una expresión de una campaña electoral, sin aparecer en grandes medios”.

“Lo que importa es que la Justicia efectivamente analice y trabaje con tranquilidad”, reafirmó Castillo.