Los procesos de arbitraje internacional iniciados por socios de Montecon, la empresa que opera los muelles públicos del puerto de Montevideo contra Uruguay a causa del acuerdo alcanzado con la multinacional belga Katoen Natie en 2021, están “camino a una demanda arbitral”, dijo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en la diaria Radio.

“Hoy la situación es que tenemos dos procesos de arbitraje iniciados, todavía no están las demandas y tenemos equipos de trabajo”, detalló Díaz. Agregó que Uruguay ha contratado un estudio de abogados en Estados Unidos y uno local, y que se estableció un “equipo de trabajo en Presidencia” para “enfrentar esta situación, que es una situación compleja”. “El Estado siempre está abierto a buscar soluciones dentro de lo que marcan la Constitución, la ley y los contratos”, agregó.

“Si hay salidas que puedan ser salidas negociadas, siempre son bienvenidas”, ya que “nadie quiere ir a juicio”, sostuvo Díaz. Sin embargo, acotó que “cualquier tipo de movimiento tiene que ser teniendo especial cuidado en [atender] que hay contratos que están firmados”.

El año pasado los dos accionistas de Montecon, la canadiense ATCO y la chilena Neltume Ports, resolvieron demandar al Estado uruguayo por entender que el gobierno anterior había incumplido los tratados de inversión que Uruguay tiene con Chile y Canadá a partir de la firma del contrato con Katoen Natie. El socio mayoritario, Neltume Ports, fijó de forma preliminar la demanda en 600 millones de dólares.

Díaz explicó que “algunas etapas” del proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial “ya pasaron” y ahora “estamos ya en la etapa, digamos, camino a una demanda arbitral que es contra el Estado uruguayo”.

Consultado sobre el rol que podría jugar el reglamento de atraque para el puerto de Montevideo aprobado a fines de 2024, Díaz prefirió “no ingresar en el análisis” de los “puntos de discordia” porque “sería un mal abogado del Estado o un mal integrante de un equipo de abogados del Estado si adelantara algún tipo de movimiento”. Explicó que, en el pasado, “manifestaciones públicas de jerarcas” fueron “utilizadas por la contraparte en el proceso arbitral” y jugaron en contra de Uruguay.

Proyecto Neptuno: “Hubiera sido un gesto que ese contrato no se firmara”

Otro de los ámbitos de negociación que tiene abierto el gobierno es el contrato para la construcción del proyecto Neptuno, firmado por “el presidente saliente, de regalo, en los últimos días, antes de irse”, apuntó Díaz. El 30 de abril se instaló la mesa entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo para renegociar el proyecto, que busca construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José.

“Nosotros pedimos que no se firmara, que no queríamos que se firmara, que no estábamos de acuerdo con que se firmara, que no estamos de acuerdo con el proyecto, pero bueno, asumimos el primero de marzo y el contrato estaba firmado”, dijo Díaz sobre la firma del contrato por el expresidente Luis Lacalle Pou al final del proceso de transición.

Para el prosecretario de Presidencia, “hubiera sido un gesto que ese contrato no se firmara” y que el gobierno anterior dejara al entrante “tomar la situación”. Sin embargo, “no se tuvo ese gesto” y el gobierno actual recibió “una situación forzada”. Reconoció que él, como “cualquiera del gobierno”, “preferiría que no se hiciera” el proyecto Neptuno y que, en cambio, se concretara la represa en Casupá, Florida. Pero, “en el mundo real las cosas no son como uno quiere, son como son”.

“Ahora tenemos un contrato firmado y estamos discutiendo, estamos negociando, porque también hay una contraparte que tiene sus derechos, que tiene su hoja de ruta. En ese proceso estamos”, indicó.

Díaz consideró que “son posibles salidas negociadas que coloquen al país en una mejor situación de la que estamos hoy”. Al respecto, consultado sobre la posibilidad de que la integración de algunas de las empresas del consorcio Aguas de Montevideo con otras obras de infraestructura del Estado pudiera facilitar un acuerdo, fue cauto y eligió no contestar “porque sería ingresar en un terreno de negociación”.

“Hay un proceso de negociación del Estado con privados que tienen la reserva suficiente, y eso se va a discutir o se está discutiendo, mejor dicho, en ese ámbito”, cerró.