El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un decreto el 2 de julio que condensó todas las disposiciones referentes al impuesto de Enseñanza Primaria, con el objetivo de “ordenarlas” en un único texto y “favorecer una lectura ordenada para el contribuyente”, le explicaron desde la cartera a la diaria. La normativa surge a casi tres meses de los casos de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quienes mantenían deudas por concepto de este impuesto por no haber regularizado debidamente la situación de sus viviendas ante el Estado.

El decreto no innova ni cambia ningún aspecto relacionado con el impuesto, pero en el MEF habían identificado que existía una dispersión de normas referidas al mismo tributo, por lo que se buscó crear un decreto unificador. Lo mismo sucederá con otros impuestos, señalaron a este medio fuentes del ministerio.

La base de cálculo del impuesto se continuará determinando en función de los valores reales de los inmuebles, establecidos por la Dirección Nacional de Catastro. Según el decreto, son exoneradas de este impuesto las propiedades cuyo valor real sea inferior a 271.091 pesos, cifra actualizada al 1 de enero de 2025.

En lo que respecta a las tasas aplicables, el decreto mantiene un esquema progresivo de alícuotas que se incrementa conforme al valor real del inmueble. Los inmuebles con valores entre 271.091 y 474.406 pesos tributarán a una tasa de 0,15%, mientras que aquellos con valores superiores alcanzarán tasas de 0,2%, 0,25% o 0,3%.

El decreto también detalla una serie de exoneraciones específicas ya existentes. Están libres de este impuesto los inmuebles de gobiernos extranjeros destinados a sedes diplomáticas y los bienes del Estado y de los gobiernos departamentales, así como las propiedades de cooperativas de vivienda y de entidades sin fines de lucro. En el caso del sector rural, los propietarios de padrones que exploten superficies de hasta 300 hectáreas con índice Coneat 100 también podrán acceder a la exoneración.

El contexto del decreto

El decreto, firmado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, surge a tres meses del caso que culminó con la renuncia de la ministra Cairo y del que involucró al director de la OPP, quienes, por diferentes razones, mantenían deudas por este tributo.

En abril, poco más de un mes luego de haber asumido, Cairo reconoció que su casa en Pajas Blancas, en el oeste de Montevideo, no estaba registrada como tal ante la Dirección Nacional de Catastro y que, por esa razón, había tributado durante los últimos 30 años como terreno baldío. La difusión de esta información generó el pedido de renuncia de la jerarca por parte de la oposición y, a pesar de que Cairo sostuvo que no había incurrido en un delito y prometió regularizar la situación, terminó renunciando, el 17 de abril.

Semanas más tarde, Arim también fue señalado por no haber registrado completamente en Catastro su casa de veraneo en el balneario Solís, en Maldonado. En el padrón catastral figuraban sólo 24 metros cuadrados edificados, lo que le permitió quedar exonerado de este tributo, aunque la vivienda alcanza unos 127. Arim reconoció la omisión, pero argumentó que no solicitó el final de obra debido a detalles constructivos pendientes y aseguró haber hecho los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social. Como resultado, se abrió un expediente en Catastro que fue archivado tras regularizar la declaración y el caso se cerró sin consecuencias políticas mayores.