La bancada del Partido Nacional se reunió este martes para analizar los pasos a seguir tras la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás al proyecto Neptuno, que había promovido la anterior administración, y en cambio construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y obras complementarias. Al término de la reunión, el senador Martín Lema, que integra la Comisión de Ambiente –a la que concurrirá el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el 4 de agosto–, dijo a la diaria que esa comparecencia será clave para definir próximos pasos, pero que la fuerza política “no se amputa ninguna herramienta”, incluso la interpelación.
“Lo que está claro es que se va a ir a fondo con este tema”, afirmó Lema, y agregó que, además de las explicaciones que dé Ortuño en comisión, los nacionalistas estarán atentos a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas sobre los cambios en el contrato, puesto que, a su entender, “desde el punto de vista jurídico” puede haber reproches. “Acá hay un consorcio que se presentó y ganó en determinadas condiciones, por tanto el que no ganó en esas condiciones, como otros oferentes que no se presentaron [para el proyecto original], al cambiar el proyecto tiene derecho a presentarse en un ámbito competitivo”, analizó.
En la conferencia que brindó el viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que el gobierno firmó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato y para que el Tribunal de Cuentas “pueda considerar esa revisión” y así el año que viene comenzar las obras. Consultado sobre si el Estado tendría que pagar alguna multa por estas modificaciones, Sánchez respondió que no, ya que “lo que prima es la autonomía de las dos partes”.
Por otra parte, Lema destacó entre los cuestionamientos que surgieron en la bancada que el proyecto Arazatí “tenía los estudios competentes desde el punto de vista ambiental”, mientras que lo que proponen las actuales autoridades aún no, “entonces no se sabe si pueden hacer” lo que se plantean. “Si los estudios dan mal, ¿qué va a hacer el Ministerio de Ambiente?”, se preguntó el legislador. Asimismo, criticó que la nueva planta potabilizadora se pretenda instalar también en la cuenca del río Santa Lucía, “el río que estuvo colapsado en 2023”.
Para Lema, la decisión del gobierno de Yamandú Orsi “representa un trancazo a un proceso fundamental para el desarrollo del país”, puesto que “el proyecto Arazatí no fue un capricho ni improvisación, sino una respuesta a una necesidad identificada hace décadas”, en el sentido de diversificar las fuentes de procesamiento de agua potable.