El senador del Partido Nacional (PN) Martín Lema cuestionó que la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno-Arazatí, “que estaba totalmente encaminado”, para embarcarse en “una aventura” con interrogantes en torno al costo, el impacto ambiental y las consecuencias jurídicas.
La alternativa negociada por el Poder Ejecutivo con el consorcio privado Aguas de Montevideo propone construir una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía, en la zona de Aguas Corrientes, la cual, junto con el proyecto de la represa de Casupá, aseguraría el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana y la Costa de Oro.
Para Lema, “asombra la falta de responsabilidad y profesionalismo por parte del gobierno”. El senador del PN dijo que “no hay medición de un impacto ambiental” del nuevo proyecto, y cuestionó que se recurra nuevamente a la misma fuente de suministro, el río Santa Lucía, “en lugar de diversificar las opciones”.
Lema también cuestionó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien sostuvo que el nuevo proyecto implicará un costo menor que el que estaba previsto, más de 100 millones de dólares de ahorro.
En cuanto al informe financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que concluyó que la represa de Casupá garantizaría el abastecimiento de agua incluso en un escenario de sequía un 10% más severo que el de 2023 –algo que no lograría el proyecto Arazatí–, Lema sostuvo que “hay otros informes que hablan de la importancia de desconcentrar las fuentes de suministro de agua potable”.
“Lo que planteaba el proyecto Arazatí era no solamente depender de Santa Lucía, sino también poder recurrir a la extracción de agua del Río de la Plata para poder diversificar la respuesta en la materia. Lo que vemos es que se maneja un escenario de un informe para llegar a conclusiones que son conclusiones absolutamente caprichosas”, señaló el senador.