Con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la ministra de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, entre otros jerarcas, José Luis Elizondo asumió este lunes como nuevo comandante en jefe de la Armada Nacional, en un acto protocolar en la sede de la Escuela Naval.
En su discurso de asunción, Elizondo sostuvo que “es momento de trazar un mejor rumbo para la próxima navegación”. Dijo que actualmente existe “una oportunidad inmensa de continuar trabajando por una Armada más sólida, más eficiente, más cerca de su gente y de la gente”.
En particular, el flamante comandante en jefe se refirió a la próxima adquisición por parte de la Armada de los dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV), cuya compra dispuso la administración anterior y que se prevé que lleguen al país en este período de gobierno. Afirmó que con estas nuevas embarcaciones “los marinos podrán proteger y cuidar mejor los mares de la patria”.
Elizondo también sostuvo que tanto “las nuevas tecnologías” como “el trabajar juntos” constituyen “algunas de las herramientas necesarias para hacer más eficientes y dar mejores respuestas a la gente, continuando de esta forma el proceso de evolución de la Armada para adaptarnos rápidamente a las nuevas amenazas, [como] el narcotráfico, la pesca ilegal, el cambio climático y la alta rotación de nuestro personal”.
Por último, a semanas de que el gobierno presente el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal, Elizondo abogó por “tender puentes para lograr mejorar los recursos materiales y humanos necesarios para brindar las mejoras adecuadas para todo el personal naval y su familia, y, a través de ellos, a la sociedad toda”.
Dos bibliotecas en torno a la designación de Elizondo
El nombramiento de Elizondo no ha estado exento de polémica. El líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos sostuvo en X que la ley orgánica de la Armada Nacional (10.808) dispone, “por razones más que fundadas”, que el comandante en jefe de la Armada “debe pertenecer al Cuerpo General”. “No tengo dudas de la capacidad profesional y hombría de bien de Elizondo, pero la ley debe respetarse o, si se quiere, modificarse”, expresó.
El señalamiento de Manini Ríos refiere a que Elizondo proviene de la Prefectura Naval y no del Cuerpo General. Según informó El País, esto motivó el pase a retiro de tres contralmirantes de la Armada: Mario Vizcay, Gustavo Luciani y Miguel de Souza.
Según la resolución firmada por Orsi, Elizondo, que previo a su nombramiento era el contralmirante con mayor antigüedad de la fuerza, fue designado conforme al artículo 103 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas (19.775), que establece que “los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea serán designados por el Poder Ejecutivo entre los oficiales generales de la fuerza respectiva”.
La discusión jurídica en torno a la ley “general” de las Fuerzas Armadas y la ley “específica” de la Armada ya se trasladó al Parlamento. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de Diputados, Gabriel Gianoli (Partido Nacional), hizo este lunes un pedido de informes al MDN con el propósito de interiorizarse en “los fundamentos jurídicos en los que se basa el gobierno para designar como comandante en jefe de la Armada Nacional a un contralmirante que pertenece al cuerpo de Prefectura y no al Cuerpo General”.
“Uno lee ambas leyes y le queda la duda”, dijo Gianoli a la diaria. “El artículo 103 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas habilitaría [la designación], pero es una ley general, y cuando vas a la ley orgánica de la Armada, que no está derogada en ningún lado, habla de que una de las funciones del Cuerpo General es el comando general de la Armada”, apuntó.
Este mismo lunes la Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió hacer una solicitud similar. Los legisladores acordaron pedir al MDN “la fundamentación jurídica que determinó el nombramiento del contralmirante José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada”.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana señaló que “la interpretación jurídica más aceptada” es que el comandante en jefe de la Armada provenga del Cuerpo General, “por una razón que viene desde el principio de la formación de los oficiales y de cuáles fueron sus destinos a lo largo de toda la carrera”.
Una fuente especializada indicó a la diaria que, si bien la normativa vigente da lugar a “dos bibliotecas”, el “fondo del asunto es que a los integrantes del Cuerpo General” –esto es, quienes se formaron para “la guerra”– “no les gusta nada que los esté mandando alguien que se formó como policía”, en referencia a la carrera de Elizondo en la Prefectura Naval. “Eso es algo que va más allá de la ley, que es un argumento formal”, resaltó la fuente.
Lazo: “Elegimos a quien nos parecía que teníamos que elegir”
Al término de la ceremonia de asunción, Lazo defendió la designación de Elizondo. “Nos parecía que era la persona adecuada”, afirmó la ministra en una rueda de prensa, y subrayó que el nombramiento “es una potestad del Poder Ejecutivo”. En cuanto a la discusión jurídica, sostuvo que “la ley orgánica militar, en su artículo 103, indica que cualquiera de ellos [por los contralmirantes] podía ser el comandante, y nosotros elegimos a quien nos parecía que teníamos que elegir”.
Por su parte, el exministro de Defensa Nacional y actual senador del PN Javier García destacó el discurso “profesional” de Elizondo, quien “hizo un señalamiento muy claro acerca de la incorporación de los buques OPV”. En declaraciones consignadas por el periodista Leo Sarro, García recalcó que Elizondo “fue muy claro en el sentido de reivindicar la próxima incorporación de los buques”, y recordó que el nuevo comandante en jefe de la Armada “nos asesoró a nosotros, siendo ministro, con el comandante anterior [Jorge Wilson], acerca de la compra de los buques al astillero Cardama”.
La elección del astillero español Cardama Shipyard para la construcción de los buques OPV por parte del pasado gobierno fue criticada en múltiples oportunidades por el actual oficialismo. Recientemente, un informe de inspección de la Armada, que fue encargado por Lazo, constató que la empresa española no contaba con los permisos necesarios para la construcción de los patrulleros oceánicos, entre otras irregularidades.
Según García, el actual gobierno ha promovido un “boicot” en contra de la compra de los buques OPV, que “se desmorona cuando se avanza en la construcción”. “Si estaban en desacuerdo, hubieran dejado sin efecto el contrato”, lanzó.
Consultada al respecto, Lazo dijo que los patrulleros oceánicos “se están construyendo”. “Se continúa, simplemente, con la supervisión de la Armada”, añadió.