La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, tiene una agenda cargada incluso desde antes de asumir el cargo. Durante el período de transición de gobierno, a comienzos de este año, se perdieron más de 1.000 puestos de trabajo debido a la decisión de la empresa autopartista Yazaki de finalizar sus operaciones en Uruguay. A eso le siguieron conflictos en la industria pesquera, láctea y en la cárnica, un balance deficitario de 118 millones de dólares de pérdida en 2024 en Ancap, que generó críticas de la oposición y repercutió en el mensaje presupuestal de la empresa pública, provocando un conflicto con el sindicato, y también cambios en la metodología de ajuste de precios de los combustible adoptada por el gobierno anterior.

En una entrevista con la diaria Radio, la ministra apuntó que política nacional en materia de industria “requiere un ejercicio de planificación previa, requiere datos, requiere el intercambio que estamos queriendo tener, por ejemplo, con los núcleos productivos a nivel de industria”. Analizó que el segundo gobierno del Frente Amplio (FA), el del expresidente José Mujica, fue “muy fermental en muchas cuestiones que generaron después revoluciones”, por ejemplo, el cambio en la matriz energética y en las telecomunicaciones, mientras que el tercero, al mando de Tabaré Vázquez, fue más un período de “rodaje de esas decisiones” previas.

En el gobierno de Mujica, “tanto Antel como UTE dispararon muchas inversiones que hoy son base y siguen siendo base de la política nacional y que nos han permitido cambiar el producto interno bruto. En energía, pasamos de ser importadores de energía, por definición –o dependíamos del agua, sobre todo de Salto Grande, o comprábamos combustible a precio caro, con la volatilidad que eso tiene, o teníamos problemas de no tener energía–, a ser exportadores de energía”, destacó Cardona.

Tarifa de consumo básico

Sobre por qué esa transformación de la matriz energética no se ha traducido en mejores condiciones en los precios de las tarifas residenciales, la más cara en comparación con otros países de la región, como Argentina, Chile y Paraguay, la ministra aclaró, en primer lugar, que la realidad de Uruguay “es única”, lo que la hace difícil de comparar con otros países, debido, por ejemplo, a la conformación de UTE como empresa pública: “Tiene toda la cadena de valor en la propia empresa. Es decir, genera, transmite, distribuye y comercializa. No existe otra situación en la región que sea igual”.

Por otro lado, se refirió a la decisión sobre la distribución de las ganancias de UTE: o devolverlas mediante una baja en las tarifas, o transferirlas a Rentas Generales para que el gobierno las destine a otras políticas públicas. Cardona explicó que, luego de la instalación del último parque eólico y concluidas “las inversiones para establecer fuentes de generación renovables”, en el tercer gobierno del FA se proyectaba analizar cómo eso impactaba en los costos de abastecer la demanda y “ver cómo distribuíamos esa nueva ganancia con la ciudadanía”.

“La discusión sería: todo lo que genere ganancia sobre la base de esa inversión se va a la tarifa y le rebajo con eso la tarifa. Bueno, eso no ocurrió”, afirmó, y acotó que “UTE no dejó de dar dinero a Rentas Generales”. La ministra señaló que en 2021, cuando se empezó a “ver realmente que había bajado el costo de abastecimiento de la demanda” –incluso a la “tercera parte de lo que se pagaba, por tener [energías] renovables”–, UTE tomó la decisión de eliminar la tarifa de consumo básico, “que era la tarifa más barata para la gente”, y la perdieron “más de 200.000 familias”.

“Más del 70% de esa tarifa básica estaba distribuida en el interior del país y beneficiaba a jubilados, pensionistas y parejas jóvenes”, señaló. Acotó que, por una tarifa residencial común de 2.000 pesos, el precio de la tarifa básica era, aproximadamente, de unos 700 pesos.

Adelantó que este gobierno está “trabajando con UTE el tema de que vuelva la tarifa básica”, que es uno de los compromisos del presidente Yamandú Orsi, aseguró. “Lo que estamos viendo es cómo aplicamos la tarifa básica nuevamente, con el impacto que ahora genera en UTE, que no es lo mismo que volver atrás en aquel momento, porque tenemos cuatro o cinco años de haberlo perdido”, explicó. La ministra profundizó explicando que la empresa tiene que diseñar un cronograma que le permita “ver cuál es el impacto [de lo] que va a perder en facturación por volver a poner esa tarifa para la gente”.

En ese marco, Cardona consideró que se debe apuntar a “una tarifa que tenga casi las mismas condiciones” que la anterior, pero que quizás se aplique “por grupos de ciudadanía, para ir aproximándonos cada vez más y poder cumplir con el compromiso”.

Comentó que aún no lo ha conversado con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, pero que tienen “una lista de por lo menos cinco temas” para llevar a una reunión que se llevará a cabo próximamente, “porque muchos de los asuntos en los que trabajamos requieren, de forma mancomunada, el acuerdo de Economía, Finanzas e Industria”.

La rebaja de 100 pesos en la garrafa de supergás “era una ayuda absolutamente de recibo”

En materia de costos de energía, en junio el gobierno resolvió bajar 100 pesos el precio de la garrafa de supergás, que pasó de costar 1.150 a 1.050 pesos. Desde la oposición se cuestionó que hubiera sido mejor concentrar la renuncia fiscal en la población beneficiaria del subsidio del supergás para que este fuera mayor. Cardona lo consideró un argumento “bastante pobre”, que no “tiene ningún respaldo”.

“Cuando uno ve la decisión de a quién llega en la mayoría de la población y por qué tomamos la decisión de que a la clase media trabajadora le representaba una ayuda en su esfuerzo mensual tener 100 pesos de rebaja en la garrafa, me parece que no resiste este tipo de discusión”, aseveró la ministra. Sostuvo que el gobierno entendió que “era una ayuda absolutamente de recibo” en un momento “de mayor inclemencia climática en cuanto al frío” y por “la realidad de lo que representa para una familia tipo el costo que implica, en invierno, solventar la cocción y la calefacción en su casa con garrafas”.

La ministra consideró que la población beneficiaria del subsidio por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social “tiene muchas subvenciones y está bien que las tenga”, pero también “era un momento de darle un mensaje a la ciudadanía en general y a la clase media trabajadora”, teniendo en cuenta que “en el quinquenio pasado le subió muchísimo [el precio de] la garrafa”.