Este martes, la empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental-Sociedad Gestora de Patrimonios (AFAO) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un pedido de arbitraje contra el Estado uruguayo. En la página de la institución internacional se detalla que el “objeto de la controversia” es una “concesión de construcción”. El caso se remite a 2005, cuando una resolución firmada por Tabaré Vázquez rescindió la concesión para la construcción de un tramo de la ruta 1 por parte del Consorcio Ruta 1.

Un comunicado de Garrigues, representante legal de AFAO en 2009, cuando la sociedad presentó un reclamo por 383,2 millones de dólares por el mismo caso, detalla que la concesión se le quitó cuando tenía más de diez años y medio de validez, y además, sólo restaba terminar el 3% del total de la obra ejecutable.

En ese comunicado, difundido por Europa Press, se hace referencia a la existencia de “asedio fiscal y administrativo” por parte del Estado uruguayo. Asimismo, se destaca que se canceló el disfrute de la concesión sin mediar indemnización o compensación económica alguna. En el reclamo de 2009, así como en el actual arbitraje, se hizo referencia al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por España y Uruguay en 1994.

Según se detalla, AFAO era accionista mayoritario, a través de la sociedad Bimper, del Consorcio Ruta 1. En este marco, había obtenido la concesión para construir y conservar un tramo de la doble vía entre Montevideo y Libertad. Se incluía en el contrato la construcción de un puente sobre el río Santa Lucía, que unió a Montevideo y San José. A su vez, consta como contrapartida el derecho al cobro de peajes por 17 años y medio.

Tras la reclamación presentada en 2009 se abrió un período de seis meses para que se pudiera acordar el cese de la controversia de forma amistosa. Se adelantaba en ese momento que de no lograrse un acuerdo, quedaría abierto el camino a un arbitraje internacional, en línea con lo establecido en el Convenio Ciadi, al que adhieren ambos países.

Según consta en la página de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el marco de la extensión de la administración de la ruta 1 por parte de Corporación Vial, en 2006, se detalla que había sido rescindida el año anterior “la gestión de la doble vía Montevideo-Libertad” por parte del Consorcio Ruta 1 por “incumplimientos varios” en el contrato que estaba vigente. Se detalla que el consorcio tuvo el control desde 1997, pero “no concluyó la construcción” que estaba prevista para el año 2000.

“En determinado momento se manejó una propuesta de rescisión acordada, consensuada, pero no fue posible llegar a acuerdo en cuanto a la estimación de las cifras y, por lo tanto, nosotros decidimos recorrer este camino que es la rescisión unilateral”, expresó el primero de agosto de 2005 el entonces ministro de Transporte Víctor Rossi, en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció la rescisión.

Según explicó Rossi en la misma instancia, la concesión se prolongaba hasta marzo de 2016, período en el que la empresa “tenía la obligación del mantenimiento”. En ese sentido, enfatizó que “no puede el Estado uruguayo permitirse mantener al frente de una concesión una empresa que reitera permanentemente los incumplimientos respecto de las fechas que están pactadas”.

“Algunos de los incumplimientos están evaluados y ha recibido la empresa, a consecuencia de esos incumplimientos, las multas correspondientes”, comentó el entonces ministro. “No descartamos que una vez que estemos en condiciones de profundizar en el análisis de la situación pueda aparecer incluso la necesidad de promover determinadas acciones judiciales”, agregó.

El caso actual

Según informó M24, recientemente AFAO reiteró su disposición a llevar el caso ante el Ciadi en 2011, algo que finalmente se confirmó el martes. La empresa española será defendida por Dechamps International Law, estudio jurídico con sedes en Londres, Buenos Aires y Montevideo. Consultados por la diaria, los representantes legales en Montevideo prefirieron no hacer declaraciones en esta instancia del proceso.