Pasadas las 11.00 de este miércoles, comenzó en la Cámara de Senadores la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida. El miembro interpelante fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien inició su intervención de apertura, de una hora y media de extensión, cuestionando que el ministro no aplicara el artículo 197 de la Constitución para dejar sin efecto la decisión del Instituto Nacional de Colonización (INC) de adquirir el campo por un valor de 32 millones de dólares.

Sobre las 20.00, oficialismo y oposición dieron sendas conferencias de prensa con posturas contrapuestas. La oposición resolvió conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara de Representantes. El diputado denunciante será el colorado Juan Martín Jorge, y el motivo son los cuestionamientos “de orden administrativo, jurídico y constitucional” respecto de la compra de la estancia. La preinvestigadora empezará a sesionar este jueves y deberá elevar informes al plenario en 48 horas. Tendrá tres miembros: Carlos Reyes y Gabriel Tinaglini (Frente Amplio) y Domingo Rielli (Partido Nacional).

En la conferencia de prensa, Da Silva expresó que fueron “absolutamente insatisfactorias las explicaciones”. “Exhortamos y recomendamos a todos los jerarcas de gobierno actuales que traten de apegarse a la legalidad por su propia eventual responsabilidad penal”, expresó, por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda.

En tanto, Fratti apuntó en la conferencia, rodeado por la bancada del Frente Amplio (FA), que quedaron claros los “dos modelos de país”. El ministro subrayó que, desde el punto de vista del gobierno, el INC “tiene que seguir atendiendo al pobrerío rural como inversión”. Enfatizó que el FA es el que más hectáreas ha comprado para el instituto, alrededor de 10.000 hectáreas por año en promedio.

En tanto, el senador Daniel Caggiani afirmó que lo anunciado por la oposición “es parte de una estrategia que se está terminando de acicalar en las oposiciones”, que consiste en que “al gobierno, ni un vaso de agua”. “Para nosotros se cumplieron todos los procedimientos legales correspondientes”, concluyó el legislador.

El disparador del interpelante

“Él estuvo facultado constitucionalmente para detener esto. Y, muy por el contrario, sus declaraciones dicen que María Dolores fue la mejor compra en la historia del INC. Ese es el motivo de la interpelación”, dijo Da Silva al inicio de la instancia parlamentaria de este miércoles. Criticó, además del valor de la compra, el momento en que se hizo el anuncio: “La compra de María Dolores empezó de esta manera, que se la voy a graficar”, afirmó, antes de proyectar las imágenes de la rueda de prensa que dio el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el día del velorio del expresidente José Mujica, en la que dio a conocer la noticia de la adquisición.

“Empieza con un anuncio [al] que los uruguayos están desacostumbrados: es la utilización política, en las circunstancias más angustiantes, del uso de los dineros públicos”, afirmó Da Silva. “Nosotros desde el punto de vista humano podemos entender los momentos de emoción, el expresidente Mujica naturalmente ha sido un hombre muy importante, y mucho más importante para esta generación que hoy está en el gobierno. Pero no podemos permitir, porque estamos en una república, que se usen los dineros públicos para hacer un templo, un santuario a Mujica”, lanzó el legislador.

En el mismo sentido, Da Silva se refirió en varias ocasiones a la estancia con un juego de palabras: “Un santuario al santo Pepe”. De hecho, luego de reiterar la expresión varias veces, la presidenta de la cámara, Blanca Rodríguez, le pidió que dejara de utilizarla por sonar “ofensiva”.

Posteriormente, en varias ocasiones, Da Silva aseguró que no es “enemigo” del INC, sino “todo lo contrario”. En esa línea, cuestionó, en otro tramo de su intervención, que con esta compra se concentran los esfuerzos presupuestales “en una zona lechera que no es la zona de los problemas de la lechería en el día de hoy”. Asimismo, afirmó que sólo el propietario del campo vecino a María Dolores, de quien dijo que es dueño del “frigorífico más grande de Uruguay”, y “el político al que no le duele la plata del Estado” podrían “llegar a pagar ese disparate [32,5 millones de dólares] por María Dolores”.

Para recalcar que el precio de la compra del campo estuvo por encima del promedio, Da Silva comparó el valor de la adquisición de María Dolores con las 13 transacciones anteriores registradas en el departamento de Florida, sobre el cual dijo que “es homogéneo” en el valor de los suelos. “Los valores de María Dolores, por valor dólar-hectárea, son 55% por encima de los últimos 13 negocios que Colonización tuvo posibilidad de ir y comprar”, afirmó.

“No hay quien conozca la zona que no se agarre la cabeza con las crecientes que pasan en esa zona”, aseguró, y adelantó que va a seguir de cerca el uso de los terrenos de menor altura “para ver si este gobierno comete la locura de llevar vacas lecheras a esos bajos a ver cómo están”. “Poner tamberos en esos bajos es condenarlos a la peor de las esclavitudes”, advirtió.

Los planteos del ministro

“El senador Da Silva dice que coincide conmigo en que vivimos en el mismo barrio, pero quiero aclarar que eso es un error, [porque] yo vivo ahí coyunturalmente cuando estoy en Montevideo; yo vivo en una chacra a 12 kilómetros de la ciudad de Melo”, destacó Fratti en su primera intervención. El ministro subrayó sus diferencias con el senador del Partido Nacional (PN) y miembro interpelante: “Mientras él estudió relaciones internacionales, yo estudié veterinaria”, señaló. Continuó remarcando que mientras Da Silva “jugaba al rugby”, el “curaba bichera en la décima de Cerro Largo”.

Dicho esto, el titular del MGAP afirmó que en el proceso de adquisición de María Dolores no hubo “improvisación”. “Desde nuestro punto de vista, si no es la mejor, es una de las mejores compras que ha realizado el Instituto Nacional de Colonización en su historia”, aseguró.

Fratti señaló que el campo ubicado en el sur de Florida será destinado a la producción lechera y, en tal sentido, destacó que “absolutamente todas las gremiales lecheras han dado el OK a esta compra”. “Es bueno preguntarles una y otra vez a las gremiales lecheras, o a los que forman esas gremiales, que son los que están todos los días, invierno y verano, Año Nuevo y Navidad, detrás de las tetas de las vacas; insisto, ahí hay unanimidad”, resaltó.

Asimismo, el titular del MGAP mencionó que, además de las gremiales lecheras, la compra de este terreno fue respaldada por el intendente de Florida, Carlos Enciso, y por el diputado departamental Álvaro Rodríguez Hunter, ambos integrantes del PN.

El ministro sostuvo que el debate en torno al INC conduce necesariamente a una discusión sobre la tierra y su “distribución”. A su entender, se trata de “una cuestión profundamente artiguista”: “Cuando estamos a más de 200 años de aquel 1815, continúa la vigencia de aquel reglamento que desde nuestro punto de vista nos marca como país y como nación”, manifestó.

Las cuestiones de fondo

Tras un cuarto intermedio, pasadas las 14.00, Da Silva le respondió a Fratti. Afirmó que el jerarca se dio un “autobombo estelar”, sin responder “ninguna de las preguntas de lo más camperas”. En esa línea, el legislador blanco cuestionó afirmaciones personales del ministro en lo relativo, por ejemplo, al “origen humilde” de su familia, y reiteró el pedido de respuesta de una serie de dudas vinculadas: “¿Cuál va a ser el plan de inmediato? ¿Qué van a plantar? ¿Con quién se hará la primera zafra y en qué condiciones? ¿Existió la evaluación del sistema de riego? ¿Tienen analizada la capacidad de riego? ¿Cómo evalúan la sustentabilidad de las fuentes de agua? ¿Conoce los lugares donde irían los tambos?”, enumeró.

Alejandro Henry, presidente del INC, fue el encargado de responder cada pregunta. Sobre qué sucederá en los padrones mientras se trabaja en realizar los cambios correspondientes para instalar las 16 familias, el jerarca detalló que “se va a hacer un llamado a interesados, fundamentalmente a asociaciones de productores”. “La definición de quién va a participar no está tomada, se va a hacer llamado y la intención es que la mayoría de las asociaciones que quieran participar lo van a hacer”, agregó, en el entendido de que se deberá iniciar la instalación de forraje en modo de renta, lo que puede permitir recibir al ganado lechero con “buenos rastrojos”.

Henry detalló que se hizo una “evaluación del sistema de riego”, y agregó que algunos de los pivotes con los que se cuenta “son muy nuevos”. En la misma línea, agregó que para la planificación anunciada en los padrones se cuenta con un “informe de los administradores anteriores”. Sobre la capacidad de riego, comentó que son 1.200 hectáreas.

El presidente del INC también hizo referencia a la sustentabilidad de fuentes de agua, y detalló que el “gran volumen está basado en 60 hectáreas de embalses” y “dos represas más chicas que están interconectadas con todo el sistema de riego, una de diez hectáreas y una de tres hectáreas”. En cuanto a las tomas que se tienen sobre el río Santa Lucía, reconoció que una de ellas no está habilitada actualmente.

En cuanto a la ubicación de los tambos, Henry señaló que estos “estarían cercanos a la ruta 12, en ambos márgenes”. Con relación al uso de los suelos, además del informe que se le solicitó a los anteriores administradores, también se le pedirá al MGAP documentos que tenga al respecto. “El plan que existe no quiere decir que vayamos a seguirlo; sin dudas se va a presentar un nuevo plan, una vez que estén definidos los cultivos que se van a realizar y los lugares”, adelantó.

“Estimamos que en otoño de 2027 estaríamos empezando a remitir leche”, adelantó Henry. “El retorno en el corto plazo es la renta; todos los años se genera una renta que ronda los 80 dólares, y en lo que son las áreas con riego hablamos de renta de 250 a 300 dólares”, detalló.

“La inversión va a tener una capitalización importante en el valor de la tierra”, comentó también Henry. Sobre cuándo se va a amortizar, señaló que eso sucede a nivel de campo “en el orden de los 30 años”. “Vamos a trabajar con el producto que se va a enviar a las industrias, ya sea de Florida o de San Ramón”, afirmó, y comentó que la idea es que se pueda generar “un puesto de trabajo cada 1.500 litros de leche”.

Por último, sobre la viabilidad productiva de la decisión de adquirir María Dolores, Henry reconoció la complejidad que significa que el INC tenga sólo 20 días para decidir sobre intervenir en la transacción entre privados. Reconoció asimismo que se basó la planificación en cómo funciona el grupo de familias de producción lechera ubicadas en El Timote, en el departamento de Florida. El jerarca agregó que también se tuvieron en cuenta los resultados de los “productores de forraje de la zona” de María Dolores.

La legalidad

Las consultas sobre la legalidad vinieron de la mano del senador colorado Pedro Bordaberry. Una de ellas tenía que ver con el hecho de que se haya dado cumplimiento a la entrega de la información necesaria para la votación de la compra en el directorio del INC con una antelación de 24 horas. Laura Penino, gerenta del INC, detalló que “se cumplió”, dado que todo “se entregó una semana antes a los miembros del directorio”.

Bordaberry refutó este planteo, dado que eso no se cumplió con la directora Karina Henderson, quien asumió algunos minutos antes de la votación, y por tanto no se pudo haber cumplido con el suministro de la información 24 horas antes, alegó. En esa línea, el legislador colorado también consideró que la directora no debe formar parte del directorio, porque incumple con el artículo 200 de la Constitución al ser colona y, por tanto, no puede ejercer un cargo en un directorio de un ente autónomo relacionado a la actividad.

Natalia Gandolfo, representante de Jurídica del INC, se refirió a si era necesario o no el apoyo de cuatro votos en el directorio para efectuar la compra de la estancia. Señaló que el Tribunal de Cuentas hizo una “interpretación errónea” de la normativa en ese sentido, y también lo hizo al entender que la adquisición fue una compra directa. Gandolfo planteó que la necesidad de cuatro votos no corresponde cuando el “instituto ejerce un derecho legal que le permite desplazar al comprador privado en ciertas enajenaciones de inmuebles”.

Bordaberry, en tanto, apuntó a la existencia de una ilegalidad cuando no se cumple con los cometidos del INC. “Dejaron constancia en acta del directorio de Colonización de que la motivación de la compra del campo era un homenaje al expresidente José Pepe Mujica”, aseguró. Recordó que el colorado Juan Justo Amaro, expresidente de OSE, fue condenado por abuso de funciones por la asignación de fondos del ente para la construcción de un monumento al caballo en Florida, con un costo de 15.000 dólares.

“Los voy a dejar a los senadores expertos en derecho penal para que lo analicen desde esa óptica”, planteó Bordaberry. El senador Ojeda recogió el guante y comentó que “el proceso penal por el que fue formalizado el exsenador Charles Carrera tiene características similares” a lo que sucedió en este caso con las decisiones del INC. Indicó que se tomaron “decisiones” como si fuera algo de “su propiedad, en lugar de hacerlo como jerarca responsable”.

“El jerarca que firma se expone a responsabilidad personal que trasciende furiosamente la responsabilidad política que pueda tener en este Senado; quiero creer que nadie en esta sala estaría en contra de que se solicite que las actuaciones se revisen por la Junta de Transparencia y Ética Pública, así como por la Fiscalía General de la Nación”, planteó Ojeda antes de presentar formalmente una moción en ese sentido.

Bordaberry también se refirió a que antes de la transacción se debe tener presente un “estudio de la posibilidad de una explotación económica regular que justifique la operación”. Más allá de que el legislador entiende que ese informe “no se hizo”, sino que se pidió “un informe sobre las características del bien”, plantea además que este no se agregó en el expediente antes de la resolución de la compra.

“Lo agregaron dos días después, cuando comenzaron las quejas y, casualidad o no casualidad, el informe aparece con una fecha anterior a la resolución”, detalló Bordaberry. “Empezamos a pensar en una hipótesis de alteración de un documento público que podría tener viso delictivo; si determinada resolución está después de otra de fecha anterior y predatada, eso es complicado de explicar”, comentó Ojeda.

Estos elementos, según supo la diaria, estarán entre los argumentos que serán presentados a la comisión preinvestigadora de Diputados.

La discusión en el Senado continuó hasta la medianoche. El FA, que tiene mayoría en la cámara, ya tenía una moción redactada y firmada que declaraba “ampliamente satisfactorias” las explicaciones de Fratti. “Ha quedado claro que todo el proceso de compra estuvo avalado por el apego a la Constitución y las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, velando por la legalidad, transparencia y buen uso de los fondos públicos”, indica el texto. Agrega que el sector lácteo “enfrenta desafíos estructurales y coyunturales de relevancia para continuar proyectándose” y que, en este contexto, “María Dolores es una compra atinada, ejecutada en el marco del accionar del INC, que genera grandes oportunidades de desarrollo para la producción familiar lechera, que generará trabajo y radicación en el interior del país, sin olvidar que también es sinónimo de soberanía, recuperando 4.400 hectáreas que estaban en manos de capitales extranjeros y pasarán al patrimonio estatal”.

En cambio, la oposición redactó otra moción declarando las respuestas del ministro “francamente insatisfactorias”. “Ha quedado demostrado que los argumentos dados por el gobierno para la compra de la estancia María Dolores no se compadecen con las informaciones dadas en salas”, entendieron. Agregaron que desde el punto de vista jurídico “quedaron demostradas manifiestas y graves ilegalidades en el proceso de compra” y por este motivo se evaluarán “nuevas acciones parlamentarias”.

Pero ninguna de las mociones pudo ponerse a consideración del cuerpo. En momentos en que el senador frenteamplista Nicolás Viera se refería a Da Silva como el “senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un buen negocio invertir en Conexión Ganadera”, este se puso atrás a discutirle y a decirle “atrevido”. Da Silva le terminó diciendo a Viera “puto de mierda”, según contaron a la diaria el propio Viera y el presidente de la Cámara, Sebastián Sabini, quien finalmente resolvió levantar la sesión amparándose en una disposición del reglamento que le da la potestad de hacerlo “en caso de desorden”.

Minutos más tarde, Da Silva se expresó sobre lo sucedido mediante un posteo en la red social X. “Lamento haber reaccionado ante estos agravios”, afirmó, agregando el video de un fragmento de la exposición de Viera. Y pidió “disculpas a los integrantes del cuerpo”.