La Cámara de Diputados recibe desde este martes de mañana al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en el marco de la interpelación promovida por la oposición a raíz de la decisión del gobierno de dar marcha atrás al proyecto Neptuno y, en cambio, construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, además de otras obras asociadas. El miembro interpelante es el colorado Walter Cervini, representante por el departamento de Canelones, quien al inicio de la sesión afirmó que la interpelación surge de “la preocupación por los destinos del agua potable, nada más y nada menos, para 1.800.000 personas que viven en el área metropolitana”.
Cervini aseguró que, pese a ser transmitida por internet y en los medios de prensa que cubren la actividad, a su entender “eso no significa que esto [la interpelación] tenga que ser un show”, y “tampoco venimos a plantear discursos largos para sacar una mejor posición en la opinión pública”, dijo. “Nuestro objetivo principal es obtener la información que requerimos para analizar, entre todos, si la decisión que tomó el gobierno es la correcta o si no es la más indicada para nuestro país”, enfatizó el representante de Canelones.
La decisión del actual gobierno de cancelar la iniciativa de la anterior administración y disponer en su lugar la construcción de una nueva planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía fue cuestionada desde el primer momento por la oposición e incluso por el expresidente Luis Lacalle Pou, quien calificó la resolución de “netamente política y técnicamente desacertada”.
Esta es la segunda interpelación que afronta el gobierno de Yamandú Orsi desde que asumió el mandato. La primera fue el miércoles pasado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, con motivo de la compra de la estancia María Dolores en el departamento de Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. La instancia culminó con la decisión de la oposición de promover una comisión investigadora y debió ser interrumpida abruptamente a causa de un acalorado intercambio que terminó con un insulto homofóbico del miembro interpelante, el nacionalista Sebastián da Silva, al senador frenteamplista Nicolás Viera.
La defensa de Neptuno
En su primera intervención, Cervini sostuvo que en el gobierno anterior “se dio tanta relevancia al tema ambiental, en particular al agua, que allá por mediados de 2020, cuando en el Parlamento tratamos la famosa ley de urgente consideración, votamos –vale la pena aclararlo: con todos los partidos que tenían representación en la cámara– la creación del Ministerio de Ambiente [MA]”. En esa línea, el legislador recordó que el primer ministro de Ambiente, el también colorado Adrián Peña, decidió asumir el cargo en Aguas Corrientes, “y no sólo por ser de Canelones”, sino “porque se adelantó al problema que afrontaba Uruguay de contar con una sola fuente para tomar agua para potabilizar”, afirmó.
“En la primera semana de gestión en el ministerio tiene una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que definen como prioridad ponerse a trabajar en una alternativa que pudiera darle seguridad al país, que no tenemos, y deciden empezar a trabajar con una toma alternativa al [río] Santa Lucía en el Río de la Plata, y allí se da el puntapié inicial” para lo que terminó siendo el proyecto Neptuno, repasó Cervini.
El diputado recordó que el proyecto en cuestión, también denominado Arazatí, “fue presentado en el período anterior como una iniciativa privada” y que su objetivo era habilitar un “plan B” para la toma de agua a potabilizar. “Esa toma alternativa no se hace en el Río de la Plata por capricho, sino porque es la quinta cuenca en tamaño a nivel mundial: 3.100.000 kilómetros de cuenca de la cual podemos extraer agua bruta para potabilizar”. “En Colonia ya se toma agua del Río de la Plata sin problemas, en Buenos Aires” también, afirmó. Cervini señaló que la sequía de 2023 “Buenos Aires no la sintió porque tenía de dónde tomar agua”.
Por otra parte, el diputado interpelante recordó que Arazatí ya superó la habilitación ambiental y “es una obra que quedó lista para ejecutar” y “una opción posible y realizable”. Asimismo, señaló que la problemática de los eventos de salinidad asociados al Río de la Plata quedaría subsanada con la solución del pólder que proponía el consorcio.
En cuanto a las objeciones por una posible inconstitucionalidad del proyecto, en virtud del artículo 47 de la carta magna, Cervini sostuvo que de concretarse esta iniciativa “el manejo de la planta siempre iba a estar a cargo de la OSE”, así como el abastecimiento y la distribución, “es decir, cumplía con los parámetros establecidos en la Constitución”. Asimismo, marcó una contradicción en estos argumentos frente al hecho de que el saneamiento en Montevideo “es llevado a cabo por privados”, así como en Canelones.
“El proyecto Neptuno en Arazatí fue sumamente transparente y siempre dio participación, desde el comienzo, recuerdo, en aquella interpelación que le realizaron al ministro Peña”, afirmó Cervini.
Adelantando algunas de las preguntas que trasladaría al ministro, Cervini mencionó que una de ellas sería sobre la supuesta necesidad de construir una planta de energía eléctrica por un costo de 30 millones de dólares. Al respecto, el legislador indicó que solicitará un documento que respalde esa afirmación y los sobrecostos en general, así como en lo que respecta a las expropiaciones necesarias.
Contaminación e inundaciones: los riesgos de una única toma en el Santa Lucía
A partir de un cálculo realizado con la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, según indicó el propio Cervini, si el tren de UPM incrementa su frecuencia a 31 viajes por día, como está previsto, circularán por sobre el río Santa Lucía “350.000 litros de productos químicos altamente contaminantes” cada día. El diputado marcó esto para señalar que se trata de “nuestra única fuente de abastecimiento para 1.800.000 personas que viven en el área metropolitana”. En ese sentido, citó dos antecedentes “como para que uno tome dimensión de que esto se puede dar”: un descarrilamiento en Estados Unidos en 2023 y otro en China en 2012.
“Si representará un peligro tan grande que puede dejar sin agua al 60% de la población de nuestro país uno de esos 19 cruces” de ferrocarril por sobre el Santa Lucía, advirtió Cervini.
En otro tramo de su intervención, el diputado citó las declaraciones del expresidente José Mujica a La Nación en julio de 2023, en el marco de la sequía histórica que vivió el país ese año, en las que el exmandatario afirmó que era un “error estratégico” depender de una sola fuente para tomar agua potable, en referencia al río Santa Lucía. “Diferentes actores políticos, de diferentes partidos, en diferentes momentos de la historia han identificado el problema de seguridad que tenemos y se han pronunciado a favor de tener una toma alternativa”, enfatizó Cervini.
El legislador también marcó posibles riesgos en la nueva planta potabilizadora que el gobierno pretende instalar en Aguas Corrientes, por posibles inundaciones como las que ya suceden en la planta actual. “Vaya si será una debilidad tener las plantas potabilizadoras en un solo lugar”, alertó Cervini.
Dudas sobre Casupá y María Dolores
Por otra parte, Cervini criticó el resumen que divulgó el MA a partir de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para justificar la necesidad de construir la represa de Casupá en lugar de la planta en San José, y argumentó que se trata de una consultoría que encomendó la gestión anterior, a cargo de Robert Bouvier, para crear un protocolo para la sequía. “Es muy agarrado de los pelos el titular que saca el resumen que publica el MA en su página para decir ‘Casupá es más robusto y confiable que Arazatí’”. En este sentido, adelantó que preguntaría al ministro quién hizo ese resumen y si quienes llevaron adelante la consultoría y el BID están de acuerdo con esa síntesis.
Asimismo, el diputado planteó la consulta de hasta qué punto llegaron los estudios de habilitación ambiental en el caso de Casupá, dado que, según sostuvo, “la habilitación ambiental final no había sido emitida para el proyecto Casupá de 2019; hasta la audiencia pública faltaba”. “Queremos saber cuál es el proyecto nuevo de Casupá, si es un plan integral como era el plan Neptuno” o “si es una obra aislada”, agregó Cervini. El legislador también consultó sobre el alcance y los costos de la tala de monte nativo en la zona y, en general, sobre la inversión que requerirá la construcción de la represa en Casupá.
Por otra parte, el diputado interpelante se refirió a la situación de la cuenca del río Santa Lucía, en la que hay “números en medición de contaminación que preocupan”. A los problemas ya existentes, consideró Cervini, se les pueden sumar otros, dada la compra de la estancia María Dolores, en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización y la correspondiente toma de agua “justamente en el Santa Lucía para riego”. Según planteó, la autorización vigente caería con el cambio de propietario, por lo que el ministerio debería otorgar una nueva habilitación para el sistema de riego. Cervini también llamó la atención –al igual que el senador nacionalista Sebastián da Silva en la interpelación a Fratti– sobre el impacto ambiental de la eventual instalación de 16 tambos en el campo en cuestión sobre las costas del Santa Lucía y los arroyos asociados. Asimismo, el diputado preguntó “cómo van a coexistir” los proyectos productivos que allí se pretende instalar con la idea de crear en la zona un área protegida.
“Deseo luego, la intención de esta interpelación es que el ministerio y la delegación aporten tanta información de sus decisiones que esclarezca nuestras dudas, que me convenzan de que tomaron la mejor decisión. Lo deseo sinceramente y de corazón”, cerró Cervini antes de dar paso al diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien agregó algunas preguntas de tenor jurídico sobre la decisión de modificar el contrato con el consorcio que iba a desarrollar el proyecto Neptuno y de no convocar a una nueva licitación para la construcción de la planta en Aguas Corrientes.