La cuenta a nombre de Jorge Bermúdez, ex secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), por la que el Consejo Central del gremio lo intimó a devolver dinero allí depositado correspondiente al Fondo de Formación Sindical, fue cerrada y el dinero traspasado a una cuenta del sindicato.
La polémica interna en la FUS surgió la semana pasada, luego de que Marcos Franco y Rodrigo Diana, secretario general y secretario adjunto de la FUS, presentaran una moción ante el consejo en la que denunciaron que tanto Bermúdez como el exsecretario de Finanzas Héctor dos Santos continuaban cobrando en cuentas a su nombre “los importes vertidos por los empleadores” al Fondo de Formación Sindical, según publicó el periodista Eduardo Preve el pasado miércoles. Los denunciantes consideraron la situación “absolutamente irregular e ilegítima”, dado que la FUS “tiene una cuenta bancaria abierta a su nombre”.
El Consejo Central anunció el jueves pasado en un comunicado que en la sesión del 30 de julio resolvió contratar una auditoría externa para “brindar transparencia”. Esta auditoría estaría acompañada por algunos cambios en el funcionamiento interno del sindicato, que “implican mayores controles y recortes en algunos privilegios que mantenían algunos consejeros de nuestra federación”. Bermúdez cuestionó que la moción de Franco y Diana “se votó con ocho votos” de 15.
Al mismo tiempo, un grupo de 12 dirigentes de la FUS, entre ellos Bermúdez y Dos Santos, expresó en un comunicado que Franco y Diana presentaron “en forma irregular” dos notas para ser votadas en la sesión del 30 de julio. Sostuvieron que una de ellas pretendía “adjudicar a la Secretaría General atribuciones violatorias de nuestros estatutos para controlar de forma antidemocrática el funcionamiento de nuestra Federación”; la otra contenía “falsas afirmaciones sobre el manejo de los fondos de Formación Sindical, las cuentas bancarias de la FUS con ese fin y la forma en que las diferentes instituciones realizan sus aportes”.
Bermúdez explicó la semana pasada que la cuenta del banco Scotiabank estaba “a nombre del secretario general y del secretario de Finanzas desde la época en que la FUS no tenía personería jurídica”, situación que se regularizó este año. La cuenta tenía “un remanente de 180.000 pesos”, ya que había “empresas que todavía no habían asociado la nueva cuenta [de la FUS] a su giro y funcionamiento”, declaró Bermúdez a Telenoche.
Olivia Pardo, dirigente de la FUS, aclaró a la diaria que la cuenta no era personal de Bermúdez y Dos Santos, sino que era una cuenta que fue acordada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cuando se firmó el convenio colectivo, dado que la FUS no contaba con personería jurídica. En 2023, el MTSS habilitó el Registro de Personería Jurídica de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores, que anteriormente debía hacerse por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura como un trámite de personería jurídica tradicional.
Lo que sucede con la personería jurídica del MTSS, explicó Pardo, es que ningún banco privado de plaza “la reconoce para abrir cuentas”. Después de un largo proceso, el Banco República permitió a la FUS abrir una cuenta con su personería jurídica. A partir de entonces, “se migraron los fondos a esa cuenta y se mandaron comunicaciones a todas las instituciones para que depositaran en esa nueva cuenta”. Sin embargo, como señaló Bermúdez, “hubo instituciones que siguieron depositando en la cuenta vieja”, por lo que “se iba migrando mes a mes” ese dinero.
La Dirección Nacional de la FUS resolvió, en julio, que la cuenta anterior se cerrara definitivamente el 1° de agosto y que el dinero remanente se transfiriera por medio de los depósitos que fueran necesarios. “Eso es lo que se resolvió y lo que se hizo. En medio de esto –todavía estamos intentando analizar el porqué–, determinados compañeros tomaron una resolución de ese tenor cuando era algo que ya estaba resuelto y ya se sabía que se iba a poner en práctica”, sostuvo Pardo sobre la moción presentada por la actual dirección.
Respecto de la auditoría, la dirigente consideró que “es más para provocar agitación en la opinión pública que lo que puede aportar”. Si finalmente se lleva a cabo, va a ser “terriblemente costoso, porque estamos hablando de miles de dólares”, teniendo en cuenta que “plantean una auditoría de cinco años para atrás”, cuestionó.
“Todos los balances de la FUS están revisados y firmados por un contador, y están aprobados por la Comisión Fiscal, y están presentados en los congresos y aprobados. Esto para nosotros es una jugada política, un tema de querer acceder a un poder y de la peor forma”, aseveró.