Este jueves, la Comisión de Hacienda de la cámara alta recibió al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para intercambiar ideas sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea cambios a la Ley Integral contra el Lavado de Activos y el Código del Proceso Penal.

Luego de la reunión, Díaz señaló en una rueda de prensa que uno de los aspectos que más han preocupado de este debate es la infraestructura con la que cuentan tanto la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como la Senaclaft, y dijo que se reunió varias veces con el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, para pedirle que refuerce “la cantidad de funcionarios de la UIAF”. Subrayó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo autorizó y que se van a incorporar cinco funcionarios más “si la Ley de Presupuesto es aprobada”. Díaz dijo que esos funcionarios “son absolutamente imprescindibles, porque el volumen de información que se maneja requiere la aplicación de técnicas bien modernas y la posibilidad de analizar los datos y obtener información relevante”.

“Nosotros hemos señalado que tenemos dificultades de eficiencia y eficacia en la persecución del lavado de activos. En la evaluación de 2019 –en ese momento yo era fiscal general–, teníamos 50 condenas por lavado de activos, y el cuestionamiento de los organismos internacionales era que eran pocas. Fíjense ahora, que tenemos ocho, cuál es el estado de situación”, subrayó.

Díaz dijo que en la comisión hubo una discusión sobre el umbral del manejo de dinero en efectivo, que ya se había planteado y “es natural que se dé, porque hay diferentes posiciones en ese punto”. Apuntó que se les había consultado sobre cuál es el umbral de manejo de dinero en efectivo en otros países, y en la comisión comentó que la Unión Europea acaba de proponer que en todos los países que la integran el tope sea de 10.000 dólares. “Nosotros estamos proponiendo 40.000 dólares, y hay algunas propuestas de que eso se pueda flexibilizar”, acotó.

“Si todas las funciones del gobierno son prioridad, al final del día, nada es prioridad”

Díaz fue consultado por el proyecto de Ley de Presupuesto, que se empezará a tratar este viernes en la cámara baja. Subrayó que tiene determinados ejes, que son, “claramente en un escenario de ciertas restricciones, plantear con toda y absoluta claridad que es un presupuesto que apunta” a lo que dijeron en la campaña electoral, “a aquellos sectores que son los más excluidos y los más débiles”. Sostuvo que “lo que tiene que ver con la pobreza infantil es un eje central del presupuesto”, así como “la reincorporación de esos niños a las escuelas”.

“Obviamente, no significa que no se vayan a atender otros frentes, pero también tenemos que establecer prioridades. Si todas las funciones del gobierno son prioridad, al final del día, nada es prioridad; por lo tanto, tenemos prioridades claras hacia las que estamos apuntando, y estamos apuntando a una consolidación impositiva que si afecta, afecta a aquellos sectores más pudientes, porque no estamos proponiendo ninguna cuestión impositiva que afecte a los trabajadores. Eso es un dato de la realidad”, sostuvo. Agregó que las iniciativas relacionadas con los impuestos “afectan a otros sectores, y [lo hacen] con un destino específico, que son los sectores más vulnerables”.

Díaz comentó que “ninguno de los ministros quedó conforme con el presupuesto”, ya que “hay una diferencia entre lo que se pidió y lo que se les asignó, y eso comprende a todos los sectores del Estado”. “Si el Poder Ejecutivo enviara en su proyecto de presupuesto todos los reclamos que le plantean todos los organismos, tendríamos un presupuesto que sería prácticamente el doble del actual, absolutamente imposible de sustentar”, explicó. Por último, dijo que “este es un gobierno de izquierda, que prioriza a los más vulnerables”, por lo tanto, “obviamente, habrá sectores que no van a quedar conformes; forma parte de la realidad”.

Tope de transferencias en efectivo: los malos y los buenos

Sobre el tope para las transferencias en efectivo, el senador blanco Javier García, integrante de la Comisión de Hacienda, dijo en una rueda de prensa que “hay que demostrar las cosas científicamente, hay que ver que no sea sólo un discurso”. “Hay que ver qué noticias, qué antecedentes hay de que el aumento del monto generó mayor cantidad de riesgos en lavado de activos. Si está así probado, lo modificaremos, pero no es porque me parece, es porque hay que demostrarlo”, sostuvo.

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana, vicepresidente de la Comisión de Hacienda, dijo a la diaria que el debate con Díaz fue “de excelencia”, pero subrayó que está en contra de “obligar a la bancarización de los movimientos por encima de los 40.000 dólares”. Botana afirmó que eso implica “desdecir un pronunciamiento popular”, dado que el tope actual fue fijado por la ley de urgente consideración, que fue reafirmada en el referéndum de marzo de 2022 (hoy el tope es de aproximadamente 150.000 dólares).

Además, Botana alegó que en Uruguay “mucha gente vive en zonas en donde no hay servicios bancarios”, y esos dineros “reciben tal vez un mejor control que el que se les va a poner, porque los controlan los escribanos, que es mucho más que un banco en este sentido”. El senador blanco dijo que 40.000 dólares “es un poco más que el valor de un terreno: es el valor de un terreno con un rancho en una ciudad del interior”. “Sería un error empezar a gastar recursos materiales y tiempo en controlar a los inocentes y no tenerlo para perseguir a los malos. Después se les escapan los malos porque no tenían con qué, pero se gastaron toda la plata persiguiendo a los buenos”, finalizó.