La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se pronunció este jueves sobre la decisión del gobierno de dar marcha atrás en los cambios implementados al pasaporte uruguayo, tras reparos de algunos países que provocaron inconvenientes a algunos uruguayos a la hora de viajar a esos destinos.

La INDDHH destacó que el cambio incluyó instancias con la anterior y la actual administración, y “permitió avanzar en consensos clave”. Por eso, manifestó que confía que en el Estado uruguayo avanzará “en una revisión normativa y procedimental que, lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad”.

El formato nuevo del pasaporte implementado en abril permitía que los pasaportes de los ciudadanos legales indiquen la ciudadanía y no el lugar de nacimiento, para que coincidiera el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular. Así, el documento reemplazaba el título “Nacionalidad” por el de “Nacionalidad/Ciudadanía”, con el código “URY”, y eliminaba el campo “Lugar de nacimiento”. La INDDHH sostuvo que las modificaciones al campo “Nacionalidad” eran “una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay”.

La institución recordó al gobierno que Uruguay asumió compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos”, ya que “la libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales”.

“Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos”, afirma la institución.

A comienzos de agosto, la asociación civil Somos Todos Uruguayos, que reclamó durante ocho años por el cambio, expresó su consternación por la marcha atrás del gobierno, al entender que “un pasaporte coherente en su confección es aquel donde el código del país emisor coincide con el código que corresponde a la ciudadanía del portador”.

Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad de la INDDHH

Un informe del Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Legal y Nacionalidad de la INDDHH, presentado en abril de 2025 en la sede de la institución, presentó algunas recomendaciones para ofrecer una solución a los “problemas generados a raíz de la interpretación y de las prácticas administrativas que vulneran los derechos de las personas con ciudadanía legal al considerarlas extranjeras”.

El informe explica que “Uruguay es el único país hispanoparlante en el que no todo ciudadano es nacional”. El Estado uruguayo, guiándose por el principio ius solis, entiende que toda persona migrante posee la nacionalidad del país en el que nació y que no puede perder ni renunciar a esta, explica el documento. Asimismo, ya que “muchos Estados no permiten la doble nacionalidad o ciudadanía”, las personas que obtienen la ciudadanía legal “están en riesgo de apatridia por perder la nacionalidad de origen y porque el Estado uruguayo no considera la ciudadanía legal equivalente a la nacionalidad”.

Por otro lado, con el cambio al pasaporte biométrico a finales de 2015 el Estado uruguayo “comenzó a usar exclusivamente el país o territorio de nacimiento de las personas con ciudadanía legal como sustituto de la nacionalidad, aun cuando el individuo no tuviera dicha nacionalidad”. El Grupo de Trabajo da cuenta de que las personas con ciudadanía legal que obtuvieron el pasaporte electrónico con chip “recibieron un documento uruguayo que los identifica como extranjeros, lo que hizo que dichos documentos fueran rechazados por las máquinas de los sistemas de migración en los aeropuertos del mundo”.

En ese sentido, la primera recomendación del Grupo de Trabajo fue que se modificara la información que se coloca en el campo “Nacionalidad”, lo que permitiría una solución “rápida y económica” al problema de los pasaportes rechazados por las máquinas lectoras, y “resolvería el inconveniente de que el documento de identidad no exprese que la persona que la porta es uruguaya”, “aunque no implicaría que los ciudadanos legales sean definidos como nacionales”, advierte.

Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo incluyen la aprobación de leyes que establezcan “que la ciudadanía legal equivale a la naturalización y que esta incluya a los menores de edad, o que se defina la nacionalidad uruguaya”.