A pocas horas de que se termine el plazo establecido, el Poder Ejecutivo finalmente entregó al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto para el período 2025-2029. En el área de políticas sociales, en particular, los recursos asignados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “se concentran en áreas de transferencias monetarias, calle, asistentes personales, discapacidad, salud mental, personas liberadas y violencia basada en género y trata”, sintetiza la exposición de motivos.

En esa línea, establece prioridades enmarcadas en cuatro lineamientos estratégicos: “Fortalecer las acciones orientadas a la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como de sus entornos familiares y comunitarios, contribuyendo a la disminución de la pobreza y la segregación”; desarrollar “medidas de asistencia y promoción social dirigidas a poblaciones en situación de emergencia o alta vulnerabilidad”; “promover el desarrollo comunitario, favoreciendo espacios de integración y convivencia, reconociendo a los actores colectivos y estimulando la participación ciudadana de manera sostenida”; y “consolidar avances hacia una sociedad del cuidado, fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados [SNIC] como componente de la protección social”.

Cuidados y discapacidad

Tal como había anunciado el gobierno, el Presupuesto materializa la separación de las secretarías de Cuidados y Discapacidad, que habían sido fusionadas en la anterior administración. En concreto, crea dos unidades ejecutoras: una para la Secretaría Nacional de Cuidados y otra para el Instituto Nacional de Discapacidad, con sus respectivos directores, equipos y recursos materiales.

En términos numéricos, y como adelantó esta semana a la diaria la secretaria de Cuidados y Discapacidad, Susana Muñiz, gran parte de los incrementos en cuidados estarán destinados a ampliar la cobertura del servicio de asistentes personales para personas con dependencia severa. La propuesta es destinar una partida anual de 40 millones de pesos para 2026 y de 80 millones de pesos a partir de 2027. En tanto, con el fin de fortalecer las políticas de discapacidad, el proyecto plantea una partida de 20 millones de pesos para 2026 y una partida anual de 30 treinta millones a partir de 2027.

Bono Crianza y canasta menstrual

La propuesta presupuestal para el Mides plantea un incremento de la partida destinada al Bono Crianza, una transferencia monetaria destinada a familias beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) en las que residen mujeres embarazadas y niños de cero a tres años. Así, se propone un aumento diferenciado según el nivel de vulnerabilidad: para los hogares con TUS doble (aquellos con mayores niveles de vulnerabilidad), se prevé un aumento de 50% del Bono Crianza, alcanzando 3.339 pesos mensuales por persona beneficiaria a partir de 2026, mientras que para familias con TUS simple el incremento será de 25% en 2026 y 2027 (2.783 pesos mensuales por beneficiario) y de 50% para 2028 y 2029. Actualmente, el beneficio asciende a 2.226 pesos mensuales por niño, y alcanza aproximadamente a 30.000 personas, señala la exposición de motivos.

Por otra parte, el Presupuesto establece una prestación monetaria para la adquisición de productos de higiene menstrual, dirigida a personas menstruantes de entre 12 y 50 años de hogares beneficiarios de la TUS. Según detalla el documento del Poder Ejecutivo, la política alcanzará a unas 141.000 personas y tendrá un valor anual de 1.200 pesos que se efectivizará a través de la plataforma Tuapp. La propuesta prevé “iniciar en 2026 con la población beneficiaria de hogares que perciben TUS doble, abarcando alrededor de 80.000 personas, avanzando progresivamente hasta lograr la cobertura de todos los hogares beneficiarios de la TUS en 2029”. Se propone destinar 96 millones de pesos en 2026; 98 millones en 2027; 100 millones en 2028; y 181 millones en 2029, según detalla el artículo 451 de la ley.

Esta propuesta va en línea con lo que establece el proyecto de ley de canasta higiénica menstrual que se aprobó en setiembre del año pasado, a impulso de la entonces diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló.

Violencia de género

El Presupuesto habilita los “créditos presupuestales necesarios” para la “ampliación de la atención profesional a mujeres, apertura de servicios especializados, incorporación de equipos estatales, adecuación de infraestructura y funcionamiento sostenido del Portal de Ingreso a los Servicios de Atención a Mujeres en situación de violencia basada en género” que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Con ese fin, destina una partida anual de 30 millones de pesos para profesionales y técnicos que trabajan en esos servicios de atención a mujeres en situación de violencia y trata.

Además, el proyecto presupuestario hace modificaciones al artículo de la Ley 19.580 que establece la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. El Presupuesto del gobierno pasado dejó el observatorio a cargo de una “comisión interinstitucional honoraria” y bajo la órbita de Inmujeres –antes la presidía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto–, y eliminó la representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) para establecer que “la comisión podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra la violencia basada en género”.

La nueva Ley de Presupuesto establece que el observatorio estará a cargo de una comisión interinstitucional conformada por el Mides, que la presidirá, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la RUCVDS, y seguirá funcionando en la órbita de Inmujeres.

Personas en situación de calle y liberadas

El Presupuesto propone créditos incrementales para “fortalecer de forma integral los dispositivos de atención para personas en situación de calle”. En ese sentido, establece la asignación de 22 millones y medio de pesos para 2026 y poco menos de 24 millones de pesos, por año, a partir de 2027. Esto coincide con lo anunciado la semana pasada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando adelantó que el 10% del espacio fiscal, que para 2029 alcanzará 240 millones de pesos, estaría destinado a situación de calle.

Los dispositivos de atención a personas en situación de calle abarcan aquellos que forman parte del Programa Calle, que brinda acogida y asistencia nocturna a personas adultas, y los centros del programa Puertas Abiertas, que el gobierno puso en marcha en junio de este año, los cuales funcionan entre las 18.00 y las 22.00 y ofrecen “un entorno de espera seguro previo al ingreso a los refugios nocturnos con un abordaje psicosocial y sanitario, favoreciendo la captación y derivación de personas en situación de calle”, recuerda la exposición de motivos.

A su vez, se asigna una partida anual de 18 millones de pesos al “fortalecimiento de la reinserción social de personas liberadas”, con el objetivo de “disponibilizar recursos para desarrollar dispositivos y actividades socioculturales, deportivas y comunitarias”.

Salud mental

El Poder Ejecutivo propone por un lado fortalecer la implementación de la Ley de Salud Mental, para lo que destinará una partida de 40 millones de pesos para 2026 y una partida anual de 50 millones de pesos a partir de 2027, con el objetivo de “desarrollar nuevas iniciativas de atención de la salud mental y los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas para personas con alta vulnerabilidad social”.

Por otro lado, se define una partida de diez millones de pesos para 2026 y una partida anual de 23 millones de pesos a partir de 2027 destinadas a “fortalecer y expandir el programa ‘Ni Silencio Ni Tabú’”, orientado al bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años.