Al margen de las innovaciones impositivas, como el impuesto mínimo a la renta global, el equipo económico incluyó en el presupuesto quinquenal un artículo —el 635— que modifica la normativa vigente en torno al secreto bancario. En concreto, en el proyecto de ley se plantea que, “en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un estado extranjero”, la Dirección General Impositiva (DGI) podrá requerir información a las entidades financieras sobre cuentas, productos, servicios y cualquier operación relativa a personas físicas y jurídicas.

Estos datos, según establece el artículo 635, serán solicitados a través del Banco Central “mediante resolución fundada del director general de Rentas”, es decir, el titular de la DGI. Asimismo, se dispone que, sin autorización judicial, la DGI “podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.

En entrevista con el programa Nada que perder de radio M24, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció este lunes que no fue la mejor redacción. “Yo soy consciente de que, como está redactado, quizás pueda generar algunas dudas; capaz que hay que mejorar la redacción del artículo, porque lo que pretendemos nosotros es que, si hay presunción de evasión, darle las mejores herramientas a la DGI, con las garantías a los ciudadanos que tenemos que tener”, afirmó.

Sánchez subrayó que el gobierno no pretende autorizar al titular de la DGI a “mirar mis cuentas ni las tuyas porque tiene ganas”. En ese sentido, sostuvo: “Hay que tener mucho cuidado”.

El artículo 635 fue cuestionado por varios legisladores de la oposición cuando el equipo económico compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda para defender el proyecto presupuestal. “¿Cree el Ministerio de Economía que no se afecta un derecho de raigambre constitucional, como es el derecho a la intimidad de las personas, si la DGI directamente y sin intervención de un juez puede conocer todos los movimientos de las cuentas de las personas?”, preguntó, por ejemplo, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala afirmó que, con la redacción actual, “le estamos dando un poder absolutamente indiscriminado al director general de Rentas”, quien “por sí y ante sí podrá pedir en cualquier momento, con relación a cualquier contribuyente, la información que se le ocurra”.

Sánchez dijo que los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo “hay que mejorarlos”, porque “hay que tener mucho cuidado cuando le das poder a la administración”. De todos modos, cuestionó la postura de la oposición. “No es que lo que está arriba de la mesa es que se van a abrir las cuentas de todos nosotros y que vamos a estar en una especie de Gran Hermano”, afirmó.

El secretario de Presidencia enfatizó que para levantar el secreto bancario “tiene que haber razones fundadas”, como una solicitud de una administración tributaria extranjera o “una presunción importante de evasión”. “No hay persecución al contribuyente; en todo caso, hay persecución a la evasión, porque en realidad el peor impuesto es el que no se paga”, afirmó.