El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) se reunió este miércoles y resolvió rescindir el contrato de concesión que la empresa logística Lobraus había concretado en 2016 para operar por 30 años en el puerto de Montevideo, según la resolución a la que accedió la diaria.
La ANP ya tenía previsto determinar la rescisión con anterioridad al encuentro, de acuerdo a lo que informó el martes Búsqueda. Previamente se había dispuesto una intimación a la compañía a finales de octubre del año pasado, cuando constataron al 23 de octubre deudas impagas al organismo por 448.949 dólares y 2.340.158 de pesos. También se había resuelto la suspensión de la empresa como operador portuario, y en diciembre la Dirección Nacional de Aduanas la inhabilitó, confirmaron fuentes de la ANP.
El documento expresa que la decisión de anular el contrato se debe por “incumplimiento del concesionario”, y agrega que la rescisión será “sin derecho a indemnización alguna y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las demás acciones que por derecho corresponden”.
La resolución fue aprobada por los votos oficialistas del presidente de la ANP, Pablo Genta, y el vicepresidente, Constante Mendiondo. El director por la oposición, Jorge Gandini, no participó de la instancia al encontrarse en un proceso judicial con la empresa.
El Tribunal de Cuentas intervendrá en la decisión, para que sea elevada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y posteriormente aprobada por el Poder Ejecutivo, quien definirá la determinación final. Luego se hará la notificación a la compañía.
La rescisión proviene de un proceso que inició la administración anterior, una resolución que estaba pendiente desde enero de 2025, con un expediente que encargaba al próximo directorio dedicarse al proceso, informaron fuentes del organismo.
La concesión de Lobraus implicaba la construcción de una torre de 21 pisos y un depósito portuario hasta 2046. En 2018 se había modificado el contrato, con la entrega de una nueva área. Para 2019 se aprobaron las autorizaciones para el inicio de obras, con un plazo que no podía superar tres años, dispuesto por la normativa.
Pasado el período, empezaron a detectar irregularidades en el cumplimiento del contrato, lo que se debió a proceder a multas e intimaciones, para que la compañía se hiciera cargo de las obras.
Según supo la diaria, sólo se había construido un depósito de la mitad del tamaño que se había pactado, lo dividieron en dos fases, realizaron la fase uno, pero la fase dos no fue edificada. La empresa utilizaba sólo el depósito cerrado y un área abierta en la que debería estar el segundo depósito, más allá que tienen un sector para construir la torre, que no fue realizada.
La ANP en setiembre del año pasado retomó el proceso para la rescisión; en diciembre otorgó una financiación de las deudas en dos oportunidades, pero la empresa incumplió con ella y las intimaciones.
Proceso judicial entre Gandini y Lobraus
Lobraus presentó una denuncia civil y penal al director Gandini por calificar a la empresa como “un deudor contumaz, serial”, en declaraciones a El Observador en setiembre del año pasado, y que entienden que le generaron un daño patrimonial.
Posteriormente se realizó una audiencia de conciliación a finales de octubre, pero el reclamo de la empresa fue rechazado por el director de la ANP.
Según consignó la diaria, la primera audiencia en el ámbito civil será el 16 de febrero. En el caso de la denuncia penal aún no tiene fiscalía asignada.
Asimismo, la compañía realizó en diciembre una demanda civil contra la ANP por 50 millones de dólares, debido a las resoluciones que ha tomado el directorio y que también perciben un daño patrimonial. En este sentido, tampoco ha tenido avances.
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