En la mañana de este martes, tres días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria para “considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela”, que culminaron con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes serán juzgados en Nueva York por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

En la sesión, que tuvo lugar en el salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA, en Washington, el representante uruguayo ante el organismo internacional, Edison Lanza, señaló en primer lugar que el gobierno de Uruguay, encabezado por Yamandú Orsi, “ha seguido con profunda atención y seria preocupación los hechos ocurridos en Venezuela, incluyendo la operación militar de la madrugada del 3 de enero”.

El sábado, horas después de la agresión militar a Venezuela ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, Orsi rechazó la “intervención militar” y abogó por la “búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, rechazó “la intervención militar de un país en territorio de otro” y reafirmó “la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Posteriormente, el gobierno uruguayo suscribió una declaración conjunta de Brasil, Colombia, Chile, México y España en la que, entre otras cosas, se expresa preocupación frente a “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, algo que “resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

“La situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas”

Durante su intervención en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, Lanza reiteró el “firme apego” de Uruguay a “los principios fundamentales del derecho internacional”, en particular, “a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados”.

Asimismo, el representante uruguayo puntualizó que el gobierno de Orsi ha mantenido una postura “clara y reiterada” con respecto al “no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales en Venezuela del 28 de julio de 2024”, así como también sobre “la existencia de graves violaciones a los derechos humanos constatadas en ese país por organismos internacionales”.

“Sin perjuicio de ello”, Lanza manifestó en nombre del gobierno uruguayo: “No podemos dejar de señalar una flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA”. En concreto, el diplomático mencionó el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo numeral cuarto establece que, “en sus relaciones internacionales”, los países “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Durante su intervención, que duró aproximadamente cinco minutos, Lanza en ningún momento mencionó directamente al gobierno de Estados Unidos ni a su presidente.

“Fiel a su tradición pacifista y defensor del Estado de derecho a nivel nacional e internacional, Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y la seguridad internacional, ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional”, resaltó el representante de Uruguay en la OEA.

En ese sentido, Lanza reafirmó “el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz”, la cual, sostuvo, fue “construida sobre el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, principios que han sido históricamente un patrimonio común de nuestra región”.

El diplomático señaló que para el gobierno uruguayo “la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela”.

Lanza también abogó en su discurso por “una transición política pacífica que restablezca la democracia” en Venezuela y que garantice “la protección de los derechos humanos, incluyendo la libertad de todos los presos políticos”.

Por último, el representante uruguayo expresó: “Con la anuencia de los venezolanos, Uruguay entiende que la OEA tiene el marco jurídico y las capacidades institucionales para ofrecer su cooperación y sumarse a los esfuerzos para una transición democrática con respeto a los derechos humanos. En ese marco, Uruguay reafirma toda su disposición a colaborar en todos los esfuerzos regionales y multilaterales que apunten a una solución pacífica conforme al derecho internacional y a la voluntad del pueblo venezolano”.