Este martes, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió nuevamente el debate sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Durante la sesión, la embajadora de Uruguay en Naciones Unidas, Laura Dupuy, en representación del Grupo de los 77 y China –que Uruguay preside–, exigió “el levantamiento inmediato, completo e incondicional del embargo, incluidas todas las medidas con efectos extraterritoriales”.
“El grupo lamenta que el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas siga plenamente vigente y continúe aplicándose”, afirmó Dupuy. Señaló que el reforzamiento del bloqueo por parte del gobierno de Donald Trump “representa el principal obstáculo para el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países”.
Consideró que las nuevas medidas de Trump, como las “destinadas a obstaculizar el suministro de petróleo al país y la imposición de sanciones a terceros Estados que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba”, tienen “claros efectos extraterritoriales” y “son contrarias al propósito y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, al tiempo que “socavan el multilateralismo, la cooperación económica internacional y un sistema comercial multilateral basado en normas”. El grupo se manifestó “profundamente preocupado por las graves consecuencias humanitarias y para el desarrollo que tienen actualmente en Cuba las restricciones que afectan el acceso al suministro de energía”.
La embajadora también expresó la preocupación del grupo por “la ampliación del carácter extraterritorial del embargo contra Cuba, en particular mediante la aplicación plena del título III de la ley Helms-Burton”. La cláusula permite que cualquier ciudadano estadounidense afectado por expropiaciones del gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959 interponga acciones ante los tribunales estadounidenses contra quienes “trafiquen” con dichas propiedades. “La aplicación de esta ley constituye una clara violación de la libertad de comercio entre las naciones, debido a su propósito intimidatorio de sancionar cualquier transacción comercial o de inversión entre cualquier país y Cuba”, afirmó.
Dupuy cuestionó el efecto “disuasivo en términos económicos” de la “persecución de las transacciones financieras cubanas en jurisdicciones de terceros países”. “La limitada inversión extranjera y la dificultad de acceso a créditos para el desarrollo se traducen directamente en dificultades económicas y sufrimiento humanitario para el pueblo de Cuba”, sostuvo. Por otro lado, el grupo también instó a que se retire “de inmediato” a Cuba de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de países patrocinadores de terrorismo. “Todo lo que sabemos de Cuba es amistad y solidaridad. No sabemos nada sobre terrorismo”, afirmó Dupuy.
Señaló que la inclusión de Cuba en la lista “no solo representa un daño a su reputación, sino que también constituye uno de los elementos fundamentales para el refuerzo del embargo”, ya que, debido a esta clasificación, “a Cuba le ha resultado extremadamente difícil realizar operaciones bancarias internacionales, ya sea a nivel estatal, de empresas privadas o de empresarios privados, lo que genera condiciones sumamente perjudiciales para el desarrollo y el bienestar de la población cubana”.
Por último, el grupo recordó la obligación de los Estados “de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. En ese sentido, llamó a que “todas las controversias se resuelvan por medios pacíficos y mediante el diálogo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.
La Asamblea General ha rechazado en 33 ocasiones el bloqueo a Cuba y este miércoles volverá a votar sobre el tema. La primera jornada de debate estuvo marcada por el cruce entre el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, durante la intervención de este último. Cuando Waltz afirmó que el expresidente Fidel Castro envió a “miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración”, la delegación cubana lo interrumpió con golpes a la mesa para solicitar una moción de orden. Rodríguez Parrilla, que hablará en la sesión de este miércoles, acusó a Waltz de mentir “de manera grosera y prepotente” y “faltar a la dignidad” de la asamblea.