El proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida a estudio de la Cámara de Hacienda de Diputados contiene una serie de disposiciones vinculadas al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Estas implican adecuaciones institucionales y cambios a la ley de creación del instituto.
Según explicó el presidente del INIA, Miguel Sierra, cuando asistió a la comisión el 12 de noviembre, el articulado incluye tres iniciativas. En primer lugar, viabilizar la participación de INIA en proyectos asociativos; en segundo lugar, habilitar la posibilidad de crear sociedades comerciales; y finalmente, establecer un régimen acotado de participación del personal de INIA en empresas de base tecnológica con autorización previa de la Junta Directiva del instituto.
Estos artículos fueron votados por unanimidad en el Senado. Sin embargo, durante el trámite parlamentario en Diputados, algunas organizaciones vinculadas al instituto plantearon reparos a las disposiciones.
Por ejemplo, la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA (Apuinia) concurrió a comisión a fines de octubre y cuestionó varios de los puntos dispuestos en la iniciativa. En particular, el artículo 214, que habilita al instituto a “crear, adquirir y/o integrar sociedades comerciales, participar en consorcios y/o en fideicomisos u otros instrumentos a los efectos de promover, generar o transferir tecnología aplicada al sector agropecuario, alimentario y bioeconomía”. Los profesionales entienden que de esta forma se convierte al INIA “en inversor de capital de riesgo” y esto “distorsiona sus fines naturales y expone el patrimonio de los productores a contingencias del mercado empresarial”. También criticaron el artículo 215, que faculta a la junta directiva del INIA a “adquirir, integrar, administrar y mantener acciones de empresas privadas”.
Algunas de las gremiales que integran la Junta Directiva del INIA (Asociación Rural, Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural -CNFR-, Cooperativas Agrarias Federadas -CAF- y Fucrea) también expresaron sus reparos.
Este jueves, la Junta, integrada también por delegados del Poder Ejecutivo, dio a conocer su posición oficial sobre el proyecto. En un comunicado, reconoce que existen “preocupaciones legítimas” sobre el “posible impacto” de las disposiciones del proyecto sobre “la misión pública, la independencia técnica, la reputación institucional y las prioridades del Instituto”, y que esas preocupaciones “no deben minimizarse”.
Luego sostiene que la articulación público-privada “es originaria de la propia ley del INIA”, y por tanto, “el debate no debería centrarse en si el INIA puede vincularse con el sector privado, sino en cómo deben gobernarse esas relaciones para que fortalezcan, y no debiliten, su misión pública”. “El principio rector debe ser claro: el objetivo del INIA no es maximizar ingresos comerciales, sino maximizar el valor público del conocimiento y de las tecnologías que genera”, señala.
La utilización de instrumentos como los establecidos en el proyecto, por lo tanto, debería cumplir con “condiciones básicas” como “distribuir equitativamente los beneficios”, “gestionar de forma transparente los conflictos de interés” y “proteger una agenda estratégica de investigación no comercial”.
Finalmente, el INIA indica que “valora la propuesta de disponer de mayor tiempo” para analizar las disposiciones del proyecto, y acompaña que se analicen “en una instancia legislativa propia”. “El propósito es contar con más tiempo para analizar los instrumentos propuestos y construir acuerdos con un respaldo amplio y plural”, explica.
En el documento se informa que algunas gremiales representadas en la Junta Directiva (concretamente Fucrea, CNFR y CAF) “comunicaron que aún no cuentan con acuerdos unánimes para apoyar las iniciativas y plantearon la conveniencia de disponer de más tiempo para su evaluación y reflexión”.
“La Junta Directiva es consciente de que, en el escenario actual, podrían existir mayorías suficientes para avanzar con la aprobación de las disposiciones propuestas. Sin embargo, entiende que la sostenibilidad del Instituto no se asegura con mayorías circunstanciales, sino con el respaldo de amplias mayorías”, agrega. “Si Diputados resuelve el desglose, las disposiciones específicas de INIA podrán retomarse mediante un proyecto de ley propio o en el marco de la próxima Rendición de Cuentas”, indica.
Más allá de esta postura, el INIA remarca que “mantiene el impulso de las propuestas y sus fundamentos”, teniendo en cuenta que el instituto “tiene dificultades para capturar y reinvertir su valor en el sistema”. Y se propone “lograr un consenso previo al 30 de junio de 2027, ya sea para promover las disposiciones específicas de INIA mediante un proyecto de ley propio o en el marco de la próxima ley de rendición de cuentas”.
Sierra dijo a la diaria que la Junta Directiva del INIA pidió ser recibida nuevamente por la Comisión de Hacienda para comunicarles a los diputados su postura favorable a quitar los artículos en cuestión del proyecto de competitividad.
