“Estamos ante maniobras políticas que quieren empañar gestiones exitosas como la del gobierno de [Luis] Lacalle Pou, pero a su vez quieren ocultar el no cumplimiento en diferentes políticas”, afirmó la presidenta ad hoc del Directorio del Partido Nacional (PN), María de Lima, al término de la reunión del organismo este lunes.

En el encuentro se habló de la situación del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), de la investigadora parlamentaria sobre las patrulleras oceánicas y de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) vinculadas al acuerdo del Estado con Katoen Natie por la Terminal de Contenedores. Por este motivo, asistieron al directorio el exprosecretario de Presidencia del gobierno de Lacalle Pou Rodrigo Ferrés, el expresidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo, el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber y el exsubsecretario de esa cartera Juan José Olaizola. De Lima se refirió a ellos como cuatro “compañeros” que fueron “denunciados y calumniados” por este tema.

Además, sentenció que el gobierno quiere construir un “relato a medias” y destacó que las sentencias del TCA prueban que el contrato del puerto “era totalmente legal”. Sostuvo que con estas acciones el oficialismo busca “tapar incumplimientos” de sus promesas de campaña, concretamente “el aumento de impuestos, el no cumplir con los bonos de educación para todos los niños que van a la educación pública” y la situación en el INJU (ver recuadro).

En tanto, Heber destacó que el directorio “se alegra de que la política portuaria de nuestro gobierno sigue más firme que nunca y que es la correcta, respaldada por esta sentencia” del TCA. “La situación es que el Partido Nacional fue acusado penalmente en dos instancias, en donde dos fiscales dijeron que no había habido ningún delito. Y después, por unanimidad, el TCA ha ratificado que lo que se hizo fue ajustado a derecho”, resaltó.

Por otra parte, Heber dijo que hay “tres ejemplos” que muestran que hay “intencionalidad política atrás de todo el tema Cardama por parte del gobierno”. En primer lugar, mencionó “la confesión de la ministra de Defensa [Sandra Lazo], que dijo en el Parlamento y en forma pública que la decisión [de rescindir el contrato con Cardama] es una decisión política, no jurídica”. En segundo lugar, la voluntad del Frente Amplio (FA) de “frustrar”, según señaló, la comisión investigadora por este tema en la Cámara de Diputados.

“En el mismo momento en que los diputados estaban presentando la comisión investigadora, se presenta por parte del FA una comisión investigadora con los mismos fines en el Senado de la República. Estábamos frente a la ridiculez insólita en el Parlamento de que hubiera en cada una de las cámaras dos comisiones investigadoras para lo mismo. Al final terminó una transacción a una comisión investigadora en la Asamblea General, pero quien frustró la comisión investigadora en la Cámara de Diputados por razones políticas fue el FA al proponer la comisión investigadora en el Senado”, cuestionó.

En tercer lugar, señaló el “ataque inmundo” que recibió el senador y exministro de Defensa Javier García por parte de la senadora frenteamplista suplente Lilián Abracinskas, en relación con el incremento patrimonial que registró en sus declaraciones juradas. “Esta situación no se arregla con disculpas. Esto demuestra una intencionalidad muy jorobada, que es omitir información para enchastrar una trayectoria. ¿No hay razones políticas? Sí, claro. Era el que en definitiva tomó la decisión de la compra de las patrulleras oceánicas”, concluyó Heber.

Votación de las investigadoras: actitud “infantil” y “garroneo”

Sobre la comisión investigadora de las patrulleras, que se conforma este lunes en la Asamblea General, Heber aseguró que el PN “nada tiene que ocultar al respecto y no tenemos ningún temor en que se investigue”. “Estamos muy tranquilos de lo que hicieron nuestros ministros, que cuentan con todo el respaldo de nuestro partido, tanto Armando Castaingdebat como Javier García”, insistió, y comentó: “Supongo que el gobierno no tendrá inconveniente en darnos todos los elementos que ahora no tenemos arriba de la mesa”.

En el mismo sentido, el senador Martín Lema, uno de los impulsores de la investigadora, destacó que la intención de su partido es “investigar a fondo”. “Tenemos plena tranquilidad del accionar de los equipos en el período pasado y muchas dudas de por qué se da esta rescisión” del contrato con Cardama, indicó.

Cuestionó en particular que en el proceso de conformación de la comisión investigadora, “el PN tomó la iniciativa y después el FA entró en una carrera infantil para formalizar el pedido antes”, en lo que calificó como un “garroneo político menor”. “También tiene prioridades desordenadas, porque ataca a una empresa en vez de atacar al narcotráfico”, concluyó.

Juventud del PN expresa “preocupación” por “desmantelamiento” de políticas

El Directorio del PN también recibió este lunes a la juventud del PN, que expresó tanto durante el encuentro como mediante una declaración pública, su “profunda preocupación y firme rechazo ante el desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a jóvenes del interior del país, particularmente la eliminación del programa INJU Móvil y el retroceso operativo de otras iniciativas territoriales” implementadas durante el gobierno anterior.

“Cuando un gobierno decide que no vale la pena sostener un programa que apenas representaba una fracción mínima del presupuesto, pero que garantizaba presencia territorial en el interior profundo, no estamos ante un ajuste técnico: estamos ante una decisión de centralización”, sostienen.

La juventud nacionalista también cuestiona el “descenso abrupto” de actividades del programa “Ni Silencio Ni Tabú”, que “pasó de 791 actividades en 2024 a 41 en 2025”. “En un país donde la salud mental juvenil es una prioridad nacional y donde el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes, reducir la presencia territorial en más de un 90% no puede presentarse como una simple ´reorientación estratégica´”, evaluaron.

Finalmente, exigen al INJU que “reconsidere” estas decisiones y “restablezca mecanismos reales de presencia territorial”.