Este miércoles, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, acompañado por el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre la renuncia de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué, luego de que votaran a favor del otorgamiento de una partida mensual de 130.000 pesos para los miembros del directorio, contraviniendo la Ley 20.130, que dispone que los cargos del directorio de la paraestatal sean honorarios.

Junto con Sanguinetti y Rodríguez, votaron a favor los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long; en tanto, el entonces presidente y la vicepresidenta del organismo, Daniel Alza y Virginia Romero, votaron en contra. Con los nuevos delegados del Poder Ejecutivo en el directorio, Milton Cohen y Rodolfo Ferreira Marinho, la CJPPU revisó el tema y la partida fue rechazada por unanimidad, con los votos de Alza, Romero, del director Blauco Rodríguez –quien no había estado presente en la votación anterior–, de Rodríguez Sanguinetti y Long, que cambiaron su voto original, y de Cohen y Ferreira.

En su carta de renuncia, Sanguinetti afirmó que su actuación “se realizó en cumplimiento de un mandato recibido bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa secretaría de Estado”, lo cual fue negado por Castillo. Esa contradicción entre la versión de la exdirectora y el ministro fue uno de los principales cuestionamientos planteados por la oposición en la comisión.

“Respetamos la integridad personal, su formación profesional, su entrega y el trabajo de los dos directores durante todo el período, no tenemos absolutamente nada para cuestionar, pero se equivocan cuando votan una cosa que va contra la ley y, obviamente, tenemos que aceptar la renuncia o pedirles la renuncia”, dijo Castillo en una rueda de prensa, y remarcó: “Hubo un error y se subsanó políticamente el error”.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Otero, quien preside la comisión, señaló, según lo explicado por Castillo, que originalmente el Poder Ejecutivo le solicitó explicaciones a Sanguinetti “y la respuesta que hubo fue la renuncia”, que fue aceptada. En el caso de Rodríguez, “al tener la renuncia de María Noel, se le solicitó a él también que la presentara”.

Las dudas de la oposición en torno a las renuncias de los directores

Para el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, “es claro que la echaron”. En una rueda de prensa sostuvo que la declaración del ministro fue “que ella había renunciado, pero que si no, inmediatamente le iban a pedir la renuncia”. “En definitiva, terminaron echando a una directora que, en su carta de renuncia, dijo que siempre actuó con las directivas del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo no la acompañó, tampoco dijo que mintió, por lo que seguimos con la misma duda que teníamos antes de que viniera [la delegación de] el ministerio”, dijo.

En respuesta, Castillo apuntó que “la sensación que se lleva cada diputado es un problema de ellos, que van a tener que resolver en otro lado”. “A mí me convocan, me hacen unas preguntas, tengo que responder objetivamente con lo que hizo el gobierno. Gustará más o gustará menos políticamente, habremos estado en el acierto o en el error y tendremos que reconocerlo”, señaló el ministro, quien desmintió la afirmación de la exdirectora.

“Nosotros no estamos indicados para dar órdenes concretas [en algo] de lo que no estábamos enterados, además, de qué día se iba a aprobar, qué era lo que se iba a proponer y cuál era la actitud que iban a llevar ante los directores. No recibieron de parte del ministro de Trabajo ninguna orden en ese sentido”, afirmó. Otero dijo que el ministro y Di Doménico fueron “categóricos” en ese punto, en tanto “no hay ninguna prueba física o de comunicado” que confirme que haya habido una directiva del gobierno a Sanguinetti.

El diputado colorado Adrián Juri, vicepresidente de la comisión, señaló a la diaria que el ministro dijo que ni él ni alguno de los directores de la cartera “le había dado instrucciones” a Sanguinetti; sin embargo, “nos quedamos con un sinsabor de saber quién estaba diciendo la verdad o quién estaba mintiendo”. “Yo creo que el ministro fue el que claramente dijo: ‘Yo no di ninguna directiva’, y le creo al ministro, porque no nos va a mentir en el Parlamento de esa forma, en la cara. Pero después, hacia abajo, no sé si algún director, como Di Doménico u otro, dio directivas, porque la renuncia es clara”, sostuvo.

Sobre el fondo de la controversia, la aprobación de una partida mensual para el directorio de la CJPPU, Jisdonian y Juri señalaron que el Poder Ejecutivo, en el marco del proyecto de reforma de la paraestatal, intentó “incluir algún ingreso para los directores, tanto en Diputados como en el Senado, [y] eso se dio vuelta”, dijo el nacionalista. Para Juri, “el lineamiento del ministerio siempre fue pagarles de alguna forma a los directores; ese es el concepto que tiene el Frente Amplio”.

Al respecto, Otero dijo que “quedó clara la posición del gobierno, que es no validar ningún tipo de remuneración” para los directores de la caja. “Primero que es el compromiso, y segundo que está en la ley, así que es bien clara la posición del gobierno en ese sentido”, afirmó.

Oposición cuestiona gestión “estancada en los años 60”

En otro orden, Jisdonian apuntó contra la gestión de la cartera de Trabajo, al entender que “parece estancada en los años 60” y le falta “tener otro tipo de actitud frente a la conflictividad actual y al tipo de trabajos que existen hoy”. El diputado nacionalista dijo que el ministro “tiene un librito que nosotros entendemos que está oxidado”, porque “seguir pretendiendo manejar las relaciones laborales como hace 60 años, claramente, es un error”.

“Estamos ante un Ministerio de Trabajo liderado por el Partido Comunista. Él se considera [Castillo] un comunista. Y, bueno, lo vemos también acoplado al PIT-CNT, que son discursos sesentistas que realmente no innovan mucho”, señaló Juri, quien remarcó que el principal cuestionamiento es que no hay, desde el Ministerio de Trabajo, “ninguna propuesta”.

“Yo actúo con sinceridad y no me ando escondiendo: yo soy de izquierda, soy comunista, integro este gobierno y lo defiendo, no tengo ningún problema”, afirmó Castillo, y dijo que en los “más de 40 años en la actividad sindical, social, política, nunca me quiso todo el mundo, pero tampoco nunca me odiaron tanto”.

Para Otero, la oposición demuestra “que no tiene profundidad y que no tiene análisis” al intentar “parodiar la actuación del gobierno”. “Es una oposición que no trabaja y que ni siquiera sigue la agenda del Ministerio de Trabajo, ni siquiera ve todo el avance que hubo a través de los Consejos de Salarios, con un porcentaje altísimo de acuerdos, y ni siquiera asume que en este primer año de gobierno del Frente Amplio ya hay recuperación salarial”, respondió.

Proyecto de ley para exigir un preaviso ante despidos masivos está “en la etapa de finalización” en el MTSS

Respecto del proyecto de ley en el que está trabajando la cartera para exigir que las empresas informen al MTSS cuando decidan realizar despidos masivos, Castillo dijo que se está “en la etapa de finalización”. “Estamos haciendo unas miradas jurídicas para no errarle en la iniciativa y plantearlo en el Poder Ejecutivo”, donde será el presidente o el Consejo de Ministros en su conjunto quien avale su remisión al Parlamento.

El ministro recordó que la iniciativa busca atender lo dispuesto por el Convenio Internacional del Trabajo 158, “un convenio internacional que se puso en práctica en muchos países y que a nosotros nos darían una herramienta de tener un preaviso antes de que una empresa cierre y se vaya,” para “ver si nosotros encontramos alguna alternativa o que los trabajadores se preparen ante la posibilidad de que queden desocupados”.

“El sindicato está obligado a avisar si va a haber un conflicto, para tomar medidas y evitar que el conflicto se concrete, pero cuando queremos hacer lo mismo con el sector empleador parece que eso es mala palabra”, cuestionó Castillo. Consultado sobre la visión crítica de la oposición hacia el proyecto, respondió: “Los trabajadores y las trabajadoras no son de descarte; eso van a tener que entender algún diputado y algún senador”.