La comisión preinvestigadora del Senado que estudia el proceso de contratación y de rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas aprobó este jueves un informe favorable a la creación de una comisión investigadora sobre el tema. La denuncia por este asunto fue presentada por el senador frenteamplista Sebastián Sabini, quien detalló diversas irregularidades en el proceso de contratación de Cardama que han sido públicas, y pidió analizar los hechos sucedidos desde 2014 hasta la actualidad.
Los dos senadores firmantes del informe aprobado este jueves, los frenteamplistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, recordaron que los tres requisitos reglamentarios exigidos por el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Senadores y la Ley 16.698 para la procedencia de una investigación parlamentaria son la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen, y la oportunidad y procedencia de la investigación. “Valorando la documentación remitida por el miembro denunciante, senador Sebastian Sabini, que incluye informes periciales y comunicaciones del Poder Ejecutivo, se entiende que el ‘Caso Cardama’ no solo cumple con estos requisitos, sino que su esclarecimiento es imperativo para la salvaguarda de la soberanía y la probidad pública”, sostienen.
Viera y Brenta advierten que lo sucedido con Cardama “no se trata meramente de un incumplimiento contractual administrativo, sino de una cadena de irregularidades que han vulnerado la seguridad nacional, el patrimonio del Estado y la credibilidad institucional de la República”. En el caso de la denuncia presentada, agregan, “la seriedad es absoluta y objetiva, sustentada en pruebas documentales, informes periciales de terceros independientes de prestigio mundial y actos administrativos del propio Estado, todos de dominio público”.
Por otra parte, consideran que la investigación de este asunto es “urgente e impostergable debido a la situación procesal, política y administrativa en la que se encuentra el Estado”, de litigio con el astillero español. Concluyen que estamos ante hechos “que pueden comprometer la ética pública, los recursos del Estado y la Defensa Nacional” y, por lo tanto, evalúan como “plenamente procedente, necesaria y urgente la creación de una Comisión Investigadora, a fin de que el Senado de la República cumpla con su deber histórico de esclarecer la verdad, determinar todas las responsabilidades políticas a que hubiere lugar y defender, sin concesiones, el interés superior del país”.
Para Bianchi, la comisión fue “incorrectamente citada”
La senadora nacionalista Graciela Bianchi, que integraba la comisión preinvestigadora en representación de la oposición, anunció en una nota que no asistiría a la reunión del organismo convocada para este jueves a las 17.00 porque fue “incorrectamente citada”, ya que hubo, a su entender, un “incumplimiento de los plazos legales y reglamentarios para sesionar y, lo más grave, desconocimiento del derecho de las minorías a utilizar dichos plazos para poder tener los conocimientos a fondo” para tomar la decisión sobre la instalación de la investigadora.
Bianchi sostiene que la comisión preinvestigadora debería haberse tomado las 48 horas de plazo que tenía para expedirse. En cambio, para el senador frenteamplista Eduardo Brenta, el plazo es de “hasta 48 horas”, y eso no quiere decir que la comisión no pueda expedirse antes de ese plazo, dijo a la diaria. A su vez, sostuvo que al ingresar como un asunto entrado desde una comisión, no requiere mayorías especiales para ser tratado por la Cámara de Senadores, que precisamente se reunirá este viernes a las 17.30 para abordar este asunto.